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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a actuar con “prudencia” y “sangre fría” ante el nuevo anuncio arancelario realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmó que la próxima semana viajará a Washington para precisar el alcance de las medidas y defender los intereses comerciales de México.

El posicionamiento se dio luego de que Trump reaccionara al fallo de la Supreme Court of the United States, que invalidó los aranceles “recíprocos” y otras tarifas impuestas bajo poderes de emergencia. En respuesta, el mandatario estadounidense anunció un nuevo gravamen global del 10% sustentado en un marco legal distinto y sin requerir aval del Congreso.

Ante este escenario, Ebrard subrayó la necesidad de analizar con precisión el impacto de las nuevas disposiciones. “Lo primero que tenemos que hacer es actuar (…) con sangre fría”, señaló, al explicar que el anuncio de Trump ocurrió prácticamente en paralelo a la resolución judicial, lo que obliga a revisar cómo se instrumentarán las nuevas tarifas y bajo qué fundamentos.

El titular de Economía detalló que establecerá contacto con sus contrapartes en Estados Unidos y que su visita —ya programada— permitirá confirmar con mayor exactitud si las condiciones comerciales para México se mantienen o si habrá ajustes. El objetivo central es contar con claridad jurídica y operativa frente a las modificaciones anunciadas.

Actualmente, el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no paga arancel, recordó Ebrard. Los gravámenes que existen en sectores como vehículos, acero y aluminio responden a fundamentos legales distintos a los aranceles “recíprocos” que estaban en el centro de la discusión invalidada por la Corte.

En paralelo a la defensa comercial, el secretario vinculó el contexto arancelario con la necesidad de fortalecer la capacidad industrial del país. Consideró “sustantivo, crítico, esencial” impulsar la producción nacional de insumos estratégicos, especialmente ante tensiones geopolíticas y cambios en las reglas del comercio internacional.

Entre los sectores clave mencionó a los semiconductores, fundamentales para la industria automotriz, aeronáutica y electrónica. Su desarrollo, explicó, puede traducirse en mayor independencia productiva, empleos mejor remunerados e innovación tecnológica.

Sobre la relación bilateral, Ebrard sostuvo que el pronóstico es “salir adelante” este año, respaldado por el nivel de integración económica entre ambos países en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. México se mantiene como principal exportador hacia Estados Unidos y también como su principal comprador, un dato que, en medio de la coyuntura arancelaria, define el peso estratégico de la relación comercial entre ambas economías.

El diputado Ricardo Monreal presentó este jueves una nueva iniciativa para crear la Ley de Economía Circular, con el objetivo de enfrentar la extracción desmedida de recursos naturales y la creciente acumulación de residuos en el país. Esta propuesta representa su segundo intento en más de seis años por impulsar un marco legal que coloque al medio ambiente en el centro de las políticas públicas. La primera vez ocurrió el 29 de octubre de 2019, cuando, junto con el entonces senador Raúl Bolaños-Cacho, presentó el proyecto para avanzar hacia un modelo que redujera la generación de basura.

En aquella ocasión, Bolaños-Cacho destacó que la iniciativa buscaba “producir menos basura”, una idea que dos años más tarde se tradujo en el dictamen aprobado en lo general con 87 votos a favor y, en lo particular, con 77 votos y tres abstenciones el 17 de noviembre de 2021. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde permaneció sin avance durante la coordinación parlamentaria de Ignacio Mier Velazco. Desde entonces, la propuesta quedó detenida pese al impulso inicial.

Seis años después, Monreal y Bolaños-Cacho regresan al Congreso como diputados, mientras que Mier ahora es uno de los senadores más cercanos al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández. En esta nueva etapa, los impulsores de la iniciativa sostuvieron reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. Como resultado de dichas conversaciones, se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de coordinar los trabajos que dará forma al nuevo sistema de economía circular.

Durante la sesión legislativa, el diputado morenista Antonio Lorenzo Castro presentó el proyecto desde tribuna e invitó a cambiar la visión del país sobre los desechos. Señaló que es momento de “dejar de ver la basura como basura y empezar a verla como recurso”, y destacó que, mientras otras naciones alcanzan tasas de recuperación de materias primas secundarias cercanas al 90%, México continúa “enterrando riqueza”. Castro también agradeció a Monreal por permitirle participar en la elaboración de la iniciativa.

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros expresó que le habría gustado que su bancada participara desde las primeras etapas del proceso, pero aun así se sumó a la propuesta. Asimismo, la diputada del PAN Paola Espinosa presentó una iniciativa paralela enfocada en economía circular y gestión de plásticos, explicando que su objetivo es establecer legalmente que los productos tengan mayor duración y puedan repararse, reutilizarse y reciclarse. Subrayó que el propósito es “pasar del usar y tirar al usar, reusar y volver a aprovechar”.

Espinosa planteó la necesidad de que los tres niveles de gobierno adopten políticas públicas, programas e incentivos fiscales que impulsen prácticas responsables en las empresas, especialmente aquellas que reduzcan sus residuos y opten por materiales reciclables, reutilizables o compostables. Tanto la propuesta de Morena como la presentada por Acción Nacional fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes ante el Senado de la República dos iniciativas que buscan fortalecer la justicia y la protección de la propiedad intelectual en el país.

Ambas propuestas se espera que sean recibidas formalmente por el pleno en su sesión del próximo miércoles, momento en el que las comisiones correspondientes iniciarán su análisis y dictamen.

La primera iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley de Amparo, la legislación que regula el juicio de amparo, una garantía constitucional fundamental que protege los derechos de los ciudadanos frente a actos de autoridad. La propuesta también contempla cambios en el Código Fiscal de la Federación, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.

Entre los ajustes destacados en la propuesta está la inclusión del término “interés legítimo” en los trámites de amparo, además de regular los efectos de la suspensión en casos relacionados con órdenes de aprehensión y actos privativos de libertad. La reforma también establece plazos definidos y sanciones en caso de incumplimiento, además de impulsar la implementación del juicio de amparo digital, para facilitar y modernizar los procedimientos judiciales.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de ampliar la demanda y armonizar las normativas fiscales y administrativas relacionadas con el cobro de créditos fiscales firmes, con el fin de garantizar mayor eficiencia en los procesos y protección a los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con un enfoque especial en la transferencia de tecnología y la protección de patentes y registros. La iniciativa busca simplificar los procesos para acreditar el registro de marcas, permitiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) responder en plazos máximos establecidos respecto a trámites de patentes, registros y publicaciones.

Entre las novedades, se faculta al IMPI para recibir reclamos relacionados con la titularidad de patentes o registros y se regula el uso de inteligencia artificial en todo tipo de creaciones industriales, alineándose con los avances tecnológicos y los tratados internacionales. La propuesta también incluye establecer límites temporales para las respuestas del instituto, con el objetivo de acelerar los procedimientos y facilitar la protección de innovaciones y signos distintivos.

Ambas iniciativas reflejan una voluntad de modernizar y fortalecer el marco legal en áreas clave para el desarrollo del país. Se espera que en la próxima sesión del Senado, las propuestas sean sometidas a análisis y discusión para su eventual aprobación y puesta en marcha, con miras a un sistema más eficiente y justo en materia de justicia constitucional y protección de la propiedad intelectual.

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una reunión estratégica con los demás ministros electos para definir el rumbo que tomará el máximo tribunal del país a partir de su instalación el 1 de septiembre.

En el encuentro, se estableció que los asuntos penales y fiscales recibirán atención prioritaria. Aguilar Ortiz explicó que el objetivo es resolver este tipo de casos dentro de los plazos establecidos por la Constitución, reforzando así la eficacia y el cumplimiento de la ley en materia judicial.

También se abordó la integración de los equipos de trabajo y la distribución de asuntos entre las nuevas ponencias, una tarea clave para el arranque de la nueva etapa de la Corte tras la reciente reestructuración.

Uno de los anuncios más relevantes fue el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, motivado por la desaparición de las dos salas de la SCJN. El nuevo esquema incluirá la emisión de reglamentos internos actualizados, con el objetivo de lograr “sesiones ágiles, eficientes y sustantivas”, según palabras del propio Aguilar Ortiz.

Además, se inició el análisis de los perfiles que integrarán el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que será clave en la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La agenda de los ministros electos para el 1 de septiembre contempla tres actos significativos:

• 16:00 horas: Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando.
  
• 19:30 horas: Toma de protesta ante el Senado de la República.
  
• 22:00 horas: Sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte.
  

La reorganización del trabajo interno, las reformas en la Secretaría General de Acuerdos y la definición de prioridades marcan el inicio de una etapa que busca optimizar el funcionamiento del máximo tribunal. Con estas decisiones, la próxima gestión apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la SCJN y garantizar que las resoluciones judiciales se emitan de forma más ágil y con pleno apego al marco legal.

Una sesión cargada de tensión en el Congreso de Guanajuato culminó con la negativa a despenalizar el aborto en la entidad. El debate, que se extendió por casi tres horas, cerró con una votación que definió la postura del poder legislativo estatal y desató una protesta inmediata dentro del pleno.

En medio de consignas y manifestaciones por parte de colectivos feministas, la sesión marcó un momento clave para la agenda de derechos reproductivos en el estado. La diputada Sandra Alicia Pedroza, integrante de Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo con el resultado y confirmó que su bancada solicitará una alerta de género. “Aquí no acaba nada, aquí empieza todo”, declaró tras la votación.

El tema había quedado pendiente desde la semana pasada, luego de que el dictamen no alcanzara mayoría por un empate entre los votos. La sesión de este jueves retomó el debate con expectativas divididas hasta que una decisión cambió el rumbo.

Durante el desarrollo de la sesión, la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde, anunció que cambiaría su voto anterior para posicionarse en contra de la iniciativa. La declaración provocó una reacción inmediata en la sala, donde integrantes de colectivos feministas lanzaron gritos y calificativos en su contra. “Lo hago con la frente en alto, no soy ninguna vendida, porque cambiar de opinión no es traicionar a nadie, es escuchar, es tomar responsabilidad”, respondió la legisladora en su intervención.

La diputada justificó su cambio de postura con el argumento de que no estaba de acuerdo en convertir el aborto en una política pública que, desde su perspectiva, obligaría al gobierno estatal a intervenir directamente en su práctica.

El resultado legislativo mantiene sin modificaciones el marco legal vigente en Guanajuato, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado, a pesar de los criterios nacionales que lo han considerado un derecho constitucional en determinadas circunstancias.

Diversos sectores sociales y legislativos anticipan nuevas acciones en respuesta a la decisión. Desde organizaciones feministas hasta representantes de grupos parlamentarios han reiterado su intención de seguir impulsando cambios que permitan garantizar los derechos reproductivos en la entidad. Mientras tanto, la jornada deja una marca visible en la discusión pública sobre los derechos de las mujeres en el estado.

La sesión se cierra con el eco de una protesta que no termina en el recinto legislativo, sino que promete tomar fuerza en las calles, en los tribunales y en las futuras discusiones del Congreso.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha presentado una iniciativa de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años en el estado. La medida busca proteger a la infancia de los peligros que pueden surgir en plataformas digitales, como el ciberacoso y el acoso sexual. 

Kuri explicó que semanalmente el gobierno estatal atiende un promedio de 36 denuncias de ciberacoso, bullying y abuso en línea, especialmente contra niñas y mujeres jóvenes. En este contexto, la iniciativa propone impedir que las empresas de redes sociales permitan el acceso a menores de 14 años, con el objetivo de reducir estos riesgos.

Además, la propuesta establece que los adolescentes de entre 15 y 17 años solo podrán acceder a redes sociales con autorización expresa de sus padres o tutores. De igual forma, plantea restringir el uso de teléfonos inteligentes en el sistema educativo estatal para fomentar la interacción social en el entorno escolar.

Otra de las medidas destacadas en la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra pederastas y acosadores digitales, reforzando el castigo a quienes cometan delitos en línea contra menores de edad. “Quiero que nuestros niños cambien la pantalla por sus amigos”, declaró el gobernador en su cuenta de X.

El senador local Agustín Dorantes, quien recibió la propuesta, la denominó “Ley Kuri” y agradeció al gobernador por su compromiso con la infancia. Dorantes resaltó que el Senado trabaja en un marco legal que garantice un entorno digital seguro para los menores.

Esta iniciativa ha generado un debate sobre el acceso a la tecnología y la seguridad en línea. Mientras algunos sectores consideran que la regulación ayudará a proteger a los menores, otros argumentan que la educación digital y la supervisión parental son clave para enfrentar estos desafíos. En los próximos meses, el Congreso local analizará la propuesta y determinará su viabilidad para convertirla en ley.