Operación Paricutín: El despliegue federal que redefine la estrategia contra el crimen en Michoacán

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

Investigación por corrupción alcanza a Julio Scherer Pareyón: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo que mantiene abierta una investigación en contra del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Julio Scherer Pareyón, hijo del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de corrupción en la concesión del libramiento de Nogales, en Sonora.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que la carpeta de investigación está en proceso de integración y será presentada ante los tribunales en las próximas semanas. La indagatoria se centra en la asignación del contrato de concesión para operar dicha vialidad, cuya inversión fue anunciada en noviembre de 2022 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con un presupuesto estimado de 500 millones de pesos.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamez, la cual obtuvo un contrato por más de 30 años para la administración del libramiento. Según los registros oficiales, esta empresa fue constituida el 25 de noviembre de 2022, apenas un día después del anuncio de Durazo sobre la ejecución de la obra. La creación exprés de la compañía y su falta de experiencia en infraestructura carretera son ahora elementos clave dentro de la investigación.

El propietario de Operadora de Caminos Carreteros Nogamez es Julio Aceves, identificado como socio directo de Julio Scherer Pareyón, lo que ha generado fuertes señalamientos por presunto conflicto de interés. Empresas que participaron en la misma licitación denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre vínculos familiares y empresariales entre los involucrados.

Además del legislador y su socio, figuran otros nombres dentro de esta posible red: Hugo Scherer Castillo y Valentina Scherer, ambos familiares cercanos del exconsejero presidencial Julio Scherer Ibarra. Todos ellos están incluidos en la carpeta de investigación y, según el fiscal Gertz Manero, se están estableciendo responsabilidades individualizadas.

 “El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley”, señaló el fiscal durante su intervención, subrayando que no se tolerarán actos fuera del marco legal, sin importar los vínculos políticos o familiares de los implicados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emitir órdenes de aprehensión por este caso, Gertz Manero respondió con contundencia: “Yo espero, pero por supuesto, claro que sí.”

La investigación pone en el foco a figuras públicas cercanas al círculo de poder durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y reabre el debate sobre los mecanismos de asignación de obras públicas y la fiscalización de los procesos licitatorios a nivel federal y estatal.

Tijuana y la declaratoria de emergencia: Un escudo frente a la contingencia migratoria

El Cabildo de Tijuana ha tomado una decisión que marca un precedente en su gestión ante crisis migratorias: emitir una declaratoria de emergencia para responder a la posible llegada masiva de migrantes. Esta acción busca prevenir impactos negativos tanto para los migrantes como para los habitantes de la ciudad, en medio de un contexto de tensiones por las políticas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La sesión extraordinaria del Cabildo, presidida por el alcalde Ismael Burgueño, fue unánime en su voto. El mensaje es claro: Tijuana está preparada para afrontar los desafíos que puedan derivarse de deportaciones masivas. Según el alcalde, la coordinación con los gobiernos estatal y federal será clave para garantizar una respuesta organizada y efectiva.

Magaly Ronquillo, regidora del municipio, explicó que la declaratoria permite a la tesorería municipal gestionar recursos para fortalecer la infraestructura destinada a esta contingencia. Esto incluye la habilitación de albergues, adquisición de insumos y arrendamiento de inmuebles, en colaboración con el sector privado.

El alcalde aseguró que esta medida preventiva busca evitar la saturación de espacios públicos y los problemas sociales que ello podría generar. Recordó experiencias del pasado, como la caravana migrante de 2018, para subrayar la importancia de actuar con antelación y transparencia. Además, enfatizó que los fondos se gestionarán sin afectar las áreas operativas del municipio. 

Mientras tanto, las cifras oficiales destacan que la situación actual en la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra relativamente calma. En diciembre, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 47,000 detenciones en la frontera suroeste, una cifra considerablemente menor que los picos observados en años recientes. Sin embargo, con la toma de posesión de Trump y sus anunciadas políticas de mano dura contra la migración, este panorama podría cambiar drásticamente.

Tijuana no solo se enfrenta a la logística de una posible crisis humanitaria, sino también al desafío de mantener la estabilidad en la ciudad. Para ello, el gobierno local promete una gestión responsable, dejando claro que la prioridad es tanto proteger a los migrantes como salvaguardar la calidad de vida de sus ciudadanos.

En palabras del alcalde Burgueño, “la tranquilidad de la población es primordial, y nuestra coordinación con el gobierno federal y estatal refuerza el compromiso de Tijuana ante esta posible contingencia”. Un mensaje que resuena en una ciudad que históricamente ha sido punto clave en el complejo panorama migratorio de la región.