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El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, ha dado un giro inesperado a su historia al declararse culpable ante la Corte de Chicago por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. En una audiencia encabezada por la jueza Sharon Coleman, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Esta confesión lo convierte en el primer miembro de los Guzmán en aceptar su responsabilidad penal ante un tribunal estadounidense.

La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual se busca reducir su condena a cambio de asistencia sustancial a las autoridades. Aunque aún no se ha detallado el alcance de la información que ofrecerá, el pacto ya incluye el compromiso de pagar 80 millones de dólares. Vestido con el clásico uniforme naranja de prisión y encadenado de pies y manos, Guzmán también reconoció sufrir depresión, aunque aseguró a la jueza que la medicación que recibe no interfiere con su testimonio.

A principios de julio, Guzmán López solicitó el traslado de su caso desde la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra procesado. En ese momento ya había firmado su aceptación de culpa por seis cargos. A ellos se suman otros cinco en Chicago y uno más en el Distrito de Columbia, que inicialmente lo enfrentaban a una posible cadena perpetua.

Este cambio de estrategia ocurre en un contexto judicial cada vez más tenso para los herederos del Cártel de Sinaloa. La presión sobre Ovidio ha sido constante desde su detención en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, tras un operativo que dejó un saldo trágico de diez militares muertos. Su captura fue un episodio clave en la historia del narcotráfico en México, especialmente tras el fallido intento de arresto en 2019, conocido como el “Culiacanazo”.

La familia Guzmán enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos. Sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín también están en la mira del gobierno estadounidense por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. A esta presión legal se suma la reciente entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades, organizada por Joaquín Guzmán, alias “El Güero”, quien supuestamente lo secuestró y lo trasladó en avión a territorio estadounidense. Ambos permanecen bajo custodia.

Este movimiento desató una guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, dos facciones del narcotráfico con profundo arraigo en Sinaloa. En medio de esta lucha, los tribunales estadounidenses se convierten en un nuevo campo de batalla. Se espera que Joaquín Guzmán comparezca el 15 de septiembre, en una audiencia clave que podría confirmar su cooperación con la justicia, al igual que su hermano Ovidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su inconformidad ante la postura de Estados Unidos, cuestionando la aparente contradicción entre declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, negociar con sus líderes. También ha recordado el sacrificio de los soldados que murieron en el operativo que capturó a Guzmán López, y ha solicitado mayor coordinación bilateral: “Es importante para nuestro país”.

Mientras se definen los acuerdos judiciales, el destino de los principales líderes del narcotráfico mexicano se juega en las cortes estadounidenses. Las alianzas, traiciones y confesiones configuran un escenario en el que las decisiones legales ya tienen consecuencias más allá de los juzgados, afectando directamente la estructura del crimen organizado en México.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

A tan solo días de que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, enfrente su próxima audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de compartir con la Fiscalía General de la República (FGR) los detalles del acuerdo de culpabilidad que habría aceptado el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que México fue parte clave del proceso, ya que entregó en extradición a Ovidio Guzmán en septiembre de 2023, luego de su captura en Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, subrayó que es una obligación de Washington trabajar de manera coordinada con las instituciones mexicanas, tal como establecen los acuerdos internacionales entre ambos países.

“Pues, no conocemos el acuerdo, tenemos conocimiento de que se va a declarar culpable, pero no es público ningún trato al que hayan llegado”, declaró Sheinbaum, evidenciando la falta de transparencia en el proceso judicial estadounidense.

La presidenta también recordó que en el operativo de captura de “El Ratón” murieron soldados mexicanos, por lo que calificó como necesario y urgente conocer los términos del acuerdo que podría beneficiar al líder del llamado Nuevo Cártel de Sinaloa.

Otro de los puntos que generó crítica fue la aparente contradicción de la política exterior estadounidense. La mandataria mencionó que mientras se ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, el país norteamericano parecería haber negociado con uno de sus líderes, lo cual, según dijo, rompe con la doctrina histórica de no establecer tratos con organizaciones criminales. “No se entiende muy bien, el gobierno estadounidense, por un lado, nombran como terroristas a organizaciones delictivas, y tiene una política de no negociar con los criminales”, señaló.

La audiencia en la que se prevé que Ovidio Guzmán se declare culpable está programada para el próximo 9 de julio a las 11:00 horas en la Corte de Chicago. Está acusado de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

Ovidio fue arrestado el 5 de enero de 2023 en un fuerte operativo militar en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos fue uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Su hermano, Joaquín Guzmán López, fue detenido el 25 de julio de 2023 al ingresar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Enfrenta 17 cargos criminales y, a diferencia de Ovidio, se declaró no culpable en la audiencia realizada el 30 de septiembre.

Sheinbaum ha reiterado que, más allá del proceso judicial en Estados Unidos, México merece claridad en el caso, sobre todo por el alto costo humano que implicó su detención.

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Ángel “N”, alias “El Güerito”, quien es señalado como un alto operador de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Se le atribuye la planeación de rutas para el tráfico internacional de drogas y el manejo de recursos financieros de la organización criminal.

De acuerdo con un jurado federal en Chicago, José Ángel enfrenta cargos por su presunta participación en la producción y distribución de narcóticos como fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana con destino a Estados Unidos. Su captura se considera un golpe significativo contra el narcotráfico en la región.

Durante su detención en la colonia Las Quintas, el presunto delincuente portaba armas de uso exclusivo del Ejército, equipo táctico, dinero en efectivo y drogas. En esa misma zona, previamente se había localizado un centro de monitoreo clandestino utilizado por el crimen organizado para vigilar la ciudad.

La aprehensión de “El Güerito” ocurre en un contexto de conflictos entre grupos criminales en Sinaloa, los cuales han provocado hechos violentos desde el 9 de septiembre de 2024. Su captura podría representar un reacomodo dentro de la estructura del cártel y posibles represalias por parte de sus integrantes.

Se sabe que José Ángel tenía su propia célula delictiva y que participó en diversos operativos tras la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Este último fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, lo que desató violentos narcobloqueos y la quema de vehículos en la ciudad, obligando a su liberación. Sin embargo, fue recapturado el 5 de enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, lo que generó una nueva ola de disturbios conocida como “Culiacanazo 2.0“.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó la detención de “El Güerito”como un avance importante en la lucha contra el narcotráfico. Advirtió que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, por lo que podría ser extraditado para enfrentar la justicia estadounidense.

José Ángel y los objetos asegurados serán trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México, donde se definirá su situación legal en los próximos días.