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La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.