Vinculan a proceso a “El Jardinero” y ordenan que continúe en el penal del Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, enfrentará proceso penal por la portación de arma de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La determinación judicial incluye que el imputado permanezca bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la autoridad federal, el juez validó la imputación presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La resolución se produce días después de que una jueza federal concediera a “El Jardinero” una suspensión de plano que detiene temporalmente su posible traslado a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos asociación delictuosa contra la salud y portación de armas.

La captura de Flores ocurrió el pasado 27 de abril en Nayarit, durante un operativo realizado por fuerzas federales. Su detención se dio en un contexto marcado por la reconfiguración interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, dos meses antes, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras ese hecho, especialistas identificaron a “El Jardinero” como uno de los perfiles que habrían asumido funciones de liderazgo dentro de la organización criminal. Su nombre figuraba entre quienes podrían ocupar posiciones clave en la estructura del grupo.

Con la vinculación a proceso ya formalizada, el caso entra en una nueva etapa judicial, mientras el imputado continúa recluido en el penal de máxima seguridad y se desarrollan las diligencias para fortalecer la acusación en su contra.

Hechos violentos en Tabasco marcan la visita de Sheinbaum durante su informe

La visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Tabasco estuvo acompañada de un clima de violencia en Villahermosa, donde un grupo armado incendió un vehículo y dejó un mensaje dirigido a la mandataria. El hecho ocurrió este sábado 20 de septiembre de 2025, mientras la jefa del Ejecutivo ofrecía su informe “La Transformación Avanza” ante cientos de personas reunidas en el Parque de la capital tabasqueña.

El estado de Tabasco fue el número 20 en la gira de rendición de cuentas de Sheinbaum, con la que ha recorrido gran parte del país para exponer los avances de sus primeros once meses de gobierno. De manera extraoficial, se reportó un reforzamiento de la seguridad en Villahermosa con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, tras los acontecimientos violentos.

El ataque se registró en la avenida César Sandino, una de las principales vialidades de la capital tabasqueña, donde hombres armados prendieron fuego a un automóvil y dejaron un mensaje que mencionaba directamente a la presidenta. Pese a la magnitud del hecho, Sheinbaum no abordó el tema de seguridad en su discurso ni hizo referencia a la reciente detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”.

Bermúdez Requena fue capturado en Paraguay y trasladado a México, donde permanece recluido en el Penal Federal Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exfuncionario ocupó cargos en la Fiscalía tabasqueña y posteriormente fue nombrado secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

A la presentación de la presidenta asistió Jaime Lastra, expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco y exfiscal del estado al inicio de la administración de López Hernández. Al ser cuestionado sobre sus vínculos con Bermúdez Requena, respondió: “Pues solamente conozco lo que ustedes conocen no hay otra —usted fue fiscal— tengo amigos en todos los lugares en administración pública federal, estatal y tengo amigos de los medios de comunicación”.

Por su parte, el actual fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró que la Policía Olmeca continúa con operativos permanentes para contener la incidencia delictiva y expresó respaldo al grupo de trabajo de seguridad estatal. También afirmó no tener información que confirme la presunta detención de José del Carmen Castillo, alias “La Rana”, quien habría operado bajo las órdenes de Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad.

Tras concluir el evento en Villahermosa, la presidenta Sheinbaum continuó con su agenda y se trasladó al estado de Campeche como parte de su gira nacional.

Extraditan a México a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, con nueva orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

Tribunal confirma que no hay pruebas contra ‘El Mochomo’ en caso Ayotzinapa

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

 

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

 

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

 

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

Detienen a piloto aviador y operador de Los Chapitos además de portación de armas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Mauro “N”, alias “El Jando”, por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, específicamente por la posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina. 

Durante su detención el pasado 8 de febrero, se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 59 cartuchos, además de mil tabletas de fentanilo y una bolsa con 990 gramos de clorhidrato de metanfetamina. 


Debido a la gravedad de los cargos, el juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “Altiplano”. Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

 

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil y operador de Los Chapitos, grupo ligado al narcotráfico y dirigido por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su rol dentro de la organización habría sido clave para el transporte de sustancias ilícitas.

 

A pesar de su detención, la semana pasada un juez federal otorgó a “El Jando” una suspensión de plano dentro de un juicio de amparo, lo que impide cualquier proceso de extradición en su contra mientras se resuelve su situación legal.

 

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el nivel de participación del acusado en las operaciones del grupo delictivo y su posible implicación en otros delitos relacionados con el narcotráfico.

 

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil, operador de Los Chapitos, y colaborador cercano de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 


Revés Judicial en Caso del Viaducto Bicentenario: FGR Anuncia Acciones Legales

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.