El Senado de la República aprobó la “Ley de Transparencia para el Pueblo”, con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM. La iniciativa establece nuevas reglas de acceso a la información pública y protección de datos personales, eliminando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con 71 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena lograron la aprobación del dictamen en lo general. Sin embargo, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la mayoría del PRI no asistió a la sesión por estar en los festejos del 96 aniversario de su partido. En lo particular, la votación cerró con 67 votos a favor.
El dictamen contempla la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que sustituirá al actual Sistema Nacional de Transparencia. Además, se establece el nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará del acceso a la información del Poder Ejecutivo. Otros organismos autónomos continuarán gestionando su propia información.
Para impugnar respuestas a solicitudes de información, se establece que los ciudadanos podrán recurrir al juicio de amparo, el cual será atendido por jueces y tribunales especializados designados por el Poder Judicial de la Federación.
Un punto de controversia es la exclusión de diversas entidades de seguridad de los comités de transparencia. La atribución de acceso a la información de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional quedará bajo la autoridad directa de sus titulares.
En el debate, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera remitido a su comisión para su estudio. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata expresó su preocupación sobre la desaparición del INAI y la concentración de sus facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que esto genera un conflicto de interés, al ser el fiscalizador y el fiscalizado el mismo ente.
El dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación o modificación.