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La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su intención de entablar comunicación directa con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para abordar el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto marcado por recientes posicionamientos públicos de ambos países durante el Foro Económico Mundial de Davos. La mandataria subrayó que el objetivo central de su gobierno es mantener vigente el acuerdo comercial, al considerarlo benéfico para las tres naciones de América del Norte.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que busca conversar tanto con el presidente estadounidense, Donald Trump, como con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para tratar los temas relacionados con las negociaciones del tratado. Reconoció que no ha sostenido una conversación reciente con Carney, aunque precisó que los canales de comunicación permanecen abiertos y que existe disposición para concretar ese diálogo en el corto plazo.

La presidenta destacó que la postura de México es clara: trabajar activamente para evitar una ruptura del acuerdo comercial regional. “Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa (el acuerdo). Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó. En ese sentido, insistió en que el T-MEC continúa siendo una herramienta clave para la integración económica, la estabilidad comercial y el desarrollo conjunto de la región.

Respecto a las diferencias expresadas por Trump y Carney en Davos, Sheinbaum restó importancia a las interpretaciones que apuntan a un enfrentamiento directo entre ambos líderes. Desde su perspectiva, las declaraciones reflejan enfoques distintos frente al escenario internacional, más que un conflicto de fondo. “Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino que sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, señaló.

En el ámbito bilateral con Estados Unidos, la presidenta informó que México mantiene una agenda de trabajo constante que abarca tanto temas comerciales como de seguridad. Como parte de estas gestiones, adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, realizará una visita a territorio estadounidense la próxima semana, con el fin de dar seguimiento a los asuntos relacionados con el intercambio económico y el marco del T-MEC.

Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará impulsando el diálogo con ambos socios comerciales para atender las negociaciones vinculadas al acuerdo. “Vamos a trabajar… vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump, todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, expresó, dejando claro que la prioridad de México es preservar la cooperación trilateral y fortalecer los mecanismos de entendimiento entre los tres países.

Después de varios días de tensión y negociaciones, el Gobierno de la Ciudad de México y los grupos de transportistas finalmente llegaron a un acuerdo: a partir de los próximos días, el costo del transporte público en la modalidad de ruta y corredor aumentará 1.50 pesos. Este ajuste no aplicará al Metrobús, pero sí impactará a miles de usuarios que diariamente se mueven por la capital.

El anuncio se dio tras una reunión de alrededor de cuatro horas en la que las autoridades capitalinas insistieron en mantener un diálogo que permitiera alcanzar acuerdos sin bloqueos ni afectaciones a la ciudad. El incremento llega con una condición clara: los concesionarios y permisionarios deberán mostrar de manera visible las nuevas tarifas en sus unidades, bases y terminales. Si no lo hacen, la actualización no será válida.

El gobierno capitalino también estableció una serie de compromisos que los transportistas deberán cumplir para justificar el aumento. Entre ellos, mantener una licencia tipo “C” vigente y visible, eliminar vidrios polarizados, y contar con un seguro de responsabilidad civil actualizado. Además, cada unidad deberá exhibir su número de placa en la cromática oficial, y someterse a revisiones técnicas periódicas que aseguren el correcto estado de luces, frenos, llantas y puertas.

Otro punto clave del acuerdo es la mejora en la presentación y seguridad del servicio. Los conductores deberán portar uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca), mantener los vehículos limpios y participar en programas de capacitación orientados a ofrecer un trato más profesional a los usuarios. Los dispositivos de seguridad —como cámaras, botones de auxilio y GPS— deberán funcionar correctamente en todas las unidades.

Aunque los representantes de las distintas organizaciones de transportistas reconocieron que el aumento no cubre totalmente sus expectativas, coincidieron en que representa un avance después de años de rezago tarifario. También aseguraron que, con este acuerdo, no se realizarán más bloqueos ni movilizaciones en la capital, al menos por ahora.

Las nuevas tarifas comenzarán a verse en los camiones y microbuses a partir del lunes 3 de noviembre, cuando los transportistas coloquen las papeletas oficiales con los nuevos precios. El compromiso del sector es claro: mejorar el servicio y cumplir con las normas establecidas para ofrecer un transporte más seguro, limpio y eficiente.

El aumento del pasaje no solo significa un ajuste en el bolsillo de los capitalinos, sino también una nueva etapa para el transporte público de la Ciudad de México, en la que la responsabilidad compartida entre autoridades y transportistas será clave para garantizar un servicio digno y confiable para todos.

El gobierno de México mantiene comunicación permanente con los seis connacionales retenidos en Israel cuando se trasladaban en la Flotilla Global Sumud, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia destacó que se brinda asistencia para garantizar sus derechos humanos, incluyendo acceso a comida y agua, mientras se gestiona su salida del país.

A través de la red social X, la Cancillería informó que la Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes para asegurar la salud e integridad física de los mexicanos, así como su acceso a alimentos, agua y medicamentos mientras permanecen en Ktziot.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales que se encuentran en Ktziot”, señaló la dependencia.

La SRE indicó que continúan las gestiones para lograr la salida de Israel de los seis mexicanos en el menor tiempo posible. “De igual forma, la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”, detalló en su comunicado.

La Secretaría recordó que el pasado 1 de octubre el gobierno israelí interceptó embarcaciones que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, que había zarpado desde Barcelona, España, en agosto. La misión transportaba víveres y medicamentos con destino a la Franja de Gaza, en respuesta al bloqueo humanitario impuesto por el gobierno de Benjamín Netanyahu en esa zona.

De acuerdo con la información oficial, México trabaja de manera bilateral y con otros países para encontrar las rutas más seguras y viables que permitan el retorno de sus ciudadanos. La Cancillería ha reiterado que mantiene todas las acciones necesarias para garantizar su salud, integridad y derechos humanos mientras se concretan las negociaciones.

Las gestiones de la SRE incluyen la coordinación con autoridades israelíes y actores internacionales para agilizar los procesos diplomáticos, en un contexto de tensión y restricciones en la región. Con estas acciones, México busca asegurar que los seis connacionales, quienes participaban en una misión humanitaria, puedan regresar al país con seguridad y en condiciones dignas.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, afirmó que las negociaciones con cualquier mandatario extranjero se realizan con el respaldo del pueblo de México. Durante un acto en Manzanillo, Colima, destacó que la cuarta transformación ha devuelto “dignidad y fuerza” a la ciudadanía, y subrayó que el país es “libre, soberano e independiente”.

“Lo que hay en México es mucho pueblo”, declaró, al señalar que pocas naciones pueden mostrar una fuerza social tan constante. El mensaje se dio después de sostener diversos encuentros internacionales, entre ellos con el presidente estadounidense Donald Trump.

En la entrada al puerto y ciudad de Manzanillo, la mandataria dio el banderazo a obras de puentes vehiculares en Colima, con una inversión de 2 mil millones de pesos. La construcción forma parte de un plan de modernización que busca mejorar la conectividad en la región y fortalecer el funcionamiento del puerto, actualmente el tercero en importancia en el país.

El evento no estuvo exento de protestas. Transportistas hicieron sonar sus claxones en rechazo a los problemas de circulación que han provocado los trabajos en la autopista Armería-Manzanillo, con un avance del 25%, sumados a las complicaciones recientes en la Aduana del puerto. La convocatoria para esta manifestación se difundió por redes sociales y entre grupos de transporte de carga pesada afectados por los retrasos en el movimiento de mercancías.

Sheinbaum aseguró que la ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertirá en el más importante de América Latina. Explicó que la Secretaría de Marina desarrolla la infraestructura inicial y que la operación del segundo puerto se licitará, privilegiando a empresas mexicanas.

En su intervención, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que el desarrollo portuario se realizará bajo un modelo de equilibrio entre progreso económico y conservación ambiental. “La conservación ambiental no es negociable”, sostuvo.

Ante inquietudes de grupos ambientalistas por los posibles impactos en la Laguna de Cuyutlán, un pescador expresó su preocupación por el futuro de su actividad. La presidenta respondió que el proyecto garantiza la inclusión de los pescadores y que no se realizará ninguna obra que los excluya.

En su discurso, Sheinbaum también resaltó la reciente elección de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo calificó como un momento histórico, al ser el primer indígena mixteco en ocupar este cargo desde Benito Juárez, destacando que este hecho solo fue posible gracias al nuevo sistema de elección en el Poder Judicial.

En un momento de atención mediática renovada, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para rechazar públicamente las acusaciones que lo vinculan con presuntos sobornos entregados por empresarios israelíes durante su gobierno. Uno de los temas más sensibles asociados a estos señalamientos es la compra del polémico software Pegasus.

Desde su residencia en España, Peña Nieto aseguró que nunca sostuvo negociaciones ni recibió aportaciones de los empresarios mencionados en el reportaje del medio israelí The Marker. Afirmó tajantemente: “Esta insinuación, completamente carente de sustento alguno, es dolosa para poner en duda mi honorabilidad. Yo no doy línea ni la di nunca”.

En sus declaraciones, el exmandatario subrayó que su papel siempre fue de conducción institucional, sin intervenir directamente en adquisiciones o contratos. Afirmó que se enteró del conflicto entre los empresarios israelíes a través del artículo, lo que lo dejó “sorprendido”. Consideró que el conflicto verdadero es entre esas empresas, y no con el gobierno que él encabezó.

El medio israelí insinuó que esos sobornos podrían estar relacionados con campañas políticas, aunque Peña Nieto rechazó que existan pruebas o fundamentos concretos para sostener dicha hipótesis. Según el expresidente, el reportaje cayó en la especulación, alejándose de una postura objetiva.

Sobre Pegasus, Peña Nieto aclaró que sí existieron servicios contratados con empresas israelíes, pero recordó que ya hubo investigaciones que en su momento esclarecieron el tema. También precisó que esta herramienta tecnológica no fue utilizada para espiar a personas, sino como un recurso de inteligencia para enfrentar al crimen organizado.

“México y todo el mundo se siente espiado, todos creen que alguien está ‘pinchado’ a su teléfono, pero la compra de este servidor fue adquirido por empresas de inteligencia del Estado”, explicó, reconociendo la sensibilidad que genera este tipo de software en la opinión pública.

Durante la entrevista, Peña Nieto también abordó el porqué de su silencio desde que concluyó su mandato. Aseguró que decidió mantenerse al margen de la vida política por respeto a la nueva administración, aunque no dejó de manifestar su disposición a hablar cuando se le invita a opinar sobre lo ocurrido durante su gobierno.

“Yo ya no estoy, no soy responsable, pero mi silencio es por prudencia”, expresó, dejando en claro que, aunque alejado físicamente de México, sigue atento a lo que ocurre en el país que gobernó.

El expresidente, quien reside en España desde 2018, dijo no tener planes inmediatos de regresar, pero confesó sentir nostalgia por México, un sentimiento que, según él, podría hacerlo volver en algún momento.

El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México continúa sin señales de resolución tras más de tres semanas de bloqueos. Las negociaciones entre representantes de los trabajadores judiciales y el gobierno capitalino concluyeron nuevamente sin acuerdos concretos. El conflicto, originado por la exigencia de un aumento salarial del 10%, se mantiene firme ante lo que los trabajadores califican como respuestas insuficientes por parte de las autoridades.

Durante la más reciente reunión, celebrada entre miembros de la coalición de trabajadores y el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, no se presentó una propuesta concreta que incluyera porcentajes, montos u obligaciones presupuestales. En su lugar, se ofreció una revisión estructural del presupuesto para encontrar posibles ahorros, lo cual no fue considerado suficiente por los voceros del movimiento.

Ericka Italia Ojeda, portavoz del colectivo, señaló que el documento propuesto por el gobierno no correspondía con la solicitud enviada días antes. Ante más de cien trabajadores reunidos afuera del edificio ubicado en Niños Héroes 119, Ojeda detalló que las autoridades solicitaron firmar el acuerdo este viernes, argumentando que el lunes 23 de junio podrían implementarse medidas para reactivar el funcionamiento del Poder Judicial, incluso sin la participación del movimiento.

Las medidas contempladas incluyen iniciar actividades con personal sindicalizado, decisión que desató críticas de los manifestantes, quienes acusaron a los sindicatos de actuar sin consultar a la base trabajadora. “Ellos van a firmar lo que a ellos les convenga. No han velado por nuestros derechos”, afirmó Ojeda durante un mitin frente al complejo judicial de la colonia Doctores.

Al interior del movimiento también surgieron voces que respaldaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Algunos trabajadores destacaron avances como la instalación de mesas de diálogo, garantías de no represalias y la promesa de un bono comparable con el porcentaje solicitado. Este bono, según testimonios, podría entregarse en diciembre y representaría un beneficio directo para quienes han participado en las protestas.

Sin embargo, el consenso no fue alcanzado. La mayoría decidió mantener el paro y continuar con el bloqueo a partir del lunes a las seis de la mañana. Esta postura fue reforzada por un llamado colectivo a preservar la unidad y sostener la presión hasta lograr una propuesta con garantías firmes.

Por parte del gobierno, el subsecretario Juan José García Ochoa confirmó que la expectativa oficial es que el Poder Judicial retome actividades a partir del lunes. Indicó también que si el tribunal toma decisiones diferentes para reactivar su funcionamiento, contará con el respaldo total del gobierno de la ciudad.

La situación sigue abierta, con dos posturas claramente definidas: una que apuesta por resistir y otra que busca avanzar con los recursos disponibles. El escenario se mantiene en tensión ante la inminente llegada de un nuevo lunes sin justicia operativa en la capital.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró fijar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para el viernes 23 de mayo a las 12:00 horas, tras intensas negociaciones y bloqueos en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). El encuentro se concretó luego de más de seis horas de diálogo en una mesa que no ofreció soluciones inmediatas por parte de los funcionarios presentes.

La comisión negociadora de la CNTE anunció el acuerdo tras salir del recinto, señalando que la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue el conducto para confirmar la entrevista con la mandataria. La decisión de avanzar hacia una mesa directa con la presidencia respondió a la falta de respuestas concretas en la negociación inicial.

Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, declaró que el magisterio exige una reunión efectiva, con resultados tangibles, no solo discursos vacíos. Mientras tanto, afuera del lugar, el ambiente se tensó: el anuncio de la reunión no fue bien recibido por las y los docentes que aguardaban noticias, quienes reaccionaron con enojo, acusaciones de traición y demandas inmediatas de acción directa.

El descontento generó un llamado urgente a una asamblea nacional el martes 20 de mayo, a las 21:00 horas, donde se definirán las próximas acciones. Entre las exigencias planteadas por la base magisterial resalta la movilización para cerrar el aeropuerto como medida de presión. La dirigencia se retiró bajo abucheos, reclamos y objetos lanzados por parte del contingente inconforme.

Durante la jornada, la CNTE bloqueó todos los accesos al Palacio de Cobián, luego de que la mesa de negociación se suspendiera durante tres horas mientras el gobierno intentaba habilitar un espacio en la agenda presidencial. La presión fue constante por parte del magisterio, que se mantuvo firme en sus demandas.

El gobierno federal reiteró su disposición al diálogo permanente. En una tarjeta informativa difundida al finalizar la reunión, la Segob confirmó que se expusieron distintas alternativas para atender el pliego petitorio del magisterio. La presencia en la mesa de representantes clave como el secretario de Educación, Mario Delgado; el titular del ISSSTE, Martí Batres; y un representante de Hacienda, marcó la intención oficial de continuar buscando soluciones.

Dentro de las propuestas se reafirmó la intención de congelar la edad de jubilación en el Sistema de Pensiones a 58 años para hombres y 56 para mujeres, evitando el aumento progresivo estipulado anteriormente en la ley. También se reiteró el planteamiento de una consulta nacional, escuela por escuela, para construir nuevas reglas laborales junto al magisterio.

El anuncio del incremento salarial del 9% desde enero y un 1% adicional a partir de septiembre completó el paquete de propuestas, mientras las movilizaciones de la CNTE continuarán hasta concretarse la reunión con la presidenta. El pulso entre gobierno y docentes sigue, con la presión callejera en aumento y la expectativa puesta en el diálogo del viernes.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.