Sin agua ni servicios: Habitantes logra amparo y la SCJN ordena suministro diario

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

“La Tuta” intenta frenar su salida de México y prende las alertas legales

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

 

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

 

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

 

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

 

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

 

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.