En un significativo golpe a la delincuencia organizada, la Guardia Nacional de México aseguró un considerable arsenal de armas, municiones y drogas en el municipio de Jiménez, Chihuahua. Este operativo se llevó a cabo sin que se reportaran detenciones, pero ha derivado en una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un recorrido de vigilancia rutinario, elementos de la Guardia Nacional localizaron dos camionetas abandonadas en una brecha en el municipio de Jiménez. Al inspeccionar los vehículos, los agentes descubrieron un preocupante alijo de armamento y otros materiales ilícitos, que evidencian la actividad de grupos criminales en la región.

En el interior de las camionetas, los agentes hallaron un arsenal compuesto por tres armas largas, más de una docena de cargadores de alto calibre y alrededor de 50 cartuchos útiles en una cinta eslabonada para ametralladora. Este hallazgo destaca la magnitud del poder de fuego al que tienen acceso estos grupos delictivos, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad pública en Chihuahua y en todo el país.

Además del armamento, se encontraron varias dosis de marihuana y chalecos balísticos marcados con las siglas de un grupo criminal. Este equipo táctico sugiere que los delincuentes estaban preparados para enfrentamientos violentos, subrayando la peligrosidad de estas organizaciones y su capacidad para operar con impunidad en ciertas áreas.

Aunque no se reportó la detención de ninguna persona en el lugar del hallazgo, la FGR ha iniciado una carpeta de investigación contra quien resulte responsable. Esta acción es fundamental para rastrear el origen del arsenal y los posibles vínculos con organizaciones criminales. La falta de detenidos en el momento del operativo no disminuye la importancia del aseguramiento, ya que las investigaciones podrían llevar a la captura de individuos clave en el futuro.

La Guardia Nacional emitió un comunicado en el que destacó la importancia de este aseguramiento y reiteró su compromiso con la seguridad y el combate a la delincuencia organizada. “La localización y aseguramiento de este armamento es un paso importante en nuestros esfuerzos continuos por desarticular a los grupos criminales que operan en la región. Continuaremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló un portavoz de la Guardia Nacional.

Chihuahua ha sido históricamente una zona conflictiva en términos de actividad criminal, con varios grupos delictivos luchando por el control de rutas de tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Este tipo de operativos por parte de la Guardia Nacional son cruciales para mermar la capacidad operativa de estos grupos y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han hecho un hallazgo sorprendente en la región fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora: un túnel clandestino que atraviesa el muro fronterizo hacia Estados Unidos. Este pasadizo subterráneo, descubierto el 1 de mayo, es el último ejemplo de la ingeniosa infraestructura utilizada por el crimen organizado para el trasiego de drogas y personas sin documentos. 

El túnel, que mide menos de cinco metros de longitud, fue localizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en colaboración con oficiales de migración de la Patrulla Fronteriza. Según el informe oficial, el pasadizo estaba estratégicamente excavado junto al muro fronterizo, permitiendo el cruce discreto de personas y sustancias ilícitas.

Las autoridades también encontraron herramientas de excavación en el lugar del descubrimiento, incluyendo palas, barras y cubetas, cubiertas con hojas de madera y maleza para camuflaje. Aunque no se realizaron detenciones ni se incautaron drogas en el lugar, el Ministerio Público Federal (AMPF) ha iniciado una Carpeta de Investigación para esclarecer los hechos.

Este no es el primer túnel encontrado en la zona fronteriza entre Sonora y Arizona. Desde 1990, más de 230 pasadizos clandestinos han sido descubiertos por las agencias de seguridad y migración, la mayoría de ellos en el estado de Sonora, cerca de la región de Nogales. El túnel más grande descubierto hasta la fecha fue encontrado en enero de 2020 en Tijuana y San Diego, con una infraestructura compleja que incluía iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje y un sistema de transporte similar al de la minería.

Este descubrimiento destaca la continua lucha contra el crimen organizado en la región fronteriza y subraya la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico ilícito de drogas y personas. A medida que el Cártel de Sinaloa y otras facciones del crimen organizado continúan buscando nuevas rutas y métodos para el contrabando, la vigilancia y la aplicación de la ley deben permanecer alertas y adaptarse a estas amenazas en constante evolución.

La rápida respuesta de las autoridades en la identificación y clausura de este túnel es un recordatorio de la dedicación de las fuerzas del orden en la región, así como de la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen transfronterizo. A medida que se desarrollan nuevas estrategias y tecnologías por parte de los grupos criminales, es fundamental que las agencias de seguridad continúen innovando y coordinándose para proteger las fronteras y garantizar la seguridad de ambos países.

La reciente noticia sobre el estado del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de Chilpancingo, Guerrero, ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Los resultados de los análisis toxicológicos realizados en el hospital general “José G. Parres” de Cuernavaca han dejado al descubierto una realidad alarmante: la presencia de cocaína y benzodiacepinas en su organismo. 

El drama comenzó el sábado 27 de abril cuando el obispo fue reportado desaparecido. La incertidumbre se profundizó al descubrir que fue encontrado en una sala de urgencias del hospital general de Cuernavaca el lunes siguiente. Los detalles de su ingreso revelan un cuadro preocupante: deterioro neurológico, somnolencia y falta de pertenencias, acompañados por un blister de pastillas de sildenafil.

Las circunstancias de su hallazgo, entre llamadas de auxilio desde un hotel y su ingreso en estado de somnolencia, pintan un panorama sombrío. Los médicos que lo atendieron informaron sobre la necesidad de intervención urgente, incluida la administración de flumazenil y naloxona para contrarrestar los efectos de las drogas detectadas en su sistema.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió una alerta y solicitó la colaboración de las autoridades gubernamentales para localizar al obispo, mientras que el fiscal Uriel Carmona confirmó que fue víctima de secuestro exprés con el objetivo de obtener dinero a través de retiros en cajeros automáticos.

Las declaraciones del abogado del obispo, Pedro Martínez Bello, revelan la gravedad de la situación: se recomienda un período de tres días de reposo para desintoxicar su cuerpo de las sustancias suministradas por sus captores. Sin embargo, el secretario de gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo Salgado, ha arrojado dudas sobre la versión del secuestro exprés, señalando que el obispo fue visto por última vez en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata.

La controversia en torno a los eventos que llevaron al estado crítico del obispo contrasta con la urgencia médica de su situación. Su egreso voluntario del hospital general de Cuernavaca y su traslado a un hospital privado plantean interrogantes sobre su recuperación y seguridad.

Este caso no solo destaca la vulnerabilidad de una figura religiosa prominentemente conocida, sino que también pone de relieve la complejidad de los desafíos sociales que enfrenta la sociedad mexicana. La drogadicción, el secuestro y la seguridad pública son temas que requieren atención urgente y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

La comunidad religiosa, las autoridades y la sociedad en su conjunto esperan que este incidente conduzca a una reflexión profunda sobre los problemas subyacentes y a un compromiso renovado con la protección y el cuidado de todos los ciudadanos, sin importar su estatus o profesión.