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La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La mañana del pasado miércoles, alrededor de cien exjueces y exmagistrados federales tomaron la avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, para reclamar la falta de pagos que, aseguran, les adeuda el Poder Judicial. El cierre vial se realizó a la altura del cruce con Loreto, justo frente al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), donde los inconformes esperaban ser atendidos por autoridades judiciales, aunque no obtuvieron respuesta.

El grupo de exjuzgadores denunció que no se les ha entregado la indemnización extraordinaria que les corresponde tras haber dejado sus cargos dentro del sistema judicial. Este pago, previsto por la normativa interna del Poder Judicial, busca garantizar estabilidad económica a quienes concluyen su labor como impartidores de justicia, pero los manifestantes aseguran que ha sido retenido sin justificación.

La protesta provocó un bloqueo total en ambos sentidos de Insurgentes Sur, una de las principales arterias de la capital, generando congestión vehicular y el desvío de rutas de transporte público. Los participantes, vestidos de traje y con carteles en mano, expresaron su descontento con consignas que exigían respeto a sus derechos laborales y al reconocimiento de su trayectoria dentro del sistema judicial.

Esta movilización se suma a la realizada un día antes, el martes 11 de noviembre, cuando el mismo grupo bloqueó la avenida Revolución y marchó hacia el Tribunal de Disciplina Judicial. En ambas jornadas, su objetivo fue el mismo: presionar a las autoridades judiciales para que liberen los pagos pendientes y establezcan un canal formal de diálogo con los exfuncionarios.

El reclamo de los exjueces y exmagistrados surge en un contexto de tensiones internas en el Poder Judicial, derivadas de los recientes ajustes administrativos y financieros impulsados tras la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia encargada de supervisar el comportamiento ético y profesional de jueces y magistrados. Con este organismo en funcionamiento, varios juzgadores se han retirado o separado de sus cargos, situación que ha derivado en conflictos sobre sus compensaciones económicas.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades judiciales no habían emitido una respuesta oficial ni se reportaban avances en las negociaciones. La movilización sobre Insurgentes concluyó después de varias horas, pero los participantes advirtieron que podrían retomar las protestas si no se concreta el pago de las indemnizaciones.

Con esta manifestación, los exjuzgadores buscan visibilizar una problemática que, según ellos, afecta a decenas de funcionarios que dedicaron años de servicio al Poder Judicial y que hoy exigen lo que consideran un derecho legítimo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión de alto nivel con funcionarios del Gobierno mexicano, luego del ataque de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el océano Pacífico, hecho que generó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los reportes, el diplomático estadounidense arribó la tarde de este martes a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde sostuvo un diálogo con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Morales. La reunión se realizó a petición expresa de la mandataria mexicana, tras conocerse los ataques que dejaron un sobreviviente y la destrucción de al menos cuatro vehículos marítimos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber solicitado el encuentro con el embajador, tras calificar de inaceptables las acciones realizadas por las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. “Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, declaró.

La mandataria explicó que el llamado se realizó “en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos”,con el objetivo de analizar a fondo la situación y exigir explicaciones formales sobre los hechos ocurridos.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Marina será la encargada de ofrecer detalles sobre el incidente, el cual tuvo lugar a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, dentro de aguas internacionales. “Les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente. Lo que sí, fue en aguas internacionales”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que los ataques se realizaron el lunes, cuando fuerzas estadounidenses emprendieron una operación contra cuatro embarcaciones en el océano Pacífico, que dejó 14 personas muertas y un sobreviviente.

Aunque el gobierno estadounidense no ha precisado aún las causas ni el objetivo de la operación, la reacción del Gobierno de México ha sido inmediata, con el llamado a mantener la cooperación bilateral bajo los tratados vigentes y el respeto al derecho internacional.

La reunión entre Ronald Johnson, Juan Ramón de la Fuente y Raymundo Morales se desarrolla en un contexto de tensión diplomática, mientras ambos países buscan esclarecer los hechos y garantizar que los mecanismos de seguridad conjunta se mantengan dentro de los marcos legales establecidos.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a los militantes y funcionarios de Morena para que actúen con humildad, austeridad y congruencia, tras la polémica generada por los recientes viajes internacionales de figuras del partido, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia del 28 de julio, Sheinbaum se dirigió con claridad al movimiento que representa: “El poder se debe ejercer con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser”. La mandataria puntualizó que, si bien cualquier persona tiene derecho a viajar, quienes ocupan cargos públicos tienen una doble responsabilidad: actuar con ética y representar los principios que sustentan a la Cuarta Transformación.

La controversia más reciente surgió tras la difusión de imágenes de López Beltrán en el lujoso hotel Okura de Tokio, Japón. En la fotografía aparece acompañado por el diputado de Morena Daniel Asaf Manjarrez, quien previamente había trabajado como jefe de la Ayudantía presidencial. La escena en el buffet del hotel generó cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del movimiento y las acciones de algunos de sus miembros más visibles.

Sheinbaum enfatizó que la imagen pública de los representantes políticos debe reflejar los valores del movimiento, recordando que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, un principio heredado de la ideología lópezobradorista. La presidenta también subrayó que quienes hoy están en el servicio público tienen la posibilidad de ser recordados no solo por sus logros, sino también por su comportamiento ante la ciudadanía.

A lo largo de las últimas semanas, otros integrantes de Morena han sido señalados por vacacionar en destinos exclusivos, principalmente en Europa. Ante las críticas, varios legisladores han aclarado que sus viajes fueron costeados con recursos propios y que ocurrieron durante el actual receso legislativo, periodo en el que no asisten a sesiones salvo quienes forman parte de la Comisión Permanente.

Uno de ellos fue Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, quien también fue cuestionado por un viaje a Portugal. En la misma conferencia matutina, respondió: “Efectivamente, salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades”.

Este tipo de situaciones ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la coherencia entre los principios fundacionales de la 4T y el comportamiento de sus integrantes. Con su posicionamiento, Sheinbaum busca marcar un rumbo claro hacia una congruencia entre el discurso y las acciones del gobierno que encabeza.