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En una reciente conferencia de prensa, la comisionada Julieta del Río, parte del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), criticó la iniciativa de reforma que busca eliminar los organismos autónomos, señalando que el Ejecutivo federal ha convertido al instituto en una pieza en el tablero electoral y en un objeto de intereses políticos.

A diferencia de lo afirmado por el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien declaró que el instituto “se mantiene al margen de coyunturas políticas”, Del Río sostuvo que es imposible desligarse de la situación actual, ya que el organismo ha sido arrastrado al ámbito político sin su consentimiento.

Del Río también expresó su preocupación sobre cómo esta situación puede convertirse en un caldo de cultivo para que varios actores políticos, de diferentes partidos, intenten influir en las decisiones del instituto. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la madurez técnica y política para no caer en estas provocaciones.

En respuesta a la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, el pleno del INAI ofreció una rueda de prensa. Alcalá pidió que esta iniciativa sea procesada a través de un ejercicio de parlamento abierto, similar al realizado hace una década, cuando se creó el INAI como organismo autónomo.

Además, Alcalá advirtió sobre las posibles repercusiones internacionales de eliminar al INAI, haciendo referencia al artículo 19.8 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige legislación similar para la protección de datos personales en transacciones electrónicas internacionales.

En cuanto a las acciones futuras, Alcalá afirmó que, en caso de que la propuesta sea aprobada, el instituto recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para defender el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Por otro lado, la comisionada Josefina Román llamó a no politizar el tema y mencionó una reunión reciente con el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde hubo disposición para discutir la utilidad del instituto.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vigentes desde marzo de 2021. Estos cambios, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas generadoras de energía, fueron señalados por generar distorsiones en el sector.

El fallo, que se aplicará de manera general a todos los participantes del mercado eléctrico nacional, destaca que las normas impugnadas afectan indiscriminadamente a todos los agentes involucrados. Las empresas que obtuvieron el amparo son Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Aunque el amparo se concedió solo a las empresas demandantes, la sentencia anticipa que el resto de los participantes del mercado también se verán beneficiados por un efecto colateral. El tribunal reconoció que las reformas impugnadas crean barreras que obstaculizan la competencia efectiva en el mercado de generación de energía.

La resolución destaca que la priorización en el despacho de energía perjudica directamente a las energías limpias, vulnerando el principio de desarrollo sustentable. La Segunda Sala desestimó los argumentos del Ejecutivo federal y las Cámaras del Congreso de la Unión, que buscaban justificar las reformas en la seguridad del despacho y el fortalecimiento de la CFE.

Expertos opinan que, aunque este fallo marca el cierre a nivel legal, la lucha podría continuar debido a los retrasos en la emisión de permisos a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde la suspensión de actividades por la pandemia en 2020, se ha acusado a la CRE de postergar los permisos para favorecer a empresas estatales, lo que podría resultar en más litigios mediante el amparo indirecto.

Cabe destacar que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron uno de los motivos por los cuales Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC, argumentando que atentaban contra el principio de trato no discriminatorio al beneficiar a la CFE en el despacho eléctrico.