El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de las redes que distribuyen drogas sintéticas entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la reunión forma parte de las acciones impulsadas por el titular de la cancillería para consolidar el intercambio de estrategias e información con autoridades estadounidenses. A través de este diálogo, se busca “fortalecer” el combate al tráfico de fentanilo y “desarticular aún más las cadenas de suministro” vinculadas a estas sustancias ilícitas.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de Sara Carter a México, acompañada por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La cancillería destacó que esta coordinación bilateral también contempla el intercambio de buenas prácticas orientadas a la prevención del consumo de drogas, así como acciones conjuntas contra el tráfico ilegal de armas y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con la SRE, estas reuniones forman parte de una estrategia basada en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional. La dependencia señaló que el seguimiento de estas acciones ha permitido debilitar a organizaciones criminales transnacionales y reforzar la protección de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Previo a su reunión con el canciller, la directora de la ONDCP sostuvo encuentros con autoridades mexicanas responsables de la seguridad nacional en Palacio Nacional. Entre los funcionarios participantes estuvieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Durante esas reuniones, Carter reiteró que Estados Unidos trabaja “día y noche” en coordinación con México para eliminar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

La visita de la funcionaria estadounidense ocurre días después del operativo realizado el 22 de febrero en Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el despliegue, tanto Carter como el embajador Johnson reconocieron el resultado del operativo y felicitaron a las autoridades mexicanas.

Por su parte, la ONDCP confirmó que la reunión encabezada por el canciller mexicano forma parte de los esfuerzos conjuntos para avanzar en el combate al tráfico de drogas y consolidar la cooperación bilateral. Con este encuentro, la cancillería mexicana reafirma su papel en la coordinación internacional para enfrentar las redes criminales vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.