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Habitantes de comunidades rarámuri y ódami de la sierra de Chihuahua expusieron ante la presidenta Claudia Sheinbaum una amplia agenda de necesidades relacionadas con servicios básicos, salud, educación e infraestructura, durante un acto oficial en el que se entregaron títulos de propiedad comunal por tres mil hectáreas al pueblo ódami del municipio de Guadalupe y Calvo.

El evento se realizó con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como de integrantes del gabinete federal. En su intervención, la presidenta explicó que la entrega de tierras se enmarca en el plan de justicia y en la reforma constitucional orientada al reconocimiento de los pueblos originarios, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre el territorio comunal.

Sheinbaum informó que durante este año los pueblos indígenas del país reciben de manera directa 12 mil millones de pesos para acciones de mejora en sus comunidades, y señaló que para el próximo año se contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Estos recursos, indicó, están dirigidos a atender rezagos acumulados en distintas regiones, incluida la sierra chihuahuense.

Tras la entrega de los títulos, la presidenta dio la palabra a habitantes de la región, quienes de forma reiterada solicitaron acceso a energía eléctrica, conectividad a internet, centros de salud y la construcción de un hospital con médicos, especialmente en la comunidad de Baborigame. También se planteó la falta de medicamentos y la ausencia de personal médico permanente en pequeñas clínicas.

Ante estas solicitudes, Sheinbaum reconoció que uno de los retos pendientes es lograr que los médicos lleguen a las comunidades serranas y permanezcan en ellas. En cuanto a la carencia de electricidad, ofreció la implementación de un programa de energía solar para atender a las localidades que no cuentan con este servicio.

Las demandas incluyeron además la creación de un telebachillerato, la edificación de una clínica, la reparación de la carretera Batopilas–Samachique, así como la construcción de un hospital y una universidad en Baborigame. Otros habitantes solicitaron la apertura de un albergue en la comunidad de Palos Muertos, la construcción de una carretera que conecte Guadalupe y Calvo con Parral y la mejora de caminos en Bocoyna.

Durante su participación, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que en Chihuahua se desarrolla un programa de apoyo a las comunidades originarias y expresó disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno federal. “Me alegra coincidir en el orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios (…) Contamos con el gobierno federal y el gobierno cuenta con este gobierno”, afirmó.

Al cierre del encuentro, la presidenta señaló que no es viable atender todas las demandas de manera inmediata, por lo que instruyó a integrantes de su gabinete, entre ellos Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar, a dar seguimiento puntual a los planteamientos. Indicó que los avances se realizarán de forma gradual y anunció que regresará a la sierra de Chihuahua dentro de un año.

En el acto participaron también la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, afirmó que las negociaciones con cualquier mandatario extranjero se realizan con el respaldo del pueblo de México. Durante un acto en Manzanillo, Colima, destacó que la cuarta transformación ha devuelto “dignidad y fuerza” a la ciudadanía, y subrayó que el país es “libre, soberano e independiente”.

“Lo que hay en México es mucho pueblo”, declaró, al señalar que pocas naciones pueden mostrar una fuerza social tan constante. El mensaje se dio después de sostener diversos encuentros internacionales, entre ellos con el presidente estadounidense Donald Trump.

En la entrada al puerto y ciudad de Manzanillo, la mandataria dio el banderazo a obras de puentes vehiculares en Colima, con una inversión de 2 mil millones de pesos. La construcción forma parte de un plan de modernización que busca mejorar la conectividad en la región y fortalecer el funcionamiento del puerto, actualmente el tercero en importancia en el país.

El evento no estuvo exento de protestas. Transportistas hicieron sonar sus claxones en rechazo a los problemas de circulación que han provocado los trabajos en la autopista Armería-Manzanillo, con un avance del 25%, sumados a las complicaciones recientes en la Aduana del puerto. La convocatoria para esta manifestación se difundió por redes sociales y entre grupos de transporte de carga pesada afectados por los retrasos en el movimiento de mercancías.

Sheinbaum aseguró que la ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertirá en el más importante de América Latina. Explicó que la Secretaría de Marina desarrolla la infraestructura inicial y que la operación del segundo puerto se licitará, privilegiando a empresas mexicanas.

En su intervención, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que el desarrollo portuario se realizará bajo un modelo de equilibrio entre progreso económico y conservación ambiental. “La conservación ambiental no es negociable”, sostuvo.

Ante inquietudes de grupos ambientalistas por los posibles impactos en la Laguna de Cuyutlán, un pescador expresó su preocupación por el futuro de su actividad. La presidenta respondió que el proyecto garantiza la inclusión de los pescadores y que no se realizará ninguna obra que los excluya.

En su discurso, Sheinbaum también resaltó la reciente elección de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo calificó como un momento histórico, al ser el primer indígena mixteco en ocupar este cargo desde Benito Juárez, destacando que este hecho solo fue posible gracias al nuevo sistema de elección en el Poder Judicial.

Con una apuesta fuerte por la digitalización nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa para crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que asumirá las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El objetivo: dar un paso firme hacia un ecosistema de conectividad accesible, moderno y equitativo en todo el país.

La propuesta, incluida dentro de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, detalla que esta agencia será la encargada de regular y supervisar tanto el uso del espectro radioeléctrico como la operación de redes y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. También tendrá bajo su mando la gestión de infraestructura y servicios esenciales para el acceso universal.

La iniciativa plantea una transformación estructural profunda: digitalizar y simplificar más del 50% de los trámites gubernamentales, ofreciendo además una alternativa digital para el 80% de los servicios más demandados. La propuesta se perfila como el proceso de modernización administrativa más radical de la historia del país.

En el ámbito tecnológico, el plan resalta la apertura hacia la experimentación. Se propone una nueva manera de asignar espectro, con modalidades que contemplan desde estaciones terrenas satelitales hasta entornos de prueba llamados sandboxes regulatorios. Se abren las puertas a tecnologías emergentes como el acceso satelital directo a dispositivos, ideales para conectar comunidades remotas.

El sistema de concesiones también será renovado. Se contemplan cuatro modalidades: comercial, público, privado y social, incluyendo proyectos comunitarios, indígenas y afromexicanos. Para el uso público y privado, se implementará un esquema de asignación directa, aunque en el caso del sector privado, con una contraprestación establecida.

Los pilares democráticos de la comunicación también se mantienen presentes. La ley garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información en todos los medios, tanto públicos como privados, subrayando el compromiso con una comunicación plural e incluyente.

Respecto a la conectividad, se prevé que todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones estén obligados a interconectarse sin discriminación ni opacidad, asegurando igualdad de condiciones para la operación del sector.

La propuesta incluye además la posibilidad de que el Ejecutivo federal reciba concesiones de bandas de frecuencia, facilitando así el desarrollo de servicios públicos de telecomunicaciones desde el Estado.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación en los próximos días. Su aprobación representaría un cambio histórico en la gestión de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, con un enfoque centrado en la transformación digital, la inclusión y la innovación tecnológica.