Autoridades federales descartan intimidaciones en Sinaloa y ubican operación de “Los Chapitos”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Capacitación bilateral en seguridad: Harfuch confirma invitación del Comando Norte a 39 funcionarios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los 39 funcionarios de seguridad que viajaron recientemente a Estados Unidos lo hicieron por invitación directa del Comando Norte de ese país (USNORTHCOM). La aclaración se realizó durante una conferencia de prensa, en la que detalló que este tipo de ejercicios de formación y cooperación no representan una acción extraordinaria, ya que se llevan a cabo desde hace varios años como parte de los mecanismos de coordinación entre ambas naciones.

García Harfuch precisó que los funcionarios pertenecen a la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y que participarán en actividades de capacitación con distintas corporaciones de seguridad estadounidenses. El periodo estimado de estos trabajos es de entre 40 y 45 días, tiempo durante el cual se fortalecerán capacidades técnicas y operativas mediante el intercambio de experiencias.

El titular de la SSPC subrayó que cada capacitación cuenta con un respaldo administrativo formal. “Para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así; en este caso fue una invitación”, explicó. Con ello, enfatizó que el procedimiento se ajusta a los canales institucionales establecidos entre ambos gobiernos.

Asimismo, García Harfuch aclaró que la cooperación y el intercambio de información no implican operaciones conjuntas en territorio mexicano. Señaló que cada país actúa exclusivamente dentro de sus fronteras y negó que agentes estadounidenses se encuentren realizando labores de seguridad en suelo nacional.

La explicación se da en un contexto reciente, luego de que el 18 de enero una aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos arribara a México sin que existiera una autorización previa del Senado. Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se trató del ingreso de tropas extranjeras, sino de un vuelo destinado únicamente a recoger a los funcionarios mexicanos, tras la autorización correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró que la relación bilateral en materia de seguridad se sustenta en cuatro ejes centrales: entendimiento, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza, así como cooperación sin subordinación. En ese marco, señaló que Estados Unidos aceptó y comprendió estos principios como base de la coordinación entre ambos países.

La mandataria también destacó que, bajo estos lineamientos, Estados Unidos debe realizar las operaciones que le corresponden dentro de su propio territorio para contribuir a la seguridad regional, en coordinación con México, manteniendo el respeto a la soberanía y a los acuerdos institucionales vigentes.

Plan Michoacán suma 932 detenidos y más de 12 mil agentes desplegados en operativos de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

Operación Paricutín: El despliegue federal que redefine la estrategia contra el crimen en Michoacán

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad en Tabasco, bajo investigación por presuntos nexos con el CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

Celebración en el Zócalo: Sheinbaum destaca suspensión de aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un mitin en el Zócalo capitalino para celebrar la suspensión de aranceles a las exportaciones mexicanas. Desde tempranas horas, miles de simpatizantes de Morena se congregaron en la Plaza de la Constitución, donde disfrutaron de la música del mariachi de la Guardia Nacional y del Grupo Armada, conformado por miembros de la Marina, quienes interpretaron un popurrí de salsa y cumbia. 

El evento contó con la presencia de trabajadores sindicalizados del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, SNTE, DIF, CATEM y otros gremios. En los edificios circundantes se desplegaron mantas de apoyo a la mandataria. Entre los símbolos presentes, destacaron banderas con la imagen de un murciélago, en referencia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

 

En la zona principal del templete se ubicaron 80 sillas de madera tapizadas en rojo, destinadas a gobernadores, miembros del gabinete legal y representantes del poder legislativo. Políticos y empresarios, como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, asistieron al evento, que fue amenizado por bandas musicales de la Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

 

Durante su discurso, Sheinbaum enfatizó que la relación con Estados Unidos se ha basado en el diálogo y el respeto, lo que permitió la suspensión de los aranceles impuestos el 4 de marzo por el expresidente Donald Trump. Explicó que tras una llamada telefónica el 6 de marzo, la medida se aplazó hasta el 2 de abril. Sin embargo, confió en que México quedará exento de futuros aranceles debido a los tratados comerciales firmados en las últimas tres décadas.

 

Sheinbaum también destacó la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia México como parte de la estrategia de seguridad para evitar la llegada de drogas como el fentanilo a Estados Unidos. Subrayó que su gobierno seguirá insistiendo en que el gobierno estadounidense refuerce el control de armas en su territorio.

 

En materia económica, la presidenta presentó cinco puntos clave para fortalecer el desarrollo de México: fortalecer el mercado interno, aumentar la autosuficiencia en alimentos y energía, impulsar la inversión pública, fomentar la producción nacional y consolidar los programas de bienestar. Aseguró que su administración busca garantizar la salud, educación, alimentación, vivienda y salarios justos como derechos fundamentales.

 

El evento, que reunió a más de 350 mil personas, transcurrió en calma y sin incidentes, según informó el gobierno de la Ciudad de México.

La red se cierra con la tercer detención de un implicado en el caso del Magistrado Román Pinzón

El asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, ocurrido el pasado 11 de diciembre en Acapulco, ha dado un nuevo giro con la detención de un tercer implicado. Este domingo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el avance en las investigaciones que buscan esclarecer el crimen que conmocionó a Guerrero y al país entero.

 

A través de su cuenta oficial, García Harfuch confirmó la captura de un sospechoso relacionado con el homicidio del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Este movimiento se suma a la vinculación a proceso, ocurrida hace apenas una semana, de dos presuntos responsables identificados como Luis Gerardo “N” y Diana “N”, acusados del delito de homicidio calificado.

 

El magistrado fue atacado en el fraccionamiento Las Playas, cerca de los juzgados de primera instancia en la emblemática zona de Caleta, en Acapulco. Su muerte marcó un episodio de gran impacto, dado su trayectoria y la relevancia de su labor en el sistema judicial de Guerrero.

 

La fiscalía del estado continúa trabajando en la recopilación de pruebas para sustentar la solicitud de una orden de aprehensión contra el detenido más reciente. Este paso es crucial para cerrar el círculo de las investigaciones que hasta ahora han señalado a tres posibles implicados.

 

El ataque, descrito por autoridades como un acto premeditado, ha puesto de relieve los retos de seguridad en Guerrero, una entidad que sigue enfrentando complejidades en términos de violencia y justicia. No obstante, las acciones coordinadas entre la fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad buscan enviar un mensaje claro: la justicia no se detendrá.

 

El caso, además de resonar por la figura de la víctima, ha llamado la atención por la rápida reacción de las autoridades en identificar y procesar a los presuntos responsables. Para muchos, este proceso representa un momento decisivo en la lucha contra la impunidad en crímenes de alto perfil.

 

Mientras se avanza en la investigación, la memoria de Edmundo Román Pinzón sigue presente entre colegas, familiares y la comunidad jurídica, quienes exigen que su asesinato no quede impune. Su legado como defensor de la ley y la justicia en Guerrero resalta aún más la importancia de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias.

 

Con esta detención, el caso avanza hacia la resolución, aunque el camino aún no ha terminado. La expectativa recae ahora en los próximos pasos de las autoridades para determinar el alcance completo de las responsabilidades y garantizar que se haga justicia en uno de los episodios más impactantes del cierre de 2024.