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La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, arribó a Ciudad Juárez en medio de abucheos, luego de ser oficialmente despedido de su cargo y abandonar su oficina en la Ciudad de México tras casi 100 horas atrincherado.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad fronteriza, decenas de personas lo recibieron con pancartas y consignas como “los libros no son tuyos”. Sin detenerse a ofrecer declaraciones a los medios, el exfuncionario abordó un vehículo negro y se retiró del lugar.

Horas antes, desde la capital del país, Arriaga había informado que regresaba a Chihuahua para reincorporarse a su plaza como docente y retomar actividades frente a grupo. No ofreció mayores detalles sobre su salida de la SEP en ese momento.

El martes recibió la notificación oficial de su despido, lo que puso fin a los cuatro días en que permaneció dentro de su oficina. Tras dialogar brevemente con reporteros al salir, se dirigió a la puerta principal llevando consigo un cuadro de Karl Marx, figura emblemática del pensamiento socialista y del movimiento obrero internacional.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la destitución represente una ruptura con el movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando, esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando”, afirmó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se ofreció a Arriaga integrarse a otra área, incluida la posibilidad de representar a México en un país latinoamericano. Según explicó, la propuesta fue rechazada.

Más tarde, el propio Arriaga confirmó en una transmisión en redes sociales que se le planteó ocupar la embajada de Costa Rica, oferta que declinó. “Me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiara; y sí, es verdad, la ofreció y no la quise tomar, porque no iba a traicionar a la base magisterial”, expresó durante el mensaje que inició como protesta.

Con su salida formalizada y su regreso a labores docentes anunciado, el episodio cierra un capítulo marcado por el atrincheramiento en oficinas federales, el rechazo a un cargo diplomático y una recepción dividida en su estado de origen.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó de manera categórica cualquier relación entre Édgar “N”, alias “El Limones”, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), así como con su dirigente Pedro Haces. La aclaración se dio durante una conferencia de prensa en la que el funcionario detalló los avances de una investigación enfocada en actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información presentada, “El Limones” mantenía comunicación y rendía cuentas directamente a una célula criminal identificada como “Los Cabrera”, vinculada al Cártel de Sinaloa y con operaciones en los estados de Durango y Coahuila. García Harfuch precisó que las indagatorias no han encontrado elementos que relacionen los hechos con algún sindicato u organización gremial.

El titular de la Secretaría de Seguridad explicó que el esquema delictivo bajo investigación corresponde a casos de extorsión directa dirigidos contra empresarios y productores agrícolas, así como exigencias ilegales relacionadas con la explotación y control de pozos de agua. Subrayó que, si bien existen múltiples líneas abiertas por diversos delitos, ninguna apunta a una estructura sindical como parte del entramado criminal.

 “Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo que tenemos acreditado es su vínculo con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila, conocida como ‘Los Cabrera’”, expuso García Harfuch al referirse al presunto líder detenido.

Las investigaciones, calificadas como recientes por el propio funcionario, continúan en desarrollo mientras se realizan diligencias complementarias. En este contexto, se confirmó que Édgar “N” ya fue vinculado a proceso, lo que permite a las autoridades avanzar en la judicialización de los casos asociados a su presunta actividad criminal.

La detención de “El Limones” fue informada la semana pasada. Además de los actos de extorsión, se le atribuye participación en delitos como venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas bancarias, estafas y desaparición forzada. El alcance de estas actividades refleja un patrón delictivo diversificado y de alto impacto.

Junto con él, fueron capturadas cinco personas más presuntamente vinculadas a la misma red: Guillermo “N.”, Alexis Mauricio “N.”, Ángel Rodrigo “N.”, Juan José “N.” y José Giancarlo “N.”. Todos enfrentan investigaciones relacionadas con los mismos ilícitos.

Como parte de las acciones financieras, las autoridades procedieron al bloqueo de cuentas pertenecientes a integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se intervinieron tres empresas de distintos giros comerciales que presentaban movimientos financieros atípicos. Según lo informado, estas compañías funcionaban como fachadas para simular pagos de nómina, operaciones de compraventa de vehículos de lujo, manejo de grandes cantidades de efectivo y transferencias bancarias irregulares.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con el objetivo de desarticular por completo la estructura criminal y documentar cada una de las operaciones detectadas.

En el suroriente de Ciudad Juárez, una de las zonas con mayores índices de violencia familiar e inseguridad, fue inaugurado el Centro Libre para las Mujeres, un espacio de atención integral encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El centro se ubica sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, en un sector donde por años vecinas y colectivos solicitaron servicios especializados para atender la violencia de género y fortalecer el tejido social.

Durante el acto inaugural, la presidenta señaló que su llegada al Ejecutivo federal representa un momento significativo para las mujeres del país, al tratarse de un proceso colectivo que busca ampliar derechos y oportunidades. Indicó que este contexto implica una reivindicación no solo de los derechos de las mujeres, sino también de los derechos del conjunto de la población, con énfasis en quienes han sido históricamente excluidas.

Sheinbaum explicó que el Centro Libre para las Mujeres forma parte de una estrategia nacional que incluye políticas como la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y el programa Tejedoras de la Patria. Estos espacios están diseñados para ofrecer atención profesional mediante abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, además de funcionar como puntos de encuentro comunitario y aprendizaje. Señaló que las mujeres pueden acceder a talleres y actividades diversas, como clases de costura, zumba o mecánica, con el objetivo de ampliar conocimientos y habilidades.

En su mensaje, la presidenta abordó el concepto de libertad desde la experiencia de las mujeres, destacando que el cuidado de la familia no implica renunciar a la autonomía personal. Precisó que el nombre de estos centros responde al reconocimiento de las libertades de las mujeres y a la importancia de generar condiciones para su bienestar y desarrollo.

La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, informó que este es el segundo Centro Libre en Ciudad Juárez y que forma parte de un total de 17 proyectados para el estado de Chihuahua, con una inversión de 20 millones de pesos. Detalló que estos espacios integran una red nacional de atención a mujeres en situación de violencia y de impulso a su autonomía económica, emocional y social.

El centro operará con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y brindará servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica, orientación social, talleres de capacitación y actividades comunitarias. De manera permanente contará con una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.

En el marco de la visita presidencial, se desplegó un operativo de seguridad en el aeropuerto, vialidades y puntos incluidos en la agenda oficial. La presidenta también destacó programas sociales dirigidos a mujeres, como la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años en el país.

La apertura del centro ocurre en un contexto donde la violencia familiar mantiene una tendencia estable, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 y datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, con mayor incidencia en colonias como Riberas del Bravo y Senderos de San Isidro.

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

La decisión ha quedado firme: el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023, permanecerá suspendido. Un tribunal de apelaciones ratificó la orden judicial que detiene el procedimiento legal en su contra, consolidando una resolución que había sido emitida previamente por un juez de distrito en el estado de Chihuahua.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, desechó los argumentos presentados para revertir la decisión tomada el 24 de enero pasado. En esa fecha, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal de la entidad determinó viable el recurso legal que congelaba el proceso, con base en la figura del mecanismo alternativo relacionado con la reparación del daño.

Según el proyecto presentado por el tribunal, los recursos de impugnación fueron considerados inoperantes e infundados. El análisis indicó que no existe una oposición jurídicamente fundada respecto a las condiciones de reparación del daño, elemento clave para dar curso a dicha suspensión.

El magistrado Octavio Pineda, al justificar la determinación, recalcó que el caso se relaciona con hechos profundamente trágicos: “No soslayo que se hizo mucho énfasis y es hacerlo notar nuevamente el que este asunto proviene de un asunto de hechos muy lamentables donde 40 personas perdieron la vida”. Sin embargo, también subrayó que el tipo de delito atribuido a Garduño permite aplicar el mecanismo alternativo sin menoscabar la posibilidad de que en otras causas penales relacionadas se siga buscando justicia por la vía de imputaciones más severas.

El incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó una profunda herida social. Las víctimas —provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador— perdieron la vida por asfixia provocada por el humo de un fuego que, según las investigaciones, se extendió por poco más de tres minutos. La Fiscalía General de la República señaló que el incendio fue originado por dos personas de nacionalidad venezolana.

En el proceso judicial que se abrió a raíz del incidente, Garduño fue vinculado por el delito de omisión, al no haber implementado las medidas necesarias que pudieran haber evitado la tragedia. Con esta reciente resolución, el proceso contra el funcionario queda suspendido, mientras que otros implicados continúan enfrentando cargos penales por delitos más graves como el de homicidio.

La determinación judicial marca un giro clave en uno de los casos más impactantes del sistema migratorio mexicano en los últimos años.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunciará una disculpa pública a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este acto se llevará a cabo el próximo 16 de abril, marcando dos años de la tragedia que cobró la vida de 40 personas. 

El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que su administración ha cumplido con las órdenes judiciales emitidas tras el siniestro. No obstante, señaló que la disculpa pública era un pendiente que ahora será atendido.

En respuesta a los señalamientos de malos tratos y falta de indemnización, el comisionado rechazó tales acusaciones y afirmó que se han destinado cerca de 240 millones de pesos en compensaciones, lo que equivale a 3.5 millones para cada afectado directo e indirecto. En los casos pendientes, los recursos han sido resguardados en un fideicomiso.

El INM también informó que, por instrucciones del juez, incluso las personas originarias de Venezuela que provocaron el incendio de manera dolosa han recibido la indemnización correspondiente en el penal donde se encuentran.

Desde los acontecimientos ocurridos en 2023, el gobierno de México ha proporcionado asistencia integral a las víctimas y sus familias mediante diversas instancias federales y estatales.

Este 27 de marzo, organizaciones sociales como el Instituto para las Mujeres en Migración realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes exigieron la disculpa pública y la reparación integral del daño que consideran aún pendiente.

El 16 de abril se llevará a cabo el acto oficial, una acción esperada por las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos

Este lunes, la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue escenario de intensos enfrentamientos armados tras la detención de Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste. Debido a la violencia desatada, el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl cerró sus operaciones y el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. 

El Consulado de EE.UU. informó que recibió reportes de múltiples tiroteos en distintos puntos de la ciudad, por lo que recomendó al personal gubernamental resguardarse. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las autoridades atendieron reportes de detonaciones en la colonia Nueva Era y en la colonia Buena Vista, donde se registraron situaciones de alto riesgo.

Viva Aerobus anunció a través de redes sociales que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por motivos de seguridad y bloqueos en sus inmediaciones. La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, confirmó la cancelación de los vuelos programados y anunció que serán reprogramados para el martes 4 de febrero.

“El Ricky” tenía dos órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, así como por daños calificados, privación de la libertad y homicidio calificado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo identificó como el segundo hombre más importante dentro del grupo criminal, solo por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias “Juanito Treviño”.

Ante los hechos de violencia, la alcaldesa de Nuevo Laredo exhortó a los ciudadanos a no salir de sus casas y mantenerse resguardados hasta que la situación se normalice. Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos de seguridad para restablecer el orden en la ciudad.