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La captura de Edwin Antonio “N”, alias “El Max” o “El Oso”, en un operativo militar en Sinaloa dejó una marca violenta esta semana con el abatimiento de 19 miembros del Cártel de Sinaloa. Este suceso, sin bajas militares, fue explicado en una conferencia de prensa por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien detalló las razones detrás de la feroz respuesta de las fuerzas armadas. “La violencia y el armamento que ahora exhiben estos grupos criminales son una amenaza latente; están dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a sus líderes”, sostuvo el general.

Trevilla indicó que tras la captura de figuras clave como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y la ofensiva contra Ismael “El Mayo” Zambada, la estructura del Cártel de Sinaloa ha endurecido sus filas con escoltas y sicarios cada vez más agresivos y bien equipados. “Los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas. Estos son sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida por sus protegidos”, señaló Trevilla, al tiempo que defendió la actuación del Ejército en este último operativo.

Para el general, el incremento en la capacidad de fuego y la voluntad de los criminales para enfrentar a las autoridades no dejan margen de error. “El personal militar que participa en estos operativos está adiestrado, capacitado y equipado para hacer frente a un nivel de violencia que ha escalado”, añadió, explicando que los soldados emplean equipo de protección como chalecos antibalas y cascos, aspectos que fueron determinantes para evitar bajas en las filas militares.

En medio de cuestionamientos por la crudeza de los enfrentamientos, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia Militar ya han abierto investigaciones para esclarecer si hubo alguna violación a los derechos humanos en el operativo. Trevilla confirmó que ambas instituciones “tomaron cartas de inmediato”, y destacó que cualquier irregularidad se informará una vez concluida la investigación.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de los soldados, reiterando su postura de cero tolerancia a ejecuciones extrajudiciales. “En este gobierno, no se tolerará ninguna acción fuera de la ley”, enfatizó Sheinbaum, subrayando que la respuesta de los militares fue consecuencia de una agresión directa por parte de los sicarios.

La declaración de Sheinbaum marca un contraste con la postura que en su momento mantuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que en México las masacres en operativos de seguridad habían llegado a su fin. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia y el cambio en la estructura delictiva obligan a una revisión de las estrategias de seguridad, que ahora parecen centrarse en contener la fuerza de estos grupos con una respuesta igualmente contundente.

Sinaloa está recibiendo un nuevo impulso en la lucha contra la inseguridad con la llegada de 590 elementos de la Guardia Nacional (GN). Así lo anunció este viernes el gobernador Rubén Rocha Moya durante la ceremonia de cambio de mando de la Tercera Región Militar, en la que Guillermo Briseño Lobera asumió el liderazgo por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador expresó su esperanza en estos refuerzos, destacando la necesidad de mayor presencia y apoyo militar para controlar la violencia en el estado. “Esperamos que nos ayuden”, señaló Rocha Moya a los medios de comunicación, en referencia a los nuevos efectivos que colaborarán con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina en los operativos de seguridad que se implementan en la zona centro de Sinaloa desde el mes pasado.

Rocha Moya aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en el estado, desde la Guardia Nacional hasta la Policía Estatal, destacando su labor en el “resguardo de la seguridad y la proximidad ciudadana”. A pesar de los avances, el gobernador reconoció que todavía queda mucho por hacer: “Están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, afirmó.

En otro movimiento clave, Rocha Moya anunció en sus redes sociales que se reunirá mañana con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para continuar afinando las estrategias de seguridad en la capital. Este encuentro, según el gobernador, será crucial para avanzar en los trabajos de protección y prevención que buscan reducir la violencia en Sinaloa.

Sinaloa, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado en México, ha estado bajo el foco de las autoridades federales en los últimos meses. Los refuerzos enviados por la GN y la coordinación con la Fuerza Aérea y la Marina buscan fortalecer los operativos ya en marcha. A pesar de los esfuerzos, Rocha Moya admite que aún no se puede cantar victoria en la lucha contra la inseguridad, pero el despliegue de 590 elementos representa un paso importante en esa dirección.

Con este despliegue, las expectativas son altas, y los sinaloenses esperan ver resultados en los próximos meses. El gobernador Rocha Moya ha dejado claro que la seguridad es una prioridad en su administración, y la colaboración con el gobierno federal sigue siendo clave para enfrentar los retos que esta situación presenta. “Este esfuerzo conjunto es un compromiso con nuestra gente”, concluyó Rocha Moya.

En la última semana, Culiacán ha sido testigo de una ola de violencia que ha cobrado la vida de al menos 28 personas y ha dejado 30 desaparecidos, según las autoridades estatales. Entre el lunes 9 y el domingo 15 de septiembre, la capital de Sinaloa, conocida por ser un bastión del narcotráfico, ha sido escenario de enfrentamientos que, según informes, están ligados a facciones del Cártel de Sinaloa.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) había reportado 23 muertos hasta el sábado, la cifra aumentó a 28 tras el hallazgo de cinco cuerpos la madrugada del domingo. Los cuerpos, todos de hombres jóvenes entre 20 y 30 años, fueron encontrados en la salida sur de la ciudad. Algo que llamó la atención fue que todos llevaban sombreros en la cabeza y uno más, de adorno, colgado en el pecho.

Este macabro hallazgo fue reportado a las 07:00 de la mañana, y al lugar acudieron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía local para realizar las primeras investigaciones. La presencia militar en la ciudad ha incrementado en los últimos días, con el objetivo de “proteger a la población y evitar confrontaciones”, según declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de la movilización de las fuerzas armadas, los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, presuntamente vinculados a las facciones de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, han continuado. El pasado viernes, el presidente señaló que “no ha habido muchos homicidios”, aunque los números indican lo contrario. Hasta el viernes, se habían registrado 19 asesinatos, a los que se sumaron otros cuatro el sábado y cinco más el domingo.

Debido a la violencia, el gobierno de Sinaloa tomó la decisión de suspender las celebraciones del Día de la Independencia, programadas para este 15 de septiembre. Escuelas en Culiacán y otros municipios cercanos han cerrado sus puertas, mientras que muchos negocios han hecho lo mismo y las calles de la ciudad permanecen prácticamente vacías. La gente se resguarda en sus casas, esperando que la situación mejore.

Este clima de inseguridad refleja la feroz lucha por el control del territorio entre los grupos del narcotráfico. Mientras tanto, Culiacán sigue siendo una ciudad bajo asedio, donde la violencia y el miedo han apagado cualquier atisbo de normalidad.

A una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las heridas siguen abiertas y las preguntas sin responder. La reciente captura de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, líder del cártel Guerreros Unidos, reaviva la esperanza de obtener respuestas, pero también despierta temores sobre posibles manipulaciones.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes, expresó su preocupación de que “El Gil” pueda ser presionado para exonerar al Ejército y a otras autoridades de seguridad que habrían participado en la desaparición. En sus palabras, “Él ya rindió una declaración en sede ministerial la cual fue ratificada con juez. Esperamos que esta vez avance en esa dirección y que no vaya a haber una retractación… que no sea que lo coaccionen para efectos de que él modifique su declaración”.

Rosales recordó que las primeras declaraciones de “El Gil”, cuando fue detenido en 2015, ya señalaban la complicidad entre Guerreros Unidos y diversas corporaciones policiacas y militares. Estas declaraciones fueron respaldadas por conversaciones interceptadas por la DEA y proporcionadas a la SEIDO, en las que se confirma la colaboración entre el grupo criminal y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Además, “El Gil” habría sido el responsable de ordenar la entrega de al menos 17 de los 43 estudiantes. Según Rosales, “El Ejército mexicano interceptó una llamada de él con un jefe policiaco en la que hablan de 17 estudiantes que fueron trasladados… esta persona es sumamente relevante en la investigación y ojalá pueda coadyuvar al avance de las indagatorias”.

En medio de esta tensa situación, las familias de los desaparecidos y los activistas no se quedan de brazos cruzados. Durante septiembre, mes en que se conmemora el décimo aniversario de la tragedia, se realizarán manifestaciones para exigir justicia y evitar que se silencie la verdad. Los ojos de México y del mundo están puestos en “El Gil”. Su cooperación o su silencio podría cambiar el rumbo de una de las investigaciones más oscuras en la historia reciente del país. ¿Será un agente de la verdad o un peón manipulado? El tiempo lo dirá, pero la presión pública será clave para asegurar que se haga justicia.

Seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco están en el ojo del huracán tras ser vinculados a proceso por la desaparición forzada de una mujer en el municipio. Luis “N”, David “N”, Carlos “N”, Cristofer “N”, Alexis “N” y Ángel “N” fueron arrestados bajo la sospecha de haber participado en este grave delito, y ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos mientras continúan las investigaciones.

“Es un golpe duro a la confianza en las instituciones”, afirmó una fuente cercana al caso que prefirió mantenerse en el anonimato. Y es que este tipo de noticias estremecen, sobre todo cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía son los principales sospechosos.

La fiscalía de Guerrero, con apoyo del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional, realizó un cateo en las instalaciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Taxco el pasado 29 de agosto. Durante el operativo, no solo se detuvo a los seis policías implicados, sino que se arrestaron a 10 personas en total, entre ellos otros tres policías municipales señalados por el delito de secuestro agravado. “Nadie está por encima de la ley”, destacó la fiscalía en su comunicado.

Eusebio “N”, otro policía municipal, fue detenido por separado en la localidad de Cacalotenango, elevando aún más la gravedad de la situación. Este hecho refuerza las dudas sobre el manejo interno de la seguridad en Taxco y pone en evidencia las fallas en la supervisión de las fuerzas del orden.

Mientras el proceso sigue su curso, los seis policías permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Iguala. La comunidad está a la espera de respuestas claras y justicia para la víctima y su familia. “No podemos permitir que quienes juraron protegernos se conviertan en los responsables de nuestros miedos”, señaló un activista local.

Este caso es un recordatorio de que nadie está exento de rendir cuentas, y que la justicia debe prevalecer, incluso cuando los acusados visten uniforme. Ahora, la atención está puesta en las autoridades judiciales y en su capacidad para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. ¿Será este un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en las fuerzas policiales? Solo el tiempo y la justicia lo dirán.