La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.
Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.
La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.
El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.
Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.
Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.
Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.
