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Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló este lunes una serie de detalles sobre el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hechos que quedaron asentados en su declaración de culpabilidad ante autoridades estadounidenses. La información, contenida en documentos judiciales consultados por Latinus, describe paso a paso cómo ocurrió la retención del líder histórico del Cártel de Sinaloa el 25 de julio de 2024.

Según el testimonio, Guzmán López citó a “El Mayo” para una reunión en una sala privada en Sinaloa. Una vez dentro, lo invitó a conversar a solas y cerró la puerta con llave. Previamente, el hijo de “El Chapo” había retirado el vidrio de una ventana, lo que permitió el ingreso de varios de sus hombres, quienes entraron al lugar armados. Los sujetos esposaron a Zambada, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por esa misma ventana para subirlo a una camioneta que ya esperaba afuera.

De acuerdo con la declaración, el trayecto dentro del vehículo duró aproximadamente 15 minutos hasta llegar a una pista de aterrizaje donde se encontraba lista una avioneta. Allí, los hombres de Guzmán López colocaron a “El Mayo” en el asiento trasero y lo ataron antes de abordar. Junto con ellos subieron “El Güero” y un piloto que, según el testimonio, había sido instruido previamente para volar directamente hacia Estados Unidos.

Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes. Él consumió parte de estos y suministró otra dosis a Zambada mientras avanzaban hacia territorio estadounidense. La aeronave aterrizó en Nuevo México, cumpliendo la ruta que había sido ordenada desde el inicio de la operación.

En los documentos judiciales, Guzmán López indicó que este secuestro tuvo como propósito llamar la atención del gobierno estadounidense respecto a su caso y al de su hermano, Ovidio Guzmán. Afirmó también que la acción no fue coordinada, solicitada ni aprobada por autoridades de Estados Unidos. “Reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”, señala el expediente. Además, aclara que ni él ni su hermano recibirán beneficios por esta cooperación.

Guzmán López sostuvo que todo el operativo fue realizado por cuenta propia y con la participación exclusiva de sujetos cercanos a él, sin intervención oficial de ningún gobierno. La declaración ofrece una de las versiones internas más detalladas sobre un episodio que reconfiguró el equilibrio dentro del Cártel de Sinaloa y abrió un nuevo capítulo judicial en torno a Los Chapitos.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

A tan solo días de que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, enfrente su próxima audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de compartir con la Fiscalía General de la República (FGR) los detalles del acuerdo de culpabilidad que habría aceptado el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que México fue parte clave del proceso, ya que entregó en extradición a Ovidio Guzmán en septiembre de 2023, luego de su captura en Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, subrayó que es una obligación de Washington trabajar de manera coordinada con las instituciones mexicanas, tal como establecen los acuerdos internacionales entre ambos países.

“Pues, no conocemos el acuerdo, tenemos conocimiento de que se va a declarar culpable, pero no es público ningún trato al que hayan llegado”, declaró Sheinbaum, evidenciando la falta de transparencia en el proceso judicial estadounidense.

La presidenta también recordó que en el operativo de captura de “El Ratón” murieron soldados mexicanos, por lo que calificó como necesario y urgente conocer los términos del acuerdo que podría beneficiar al líder del llamado Nuevo Cártel de Sinaloa.

Otro de los puntos que generó crítica fue la aparente contradicción de la política exterior estadounidense. La mandataria mencionó que mientras se ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, el país norteamericano parecería haber negociado con uno de sus líderes, lo cual, según dijo, rompe con la doctrina histórica de no establecer tratos con organizaciones criminales. “No se entiende muy bien, el gobierno estadounidense, por un lado, nombran como terroristas a organizaciones delictivas, y tiene una política de no negociar con los criminales”, señaló.

La audiencia en la que se prevé que Ovidio Guzmán se declare culpable está programada para el próximo 9 de julio a las 11:00 horas en la Corte de Chicago. Está acusado de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

Ovidio fue arrestado el 5 de enero de 2023 en un fuerte operativo militar en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos fue uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Su hermano, Joaquín Guzmán López, fue detenido el 25 de julio de 2023 al ingresar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Enfrenta 17 cargos criminales y, a diferencia de Ovidio, se declaró no culpable en la audiencia realizada el 30 de septiembre.

Sheinbaum ha reiterado que, más allá del proceso judicial en Estados Unidos, México merece claridad en el caso, sobre todo por el alto costo humano que implicó su detención.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.