Tensión y resistencia en el Poder Judicial CDMX mientras sigue el paro y crecen divisiones

El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México continúa sin señales de resolución tras más de tres semanas de bloqueos. Las negociaciones entre representantes de los trabajadores judiciales y el gobierno capitalino concluyeron nuevamente sin acuerdos concretos. El conflicto, originado por la exigencia de un aumento salarial del 10%, se mantiene firme ante lo que los trabajadores califican como respuestas insuficientes por parte de las autoridades.

Durante la más reciente reunión, celebrada entre miembros de la coalición de trabajadores y el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, no se presentó una propuesta concreta que incluyera porcentajes, montos u obligaciones presupuestales. En su lugar, se ofreció una revisión estructural del presupuesto para encontrar posibles ahorros, lo cual no fue considerado suficiente por los voceros del movimiento.

Ericka Italia Ojeda, portavoz del colectivo, señaló que el documento propuesto por el gobierno no correspondía con la solicitud enviada días antes. Ante más de cien trabajadores reunidos afuera del edificio ubicado en Niños Héroes 119, Ojeda detalló que las autoridades solicitaron firmar el acuerdo este viernes, argumentando que el lunes 23 de junio podrían implementarse medidas para reactivar el funcionamiento del Poder Judicial, incluso sin la participación del movimiento.

Las medidas contempladas incluyen iniciar actividades con personal sindicalizado, decisión que desató críticas de los manifestantes, quienes acusaron a los sindicatos de actuar sin consultar a la base trabajadora. “Ellos van a firmar lo que a ellos les convenga. No han velado por nuestros derechos”, afirmó Ojeda durante un mitin frente al complejo judicial de la colonia Doctores.

Al interior del movimiento también surgieron voces que respaldaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Algunos trabajadores destacaron avances como la instalación de mesas de diálogo, garantías de no represalias y la promesa de un bono comparable con el porcentaje solicitado. Este bono, según testimonios, podría entregarse en diciembre y representaría un beneficio directo para quienes han participado en las protestas.

Sin embargo, el consenso no fue alcanzado. La mayoría decidió mantener el paro y continuar con el bloqueo a partir del lunes a las seis de la mañana. Esta postura fue reforzada por un llamado colectivo a preservar la unidad y sostener la presión hasta lograr una propuesta con garantías firmes.

Por parte del gobierno, el subsecretario Juan José García Ochoa confirmó que la expectativa oficial es que el Poder Judicial retome actividades a partir del lunes. Indicó también que si el tribunal toma decisiones diferentes para reactivar su funcionamiento, contará con el respaldo total del gobierno de la ciudad.

La situación sigue abierta, con dos posturas claramente definidas: una que apuesta por resistir y otra que busca avanzar con los recursos disponibles. El escenario se mantiene en tensión ante la inminente llegada de un nuevo lunes sin justicia operativa en la capital.

La protesta que activistas sacudieron Ciudad Judicial: Voces trans contra la impunidad

Una protesta en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, liderada por activistas trans, dejó un mensaje contundente sobre la violencia y discriminación que enfrenta su comunidad. La manifestación, encabezada por Natalia Lane, incluyó actos de vandalismo en las instalaciones del Poder Judicial, con destrozos en pantallas, puertas de vidrio y arcos detectores de metales.

La acción se enmarca en un contexto de creciente frustración por la falta de justicia en casos de transfeminicidios y otros crímenes de odio. Videos difundidos en redes sociales muestran a las manifestantes armadas con martillos y exigiendo respuestas por los altos índices de impunidad que persisten en los crímenes contra personas trans en México.

La protesta provocó un operativo de seguridad en la Colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se desplegaron elementos policiales para evitar mayores daños y se cerraron calles cercanas. Las afectaciones viales reflejan la intensidad de un conflicto que pone en el centro la exigencia de justicia por parte de un sector históricamente vulnerado.

La lucha de Natalia Lane, conocida por su activismo, no es nueva. Apenas el 14 de enero, durante un evento público, increpó a Bertha Alcalde, fiscal capitalina, cuestionando las políticas de la Fiscalía en torno a transfeminicidios. Lane denunció la falta de medidas efectivas y la omisión en casos graves que afectan a su comunidad.

Su propia experiencia es un símbolo de esta problemática. En 2022, Natalia fue víctima de un intento de feminicidio, caso que se llevó a juicio como un feminicidio en grado de tentativa, un avance significativo en términos de reconocimiento legal. Sin embargo, la activista sigue enfrentando la posibilidad de que su agresor obtenga libertad, lo que la motivó a solicitar el amparo de la justicia federal, aunque esta resolvió que no procede modificar la medida cautelar de prisión preventiva. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en respuesta, reiterando su compromiso con el caso de Lane y destacando el precedente que representó judicialmente. Sin embargo, estas palabras contrastan con la percepción de la comunidad trans sobre la falta de avances reales en otros casos similares.

El contexto es alarmante. La comunidad trans en México enfrenta tasas desproporcionadas de violencia, con crímenes que rara vez encuentran justicia. Las protestas, aunque controversiales, reflejan el nivel de desesperación y la urgencia de un cambio.