Diputados aprueban nueva Ley Orgánica de la Armada de México y refuerza atribuciones

Con 344 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, una reforma que redefine las facultades y estructura de la institución naval. La iniciativa presidencial busca fortalecer su papel en el combate a las amenazas marítimas, dotarla de herramientas para la ciberdefensa y la ciberseguridad, y autorizar el uso de inteligencia artificial como apoyo en sus operaciones.

El dictamen, que será enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación, plantea una reorganización interna de los niveles de mando de la Armada. Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del Estado Mayor General por la nueva Jefatura de Operaciones Navales, órgano especializado encargado de concentrar la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones marítimas.

El alto mando, encabezado por el titular de la Secretaría de Marina, contará con tres órganos asesores clave: la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval, los cuales proporcionarán elementos técnicos y estratégicos para la toma de decisiones de alto nivel.

Durante la sesión, el diputado panista Agustín Rodríguez presentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el proceso legislativo había incurrido en violaciones a los plazos establecidos. Criticó la falta de análisis profundo y acusó a la mayoría oficialista de actuar con “prisas e improvisación”, lanzando irónicos comentarios sobre las actividades sociales de legisladores de Morena en los días previos.

En contraste, el morenista y presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss, defendió la iniciativa al señalar que representa un paso hacia la modernización del sector marítimo. “Con su voto a favor reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su Armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”, afirmó el legislador y almirante en retiro.

La nueva ley otorga a la Armada atribuciones directas para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y en altamar, en cumplimiento de tratados internacionales contra delitos en el mar. Asimismo, consolida su papel como Guardia Costera, con facultades para implementar el derecho de visita y persecución, así como coordinar la entrega de presuntos responsables y objetos asegurados ante la autoridad competente, conforme al protocolo naval.

La propuesta también incorpora la participación de la institución en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en la elaboración e implementación de políticas de defensa que instruya el Mando Supremo. De igual forma, prevé el uso de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares y el fortalecimiento de la seguridad marítima nacional.

Otro de los puntos centrales es la colaboración de la Armada con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente, además de su apoyo en tareas de seguridad y protección aeroportuaria, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca que la institución naval mantenga actualizada la política nacional de defensa marítima, asegurando su capacidad de respuesta ante amenazas contemporáneas tanto en el ámbito físico como digital. Con esta nueva legislación, la Armada de México se perfila para asumir un papel más amplio y estratégico en la seguridad del país y en la protección de sus intereses marítimos.

Sheinbaum plantea ampliar atribuciones de la Armada para operar en altamar y ciberespacio

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que redefine las funciones de esta institución naval, incorporando nuevas tareas vinculadas con la persecución en altamar, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial frente a amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta establece que la Armada tendrá la facultad de garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas, actuando por sí o en coordinación con otras autoridades en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, pesca ilegal, tráfico de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.

Entre los puntos centrales del documento destaca la eliminación del párrafo contenido en el inciso II del artículo 2 de la actual ley, en el que se indica que la Armada deberá “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”. El proyecto sustituye esa referencia por un enfoque operativo centrado en la defensa nacional y en la ejecución de políticas de seguridad marítima.

De acuerdo con la iniciativa, la Armada participará en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de conducir operaciones militares dentro del ciberespacio, en colaboración con otras instituciones del Estado. También se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la integridad y estabilidad del país.

El texto enviado por el Ejecutivo precisa que la institución conducirá el control naval del tráfico marítimo, protegerá las zonas marítimas mexicanas y podrá actuar en otras áreas cuando así lo ordene el mando supremo. Además, se le otorgará la atribución de regular y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes.

La reforma también establece que la Armada ejercerá funciones de guardia costera, con capacidad para realizar acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México en materia de combate a actos ilícitos en el mar. En caso de detectar delitos, el personal naval deberá poner a disposición de las autoridades competentes a las personas, objetos o productos relacionados, siguiendo el Protocolo de Actuación del Personal Nacional en Funciones de Guardia Costera.

Asimismo, se le encomienda proteger instalaciones estratégicas y prioritarias del país, tanto por sí misma como en coordinación con otras dependencias, cuando así lo disponga el mando supremo. La propuesta también faculta a la institución para elaborar e implementar políticas de defensa derivadas de las instrucciones presidenciales y disponer del poder naval ante escenarios que amenacen la seguridad nacional.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca actualizar el marco jurídico de la Armada de México para adecuarlo a los nuevos contextos de seguridad marítima, tecnológica y territorial que enfrenta el país.

La ciberseguridad y la inteligencia artificial en México quedan en la incertidumbre

La ciberseguridad y la inteligencia artificial en México quedan en la incertidumbre

En un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad y la inteligencia artificial se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo y la protección de las sociedades modernas. Sin embargo, en México, la legislación en estos ámbitos cruciales ha quedado pendiente, generando preocupación tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. 

Durante la presentación del informe final de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Judith Celina Tánori Córdova, diputada de Morena, admitió con franqueza: “Nos quedamos atrás con las cuestiones humanísticas, sociales y lo plantean muy bien cuando nos dicen que estamos en falta por la cuestión de ciberseguridad. No hay legislación”. Esta declaración pone en evidencia la necesidad urgente de avanzar en un marco normativo que aborde los desafíos tecnológicos del presente.

 

Rocío Hernández Villanueva, también diputada de Morena, subrayó la importancia de la regulación en estos campos emergentes. “Entre las asignaturas pendientes quedan la regulación de la inteligencia artificial, la atención a la ciberseguridad y otros ejes del nuevo paradigma tecnológico”, señaló. Su declaración resalta la necesidad de una aproximación legislativa integral que contemple no solo aspectos técnicos, sino también éticos y legales.

 

El 25 de abril de 2023, Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad. A pesar de su potencial, esta iniciativa ha sufrido múltiples modificaciones debido a cuestionamientos de expertos y la oposición, quedando estancada desde marzo pasado. La falta de avance legislativo ha generado una “congeladora” en términos de progreso, dejando a México en una posición vulnerable frente a amenazas cibernéticas.

 

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la misma comisión, expresó su preocupación en una entrevista reciente: “Se requieren ingredientes de política institucional, de legislación, de revisión institucional y las asignaciones presupuestales para tener, en la parte pública y privada, las soluciones que anticipen este tipo de contingencias”. Romero Hicks enfatizó que la ciberseguridad y el manejo ético y legal de la inteligencia artificial son temas críticos que requieren atención inmediata.

 

Romero Hicks también destacó que en México, “no está suficientemente diagnosticado este tipo de problemáticas y menos con el tratamiento, ya que reiteró que uno de los grandes temas que quedan para futuro es la atención a la ciberseguridad”. Esta falta de diagnóstico y tratamiento adecuado de los riesgos asociados con la tecnología subraya la necesidad de un enfoque legislativo proactivo y bien informado.

 

La falta de una legislación adecuada en ciberseguridad e inteligencia artificial no solo expone al país a riesgos tecnológicos, sino que también refleja un retraso en la adopción de políticas que promuevan el desarrollo seguro y ético de estas tecnologías. Es imperativo que los legisladores mexicanos tomen medidas concretas para abordar estas áreas críticas, asegurando que el país esté preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

 

La legislatura actual tiene la oportunidad de marcar un hito en la historia tecnológica de México, estableciendo un marco legal que proteja a sus ciudadanos y fomente la innovación responsable. La pregunta que queda en el aire es si responderán al llamado o permitirán que estas cuestiones sigan siendo asignaturas pendientes.

 

Cuestiones de Política 

Directorio