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Las acusaciones sobre presuntas detenciones de diputados durante el proceso electoral en Coahuila fueron rechazadas por el gobernador Manolo Jiménez, quien aseguró que ninguno de los legisladores que participaron en la contienda fue arrestado durante las campañas ni en la jornada de votación.

Luego de que el PRI obtuviera la totalidad de los triunfos en las elecciones locales, el mandatario estatal salió al paso de los señalamientos relacionados con incidentes registrados durante el proceso y sostuvo que los hechos reportados se limitaron a confrontaciones con habitantes de distintas colonias.

Según explicó, varios de esos episodios involucraron a diputados que llegaron de otras entidades para participar en actividades políticas en Coahuila. De acuerdo con su versión, las diferencias surgieron porque algunos de ellos se enfrentaron con ciudadanos de las comunidades donde realizaban actividades.

“No hubo un solo diputado federal o local que estuviera participando en la elección en Coahuila que fuera detenido”, afirmó.

Jiménez señaló que la intervención de las autoridades se enfocó únicamente en controlar las situaciones de tensión que se presentaron y evitar que escalaran. “Llegaron a decir ‘oigan, ¿saben qué? Pues tranquilos, ustedes para allá y ustedes para allá’, eso fue lo lo lo único que que realmente pasó”, declaró.

Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, donde también abordó los resultados electorales que permitieron al PRI obtener el llamado “carro completo” en el estado.

Al referirse a las razones detrás del resultado, el gobernador atribuyó el desempeño electoral a una estrategia basada en la coordinación entre gobierno, ciudadanía, organizaciones civiles e iniciativa privada, enfocada en temas como seguridad y desarrollo.

“Trabajo en equipo, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada (…) esa es la fórmula mágica que nos ha dado resultados”, expresó.

Pese a que el PRI compitió y ganó en solitario en esta elección, el mandatario aseguró que no descarta volver a construir acuerdos con otras fuerzas políticas. Recordó que la alianza con PAN y PRD fue el esquema que respaldó su candidatura a la gubernatura en 2023.

“Yo siempre he sido partidario de las alianzas”, señaló, al destacar que ese modelo permitió que cada partido mantuviera su identidad política mientras respaldaba a un mismo candidato.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

La dirigencia nacional de Morena anunció su intención de impugnar los resultados electorales en siete municipios de Veracruz, en los que los triunfos favorecieron a fuerzas políticas opositoras. La decisión fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, durante una declaración ofrecida el miércoles. El listado incluye los municipios de Las Choapas, Chama, Naranjos, Sayula, Boca del Río, Chontla y San Andrés Tlalnehuayocan.

En este último, ubicado en la zona conurbada con Xalapa, se han generado acusaciones de corrupción, violencia y manipulación electoral. La alcaldesa electa, Arianna Ángeles Aguirre, del PRI, señaló que la candidatura de Morena habría sido vendida por cinco millones de pesos, según declaraciones atribuidas al dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta. La acusación fue difundida tras la confirmación de la victoria de Ángeles Aguirre.

Las cifras oficiales, contenidas en el acta de cómputo, marcan una diferencia de mil 52 votos a favor de la priista, en contraste con los 88 votos que, de acuerdo con Alcalde Luján, se reportaban como diferencia previa. La constancia de mayoría ya fue entregada a Ángeles Aguirre, quien también denunció públicamente la existencia de agresiones y actos vandálicos antes y durante la jornada electoral.

En sus declaraciones, Arianna Ángeles afirmó que 42 de las 43 comunidades de San Andrés Tlalnehuayocan respaldaron su candidatura. Aseguró que en varias zonas obtuvo una ventaja de dos a uno y en otras, hasta tres a uno sobre su principal contendiente. También reportó que su equipo fue agredido, que una de sus camionetas fue dañada y que interpuso denuncias penales contra la excandidata de Morena, María Emilia Nieto Miranda.

A estas tensiones se suman los señalamientos por presuntos intentos de sabotaje electoral. Según Ángeles Aguirre, dos días después de los comicios se intentó quemar urnas, se registraron detonaciones frente a su domicilio y se habría intentado incendiar las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin que las acciones prosperaran.

Mientras tanto, Morena avanza en sus procesos de impugnación, aunque los candidatos ganadores ya recibieron sus respectivas constancias de mayoría, documentos que validan sus triunfos ante las autoridades electorales. El proceso legal continuará en las instancias correspondientes, mientras el clima político en Veracruz mantiene alta su tensión postelectoral.