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En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la extinción de un fideicomiso creado en 1994 que acumulaba más de mil millones de pesos, originalmente destinado para la adquisición de terrenos y construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con López Hernández, el fondo contaba con un saldo actual de mil 56 millones 670 mil 709.05 pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en dos etapas. El senador detalló que este miércoles se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos a la Tesorería del Senado, que a su vez remitirá los recursos al gobierno federal. El remanente será entregado en enero del próximo año.

El fideicomiso fue creado hace 31 años, durante los preparativos para la nueva sede legislativa, con el fin de adquirir terrenos, construir las instalaciones y posteriormente equiparlas. Una vez que el proyecto fue concluido, López Hernández explicó que el fideicomiso ya había cumplido su propósito.

“Toda vez que ya cumplió el objeto para el cual fue creado y se modificó posteriormente, le pedimos al fiduciario la extinción del fideicomiso. Ya se extinguió, y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado”, señaló el legislador. Agregó que, aunque la ley permite integrar esos recursos al presupuesto anual del Senado, se optó por adelantar su devolución a la Federación.

El también exsecretario de Gobernación precisó que el reintegro total superará los mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre mil 40 y mil 50 millones. “Vamos a dividirlo en dos etapas: una primera entrega de 800 millones para cerrar el año fiscal, y en enero se hará entrega del remanente”, explicó.

López Hernández subrayó que la decisión busca reactivar recursos que permanecían inmovilizados para destinarlos a causas prioritarias del país. Señaló que, aunque la disposición final de los fondos dependerá del gobierno federal, podrían utilizarse en tareas de reconstrucción tras las recientes lluvias que afectaron comunidades en cinco estados.

“Se va a requerir algo de dinero para la reconstrucción de los estados de la comunidad afectada y en algo ha de servir, en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”, apuntó el senador.

La medida marca el cierre definitivo de un fideicomiso con más de tres décadas de existencia, y representa una acción coordinada entre el Senado y el Ejecutivo federal para optimizar recursos públicos y redirigirlos a necesidades urgentes del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este fin de semana la construcción de una fábrica en Tabasco que tendrá como misión procesar cacao y producir directamente el chocolate del Bienestar. Con este proyecto, previsto para desarrollarse en 2026, el gobierno dejará de recurrir a maquilas externas para su fabricación.

Durante su visita a la entidad este sábado, la mandataria resaltó la importancia del producto que actualmente se distribuye en las Tiendas del Bienestar de todo el país. Enfatizó que esta iniciativa busca impulsar de manera directa a los pequeños productores de cacao de la región.

“El objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación”, declaró Sheinbaum.

Hasta ahora, el chocolate del Bienestar ha sido manufacturado por empresas externas debido a que el gobierno no cuenta con instalaciones propias para completar el proceso de transformación del grano. La mandataria recordó que esta situación ha sido una limitante para avanzar en la consolidación del producto.

Con la futura planta en Tabasco, la administración federal busca concentrar en la región toda la cadena productiva del chocolate, desde el cultivo del cacao hasta su procesamiento y venta, fortaleciendo a los productores locales. “El próximo año, porque ahora maquilamos el chocolate, pero el próximo año vamos a construir aquí en Tabasco la chocolatera para que aquí mismo se produzca el chocolate del Bienestar”, aseguró la presidenta.

La propuesta da seguimiento a lo presentado en julio pasado por María Luisa Albores, directora de Seguridad Alimentaria Mexicana, quien introdujo oficialmente el chocolate del Bienestar. En aquella ocasión, reconoció que el gobierno no contaba con infraestructura propia para procesar el cacao y que, por ello, el producto debía enviarse a maquilar con terceros.

Aunque el proyecto ya tiene definido el lugar donde se instalará, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el esquema de operación de la fábrica ni información sobre los productores externos que actualmente se encargan de manufacturar el chocolate.

La Chocolatera del Bienestar forma parte de las acciones del gobierno federal orientadas a fortalecer la economía rural y ofrecer mayores ingresos a los campesinos tabasqueños que dependen del cultivo del cacao, uno de los productos emblemáticos de la región.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, suspendió sus operaciones desde el lunes debido a un corte de energía en sus instalaciones. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la planta industrial buscará reiniciar sus unidades este jueves, aunque la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

La refinería Olmeca es la más reciente obra de infraestructura energética de Pemex y cuenta con una capacidad proyectada de 340 mil barriles por día (bpd). A pesar de ello, sus operaciones se mantienen todavía lejos del objetivo total, luego de varios retrasos en su puesta en marcha y sobrecostos registrados desde su construcción.

En julio, la refinería procesó 156 mil 265 barriles diarios, lo que representó menos de la mitad de su capacidad instalada. De acuerdo con cifras oficiales, en ese mismo mes produjo 57 mil 275 bpd de gasolina y 76 mil 980 bpd de diésel.

La planta, considerada uno de los proyectos estratégicos del sexenio anterior, fue inaugurada en julio de 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó en ese momento que la instalación produciría aproximadamente 340 mil barriles diarios.

Desde entonces, la refinería ha intensificado gradualmente sus operaciones, aunque el volumen de procesamiento continúa en fase de escalamiento. El proyecto, conocido también como refinería de Dos Bocas, fue planteado como parte de la estrategia de autosuficiencia energética del país y se perfila como pieza central en el sistema nacional de refinación.

En marzo de este año, Margarita Pérez, directora de PMI —brazo comercial de Pemex—, señaló que la refinería probablemente alcanzará su capacidad total hacia 2026. Esta proyección marca un horizonte de mediano plazo para el objetivo de producción plena, en contraste con las expectativas iniciales fijadas al momento de su inauguración.

El corte eléctrico que detuvo las operaciones ocurre en un contexto de esfuerzos por consolidar la estabilidad de la producción en la nueva refinería. A medida que incrementa su capacidad operativa, la planta busca reducir la dependencia de importaciones de combustibles y contribuir de manera sostenida al abasto interno de gasolina y diésel.

Se espera que este jueves la refinería Olmeca reinicie sus unidades tras la interrupción de actividades, lo que permitirá dar continuidad a la fase de integración de procesos en la instalación más moderna de Pemex.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

La Ciudad de México avanza en la construcción de un sistema educativo más accesible. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 45 mil tarjetas del programa universal Becas para el Transporte y Más, dirigido a estudiantes de universidades públicas de la capital. 

Desde el Zócalo capitalino, Brugada destacó que este programa busca reducir la deserción escolar y mejorar la eficiencia terminal en la educación superior. “Con este programa social queremos que se reduzca la tasa de deserción en las universidades, y queremos que crezca la tasa de eficiencia terminal en nivel superior”,afirmó.

 Programas como Mi Beca para Empezar y las becas para estudiantes de nivel medio superior han logrado reducir la deserción escolar hasta en un 3% y elevar la eficiencia terminal en el bachillerato en un 15%.

Para acceder a la Beca de Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, los requisitos son claros:

•       Residir en la Ciudad de México.
  
•       Estar inscrito en una institución pública de educación superior.
  

Brugada Molina resaltó que el beneficio es universal, sin importar el promedio académico ni la situación económica del estudiante. “Si estudian en el área metropolitana, por el hecho de vivir en la Ciudad de México, van a recibir su beca, es decir, es universal a todos los jóvenes”, reiteró.

El programa responde a una de las demandas históricas del movimiento estudiantil de 1968: garantizar un apoyo económico para que los estudiantes puedan trasladarse a sus centros educativos. Hoy, esta demanda se materializa con acciones concretas.

La entrega de apoyos se realizó en dos bloques. Durante la mañana, más de 22 mil 200 estudiantes recibieron su tarjeta, y por la tarde, otros 22 mil 200 fueron convocados para obtener el beneficio, sumando un total de 45 mil universitarios respaldados por el programa.

“No es un apoyo a los que menos tienen; no es un apoyo a los que tienen más de ocho de calificación, no; es un apoyo universal porque la política social, la política pública que hacemos para apoyar a la población, es universal”, enfatizó Brugada.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció el esfuerzo de la jefa de Gobierno en materia educativa y aseguró que en la capital del país se están garantizando los derechos de los estudiantes con acciones concretas y de gran impacto.