HR Ratings se unió recientemente a Moody’s en la decisión de modificar la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa. La calificadora mantuvo la nota de largo plazo en HR BBB+ (G) y la de corto plazo en HR3 (G), pero justificó su decisión en un desempeño económico que proyecta ser más débil.

Según HR Ratings, la modificación responde a una revisión a la baja en sus estimaciones de crecimiento económico para 2024 y 2025, además de anticipar una reducción más lenta del déficit fiscal para 2025 en comparación con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. “El deterioro en nuestras expectativas de crecimiento y déficit fiscal podría incrementar la deuda neta como proporción del PIB”, indicó la calificadora.

Se espera que el crecimiento económico de México alcance solo el 1.4% en 2024 y el 1.1% en 2025, cifras significativamente menores a las previstas por Hacienda en los Criterios Generales de la Política Económica 2025 (CGPE25), que estiman 2.1% y 2.3%, respectivamente. HR Ratings atribuye esta reducción a la baja actividad industrial durante los últimos meses, particularmente por el bajo desempeño en construcción, la desaceleración en manufacturas y una menor demanda externa.

La calificadora también señaló que, aunque se proyecta una disminución en el déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público para 2025, el endeudamiento y el comportamiento histórico del tipo de cambio podrían elevar la deuda neta a PIB al 54%, superando tanto las proyecciones anteriores como las estimaciones oficiales de Hacienda.

Además, HR Ratings advierte sobre los posibles efectos negativos del cambio de administración en Estados Unidos a partir de enero de 2025, lo que podría afectar la relación comercial con México, su principal socio bajo el marco del T-MEC.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda afirmó que el panorama económico de México es optimista, apoyado en una mayor demanda interna, la fortaleza de programas sociales y la inversión en sectores estratégicos. Según la dependencia, el Paquete Económico 2025 fue diseñado con un enfoque prudente que garantiza una consolidación fiscal responsable.

Finalmente, Hacienda destacó que México cuenta con mecanismos sólidos para enfrentar la volatilidad global, manteniendo un perfil de deuda atractivo y resiliente en los mercados internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el compromiso de México con la continuidad del T-MEC junto a Estados Unidos y Canadá. Durante su conferencia matutina, anunció el avance del Plan México, una estrategia que busca disminuir la importación de productos provenientes de China y fomentar la producción regional en Norteamérica.

Sheinbaum explicó que el plan, liderado por los titulares de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Economía, Marcelo Ebrard, busca sustituir las importaciones chinas con manufactura local o alianzas comerciales con Europa y otros países. Este anuncio ocurre en medio de tensiones por las declaraciones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes han manifestado preocupación por la creciente presencia de productos chinos en el mercado norteamericano a través de México.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, también se sumó al debate al afirmar que las provincias canadienses estarían de acuerdo en excluir a México del T-MEC debido a este problema. Sin embargo, Sheinbaum rechazó estas afirmaciones y presentó datos que contradicen las acusaciones, destacando que los tres países del tratado tienen una alta dependencia de importaciones chinas.

La presidenta subrayó que el objetivo de su administración es reducir aún más las importaciones asiáticas. En este sentido, detalló que su gobierno impulsa un ambicioso plan de inversión en infraestructura y sectores estratégicos como parte de los polos de Bienestar anunciados durante su campaña.

Sheinbaum enfatizó que la relación de México con Estados Unidos debe basarse en colaboración y respeto mutuo, sin subordinación. “Nuestro enfoque es el diálogo de alto nivel y la cooperación, siempre respetando nuestra soberanía”, señaló.

Además, la mandataria presentó gráficas comparativas de las importaciones asiáticas. En México, los sectores electrónico y eléctrico representan el 41.1 % y 9 % respectivamente, mientras que en Estados Unidos estos valores son del 32.4 % y 8.8 %. Según Sheinbaum, estos datos demuestran que la influencia china no es exclusiva de México.

Por su parte, el secretario Ramírez de la O explicó que México enfrenta un desbalance comercial con China de 80 mil millones de dólares. Este tema ya había sido planteado por el expresidente López Obrador en conversaciones con Joe Biden, lo que ahora cobra mayor relevancia por la preocupación creciente respecto al desequilibrio económico con el gigante asiático.

Durante la conferencia, el secretario de Hacienda destacó que México está preparado para enfrentar la volatilidad de los precios del petróleo en 2025, afectada por las guerras en Ucrania y Gaza, así como por las políticas energéticas anticipadas de Donald Trump.

Ramírez de la O defendió el presupuesto para 2025, que estima un precio de 57.8 dólares por barril, menor al proyectado para 2024. Aunque reconoció los riesgos para Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que el cálculo sigue fórmulas legales basadas en tendencias de largo plazo.

En una sesión marcada por el debate, los diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron en lo general la desaparición de diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además, se contempla la fusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en una nueva agencia antimonopólica.

Pese a las críticas de la oposición y las conversaciones sostenidas con representantes del INAI, este organismo será desarticulado, y sus funciones se integrarán en la Agencia Nacional Anticorrupción, una nueva instancia que será creada durante esta administración.

La propuesta implica reformas a diversos artículos constitucionales, incluyendo la simplificación de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El dictamen fue aprobado con 347 votos a favor y 128 en contra, y su discusión en lo particular está programada para el 21 de noviembre. Según adelantó Ricardo Monreal, se presentará una reserva al artículo 28 que propone la creación de un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Economía, que absorberá las funciones del IFT y la Cofece.

Monreal explicó que este nuevo organismo mantendrá independencia técnica, patrimonio propio y personalidad jurídica, aspectos fundamentales para garantizar sus funciones administrativas.

La oposición advirtió sobre los riesgos de desarticular el INAI, destacando su papel en la denuncia de actos de corrupción. La diputada panista Noemí Luna calificó la reforma como un golpe a los derechos de los ciudadanos para acceder a la información y la transparencia gubernamental.

“La eliminación del INAI es una venganza contra un organismo que expuso los excesos de administraciones pasadas. Esto nos lleva de regreso a la opacidad”, acusó Luna, recordando casos como la “casa gris” y el fraude en Segalmex, destapados gracias a este instituto.

Por su parte, Gloria Elizabeth Núñez, legisladora de Movimiento Ciudadano, consideró que la medida busca concentrar poder y limitar los derechos ciudadanos. “Eliminar al INAI significa retroceder en el acceso a la información, dejando a la ciudadanía con herramientas insuficientes y procesos judiciales complicados y costosos”, advirtió.

La diputada priista Verónica Martínez alertó sobre las implicaciones económicas y legales de desarticular la Cofece y el IFT. Afirmó que esta simplificación viola los términos del T-MEC y pone en riesgo la libre competencia, afectando a los consumidores.

“La desaparición de la Cofece elimina toda garantía de competencia económica, mientras que la del IFT contraviene acuerdos internacionales, lo que podría desalentar inversiones”, señaló.

La discusión en lo particular se llevará a cabo este 21 de noviembre, y de ser aprobada, la reforma será enviada al Senado para su análisis en comisiones y eventual debate en el pleno.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abordó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las inquietudes que existen en su país sobre algunas inversiones chinas en territorio mexicano. Además, manifestó su intención de fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una rueda de prensa tras la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Trudeau explicó que en su reunión previa con Sheinbaum le trasladó preocupaciones públicas relacionadas con estas inversiones. Sin embargo, destacó que México está comprometido con el éxito del T-MEC y está explorando formas de disipar dichas inquietudes.

“Estoy seguro de que la administración mexicana está buscando maneras de demostrar que no hay razones para preocuparse por estas inversiones”, expresó el primer ministro.

Las declaraciones se producen tras la polémica generada por Doug Ford, jefe de Gobierno de Ontario, quien sugirió excluir a México del T-MEC en la próxima revisión del tratado en 2026. Según Ford, México compite de forma desleal y amenaza la industria automotriz canadiense, postura respaldada por algunos líderes políticos en Canadá.

Pese a esto, Trudeau reafirmó su apoyo al acuerdo comercial, calificándolo como “muy exitoso”. Señaló que su gobierno continuará trabajando para garantizar un comercio robusto en América del Norte que beneficie a todos los ciudadanos y proteja la integridad de los mercados regionales.

Finalmente, Trudeau subrayó la importancia de mantener el diálogo con México: “Como socio y amigo, compartí estas preocupaciones con Sheinbaum y espero seguir conversando durante el próximo año antes de la revisión del 2026”.

A poco más de un mes de conocer la resolución final sobre la controversia del maíz transgénico, México muestra signos de retroceso. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció ayer que el fallo podría ser adverso para el país. La decisión definitiva se espera para el 14 de diciembre, pero la resolución preliminar del 22 de octubre ya anticipa una posición contraria a la prohibición mexicana del maíz genéticamente modificado para consumo humano.

La disputa se originó cuando México implementó una medida precautoria para prohibir el uso de maíz transgénico en alimentos dirigidos al consumo humano, argumentando la protección de la salud y la biodiversidad. Sin embargo, Estados Unidos presentó un reclamo bajo el T-MEC, calificando la medida de discriminatoria y carente de evidencia científica que respalde los riesgos para la salud. Según el país vecino, la prohibición afecta su capacidad de exportación y contradice los acuerdos de libre comercio.

Durante un evento en el Colegio de México, Ebrard expresó: «A lo mejor nos ganan el panel», reflejando la creciente preocupación dentro de la Secretaría de Economía. A pesar de ello, México insiste en que el fallo no es definitivo y asegura haber presentado argumentos adicionales para cambiar la postura inicial.

En caso de un fallo desfavorable, México se enfrentará a dos opciones principales: levantar la prohibición del maíz transgénico o afrontar represalias comerciales, como la imposición de aranceles. Ambas opciones tendrían efectos importantes en sectores clave como el agropecuario y en las exportaciones hacia Estados Unidos.

Ante este escenario, el gobierno deberá evaluar alternativas para ajustar su política sin renunciar por completo a los objetivos de protección. Una posibilidad sería permitir el uso del maíz transgénico en ciertos productos mientras se regula estrictamente su importación. Sin embargo, esta opción conlleva retos económicos, técnicos y sociales.

Un fallo adverso podría además servir como catalizador para que movimientos ambientalistas y académicos exijan reformas que fortalezcan la soberanía alimentaria y promuevan prácticas sostenibles, como la agroecología. Paralelamente, el caso pone de manifiesto un conflicto de fondo en el T-MEC: el equilibrio entre soberanía alimentaria y libre comercio.

La resolución del panel podría sentar un precedente importante, limitando o ampliando la capacidad regulatoria de México en futuras disputas comerciales. Las implicaciones no solo afectarían al sector agropecuario, sino que podrían extenderse a otras áreas sensibles de la economía y el comercio exterior.

Con la fecha del fallo final acercándose, el gobierno mexicano enfrenta decisiones cruciales que podrían definir el rumbo de su política agroalimentaria y sus relaciones comerciales con Estados Unidos.

Ante la posibilidad de que Donald Trump, quien se perfila como presidente electo de Estados Unidos, aplique un arancel del 25% a las importaciones mexicanas, el gobierno de México se prepara para responder en consecuencia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó en una entrevista con Radio Fórmula que México tomaría medidas similares si esto sucede, lo cual afectaría notablemente a la economía estadounidense debido a su dependencia de productos mexicanos.

La propuesta de Trump, que podría alcanzar un arancel de hasta el 100% para los automóviles fabricados en México como parte de su estrategia contra el tráfico de fentanilo y para reforzar la frontera, representa una amenaza directa para la industria automotriz de ambos países. Esta iniciativa ya ha tenido repercusiones, como la suspensión en la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León, México.

Ebrard destacó que no solo México sufriría las consecuencias de esta política, sino también la economía estadounidense. “Soy tu principal importador junto con Canadá… ¿y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana”, afirmó el funcionario, señalando que incluso aliados de Trump podrían estar en desacuerdo con el impacto económico de estos aranceles.

En el contexto de la renegociación del T-MEC, prevista para 2026, Ebrard recordó que en 2018 México rechazó una propuesta similar de Trump para que el país fuera un tercer país seguro. Asimismo, advirtió que la implementación de estos aranceles provocaría una subida de la inflación en Estados Unidos, afectando el poder adquisitivo de sus ciudadanos, pues México es su principal socio comercial y una fuente clave de productos de consumo.

Aunque Ebrard reconoció la seriedad de la amenaza, también resaltó que México posee condiciones económicas favorables para afrontar el desafío. De aplicarse las tarifas, el gobierno mexicano podría activar políticas protectoras para su economía, manteniendo la estabilidad en la relación comercial entre ambos países.

El Grupo Financiero BASE advirtió que si Donald Trump,  presidente electo de Estados Unidos, impone aranceles de entre 25% y 100% a las importaciones mexicanas para presionar en temas de migración y narcotráfico, la medida equivaldría a la ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). BASE subraya que estos aranceles dañarían gravemente las exportaciones, la inversión, el empleo y el crecimiento económico en México, elevando el riesgo de una crisis.

Aunque existe la amenaza, BASE recuerda que Trump no siempre cumple sus promesas y el mercado ya lo conoce. Por ello, la devaluación del peso tras las elecciones fue de 2.59%, mucho menor al impacto de 8.30% tras su elección en 2016. El mercado interpreta que estas amenazas forman parte de su estrategia de negociación, sin garantía de que las implemente.

Otra de las amenazas de campaña de Trump es una deportación masiva de inmigrantes ilegales. BASE lo considera poco probable, pero prevé que podría haber un refuerzo en la seguridad fronteriza, afectando el tiempo de cruce de personas y mercancías.

Además, la institución financiera destacó que un endurecimiento fronterizo aumentaría los costos de las exportaciones mexicanas y los tiempos de entrega. Aunque la industria estadounidense también resultaría afectada, podrían surgir requisitos adicionales de certificación o permisos, encareciendo el transporte de mercancía mexicana hacia Estados Unidos.

Este escenario, según BASE, obstaculizaría el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera directa en México, ya que no habría necesidad de expandir la capacidad productiva si las exportaciones no avanzan.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una propuesta de reforma a la administración pública federal que amplía las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para combatir la tala ilegal en el país. Esta iniciativa se presenta en un contexto relevante, ya que en poco más de un año se llevará a cabo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado el 30 de noviembre de 2018, que incluye un capítulo enfocado en el medio ambiente.

El capítulo 24 del T-MEC establece que las naciones firmantes intercambiarán información sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el comercio ilícito de vida silvestre y la tala ilegal. La propuesta presidencial, recibida por la Cámara de Diputados el 30 de octubre, estipula que la Semarnat tendrá la responsabilidad de promover una economía circular y podrá realizar inspecciones para sancionar la tala, la caza ilegal, el uso no autorizado de recursos hídricos y otras acciones que dañan el medio ambiente.

Además, la reforma busca que la Semarnat regule, autorice y supervise las actividades productivas en los bosques, así como coordinar programas de conservación, uso sostenible y restauración de suelos y ecosistemas forestales. Según cifras oficiales, en 2020 México perdió 127,770 hectáreas de bosque debido a la tala clandestina, un aumento en la deforestación en comparación con el periodo 2010-2015, que reportó 91,600 hectáreas.

Entre 2018 y 2020, se presentaron 1,514 denuncias en materia forestal, de las cuales 1,179 fueron por tala ilegal, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Recientemente, autoridades mexicanas y estadounidenses se reunieron en Washington para discutir la próxima revisión del T-MEC, enfatizando la necesidad de fortalecer a Norteamérica como una región competitiva y protectora de sus trabajadores y productores. En la firma del tratado, se acordó un mecanismo de revisión que permite la cancelación del acuerdo por cualquiera de los países firmantes 16 años después de su entrada en vigor.