Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han hecho un hallazgo sorprendente en la región fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora: un túnel clandestino que atraviesa el muro fronterizo hacia Estados Unidos. Este pasadizo subterráneo, descubierto el 1 de mayo, es el último ejemplo de la ingeniosa infraestructura utilizada por el crimen organizado para el trasiego de drogas y personas sin documentos. 

El túnel, que mide menos de cinco metros de longitud, fue localizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en colaboración con oficiales de migración de la Patrulla Fronteriza. Según el informe oficial, el pasadizo estaba estratégicamente excavado junto al muro fronterizo, permitiendo el cruce discreto de personas y sustancias ilícitas.

Las autoridades también encontraron herramientas de excavación en el lugar del descubrimiento, incluyendo palas, barras y cubetas, cubiertas con hojas de madera y maleza para camuflaje. Aunque no se realizaron detenciones ni se incautaron drogas en el lugar, el Ministerio Público Federal (AMPF) ha iniciado una Carpeta de Investigación para esclarecer los hechos.

Este no es el primer túnel encontrado en la zona fronteriza entre Sonora y Arizona. Desde 1990, más de 230 pasadizos clandestinos han sido descubiertos por las agencias de seguridad y migración, la mayoría de ellos en el estado de Sonora, cerca de la región de Nogales. El túnel más grande descubierto hasta la fecha fue encontrado en enero de 2020 en Tijuana y San Diego, con una infraestructura compleja que incluía iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje y un sistema de transporte similar al de la minería.

Este descubrimiento destaca la continua lucha contra el crimen organizado en la región fronteriza y subraya la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico ilícito de drogas y personas. A medida que el Cártel de Sinaloa y otras facciones del crimen organizado continúan buscando nuevas rutas y métodos para el contrabando, la vigilancia y la aplicación de la ley deben permanecer alertas y adaptarse a estas amenazas en constante evolución.

La rápida respuesta de las autoridades en la identificación y clausura de este túnel es un recordatorio de la dedicación de las fuerzas del orden en la región, así como de la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen transfronterizo. A medida que se desarrollan nuevas estrategias y tecnologías por parte de los grupos criminales, es fundamental que las agencias de seguridad continúen innovando y coordinándose para proteger las fronteras y garantizar la seguridad de ambos países.

La reciente noticia sobre el estado del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de Chilpancingo, Guerrero, ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Los resultados de los análisis toxicológicos realizados en el hospital general “José G. Parres” de Cuernavaca han dejado al descubierto una realidad alarmante: la presencia de cocaína y benzodiacepinas en su organismo. 

El drama comenzó el sábado 27 de abril cuando el obispo fue reportado desaparecido. La incertidumbre se profundizó al descubrir que fue encontrado en una sala de urgencias del hospital general de Cuernavaca el lunes siguiente. Los detalles de su ingreso revelan un cuadro preocupante: deterioro neurológico, somnolencia y falta de pertenencias, acompañados por un blister de pastillas de sildenafil.

Las circunstancias de su hallazgo, entre llamadas de auxilio desde un hotel y su ingreso en estado de somnolencia, pintan un panorama sombrío. Los médicos que lo atendieron informaron sobre la necesidad de intervención urgente, incluida la administración de flumazenil y naloxona para contrarrestar los efectos de las drogas detectadas en su sistema.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió una alerta y solicitó la colaboración de las autoridades gubernamentales para localizar al obispo, mientras que el fiscal Uriel Carmona confirmó que fue víctima de secuestro exprés con el objetivo de obtener dinero a través de retiros en cajeros automáticos.

Las declaraciones del abogado del obispo, Pedro Martínez Bello, revelan la gravedad de la situación: se recomienda un período de tres días de reposo para desintoxicar su cuerpo de las sustancias suministradas por sus captores. Sin embargo, el secretario de gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo Salgado, ha arrojado dudas sobre la versión del secuestro exprés, señalando que el obispo fue visto por última vez en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata.

La controversia en torno a los eventos que llevaron al estado crítico del obispo contrasta con la urgencia médica de su situación. Su egreso voluntario del hospital general de Cuernavaca y su traslado a un hospital privado plantean interrogantes sobre su recuperación y seguridad.

Este caso no solo destaca la vulnerabilidad de una figura religiosa prominentemente conocida, sino que también pone de relieve la complejidad de los desafíos sociales que enfrenta la sociedad mexicana. La drogadicción, el secuestro y la seguridad pública son temas que requieren atención urgente y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

La comunidad religiosa, las autoridades y la sociedad en su conjunto esperan que este incidente conduzca a una reflexión profunda sobre los problemas subyacentes y a un compromiso renovado con la protección y el cuidado de todos los ciudadanos, sin importar su estatus o profesión.