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El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

Ernestina Godoy Ramos presentó los fundamentos de su plan estratégico de procuración de justicia durante su primera intervención como titular de la Fiscalía General de la República en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a autoridades federales y estatales, delineó un conjunto de acciones inmediatas para consolidar una institución que, según expuso, busca responder a las exigencias actuales y mantener a la víctima en el foco de todas las actuaciones.

La fiscal general señaló que su propuesta se sustenta en seis líneas de trabajo articuladas a partir de la coordinación con el Gabinete de Seguridad y del fortalecimiento de las 32 fiscalías estatales. Indicó que el diseño contempla un nuevo modelo de investigación e inteligencia adecuado a los parámetros probatorios que demanda el sistema penal.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, afirmó. De igual modo, insistió en la continuidad de esfuerzos para erradicar cualquier forma de corrupción o prácticas negligentes dentro de la institución.

Entre los puntos centrales de su plan también figura la reestructuración, modernización y robustecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Godoy Ramos explicó que esta instancia será orientada de manera más directa a atender delitos de alto impacto, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa de la FGR en investigaciones complejas. Añadió que la presentación formal del plan se realizará en los plazos previstos por la legislación vigente.

La sesión del Consejo contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y los gobernadores de las 32 entidades. En este encuentro se avaló el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, instrumento impulsado para enfrentar uno de los delitos con mayor presencia en distintas regiones del país. García Harfuch destacó que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio, se han registrado más de 102 mil llamadas al número de denuncia anónima 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en aproximadamente 22 estados.

El secretario subrayó la relevancia de reforzar la profesionalización policial, consolidar la coordinación institucional y mejorar los sistemas de información con el fin de ofrecer respuestas más ágiles y efectivas a la población. Sheinbaum coincidió en que la extorsión representa uno de los retos más urgentes en materia de seguridad y sostuvo que es esencial continuar avanzando en su eliminación, apoyándose en la nueva legislación en la materia.

Antes de la aprobación de esta ley, la extorsión correspondía al fuero común y requería la denuncia de la persona afectada para que pudiera abrirse una carpeta de investigación. Con la reforma vigente, la FGR tiene la facultad de perseguir el delito aun sin la presentación formal de denuncia, lo que amplía la capacidad de intervención de la autoridad federal.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la nueva Ley de Aguas, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto legislativo. La votación, realizada mientras productores agrícolas mantenían un bloqueo en los accesos de San Lázaro, concluyó con 28 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que la oposición reclamó que no se atendieron las demandas del sector agrícola.

De acuerdo con legisladores consultados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, notificó personalmente y por teléfono a diputados de la oposición que “hay una decisión de más arriba” para modificar el orden del día y dar prioridad a la discusión y votación de la Ley de Aguas en el pleno. Desde temprano, productores de distintas regiones del país se movilizaron hacia la capital y posteriormente instalaron un cerco con tractores y vehículos alrededor del Congreso de la Unión para intentar frenar el avance del proceso legislativo.

Monreal explicó que pidió a la Junta de Coordinación Política realizar el cambio en la agenda para que la reforma sea discutida y votada en las próximas horas. Con la aprobación en comisiones, el dictamen avanza hacia el pleno, donde legisladores anticipan que será votado a favor.

Tras conocer el resultado en comisiones, organizaciones y dirigentes agrícolas expresaron sentirse “traicionados” por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmaron que radicalizarán las movilizaciones en todo el país ante lo que consideran una falta de atención a las observaciones presentadas durante más de una semana de trabajo con legisladores.

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), señaló que habían construido acuerdos para garantizar la continuidad de concesiones y la atención a pozos sin títulos: “Duramos más de una semana trabajando junto con ellos… ya habíamos confiado”. Jorge Gutiérrez, dirigente agrícola de Chihuahua, advirtió que “siguen nada más la línea que le manda la señora presidente”, y responsabilizó a diputados y autoridades federales de las acciones que se deriven.

El malestar también se extendió entre productores como Jorge Robles, quien consideró que la reforma “acorralará” a quienes abastecen de alimentos al país. Otros dirigentes anunciaron que las protestas se ampliarán a todos los estados, incluyendo cierres carreteros y bloqueos en aduanas fronterizas. Señalaron que incluso impedirán el evento masivo convocado por el gobierno federal para celebrar siete años de Morena en el poder.

Baltazar Valdés, también dirigente del FNDCM, afirmó: “El Congreso nos traicionó… necesitamos bloquear el evento del sábado para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos”. En ese mismo sentido, la productora Alexa Jiménez cuestionó que haya motivos para celebrar: “El campo está en el abandono… están a punto de quitarnos la principal materia para producir”.

Con el dictamen aprobado en comisiones y en ruta hacia el pleno, el país entra en una jornada marcada por presión legislativa y una creciente movilización nacional del sector agrícola.

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el último reporte de este sábado se ha restablecido el suministro eléctrico a 236 mil 368 usuarios, lo que representa un avance del 73.78%. Sin embargo, más del 25% de los estados afectados por las intensas lluvias en el país continúan sin energía eléctrica.

En un comunicado, la CFE reiteró su compromiso para atender las contingencias derivadas de los fenómenos meteorológicos y pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Mientras tanto, las consecuencias de las fuertes lluvias siguen siendo graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de víctimas mortales aumentó a 41 personas, y 27 más permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales, Hidalgo registra 16 víctimas, Veracruz 15, Puebla nueve y Querétaro una. Las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen operativos de búsqueda con acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que supervisa los daños ocasionados por las lluvias que han dejado severas afectaciones principalmente en los estados de Veracruz e Hidalgo. Desde su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió un mensaje donde asegura que el gobierno federal trabaja en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, señaló Sheinbaum.

Las imágenes compartidas por la presidenta muestran los recorridos de supervisión y las acciones emprendidas por las fuerzas federales en las zonas más afectadas. Se trata de uno de los desastres naturales más severos en los últimos años para estas cinco entidades, comparable con lo ocurrido en octubre de 2023 cuando el huracán Otis golpeó el puerto de Acapulco.

En redes sociales, habitantes de Veracruz y otras regiones afectadas han difundido videos solicitando ayuda ante los daños en viviendas, caminos y la pérdida de bienes. En una comunidad cercana a Llamatlán, un grupo de maestros reportó haberse quedado varado por los deslaves y pidió apoyo urgente, pues aseguran no tener comida ni ropa.

El gobierno federal confirmó que los estados más perjudicados son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Ante la magnitud de los daños, la Secretaría de Marina activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de rescate y auxilio a la población.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó su plan de acción y respuesta en Veracruz, con equipos especializados para evaluar daños, brindar atención prehospitalaria, realizar labores de rescate y habilitar centros de acopio en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y locales continúan para restablecer servicios básicos y atender a las comunidades damnificadas.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo la reinauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 del IMSS en Cerro Gordo, Ecatepec, un recinto que tuvo que ser reconstruido tras los daños ocasionados por el sismo de 2017. Acompañada por autoridades federales, estatales y del sector salud, la mandataria afirmó que la reducción de la pobreza en el país es resultado directo de los programas sociales implementados por el gobierno.

La clínica, levantada con una inversión de 435 millones de pesos, está diseñada para atender 345 mil consultas médicas anuales y beneficiará a más de 352 mil derechohabientes. Durante el evento, Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

En su intervención, la presidenta reiteró que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Inegi, 13.4 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza en los últimos años. Subrayó que, después de cuatro décadas de incrementos constantes en los niveles de desigualdad, hoy se observa una reducción significativa en la brecha social.

“La encuesta mostró que la diferenciación social entre los más ricos y los más pobres pasó de 38 veces en el periodo 2006-2012, a 14 veces en la actualidad. Durante 40 años no se había disminuido la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó. Este resultado muestra que hoy la población en situación de pobreza es menor y que millones de personas viven con más bienestar”, señaló Sheinbaum.

La mandataria atribuyó este cambio no solo a los programas sociales, que este año sumarán 850 mil millones de pesos, sino también al incremento del salario mínimo, la inversión pública en obras estratégicas y la confianza de la iniciativa privada, que ha permitido alcanzar cifras récord de empleo.

“Cuando llegamos al gobierno se trató de continuar y avanzar en la transformación, no de regresar al pasado. Aumentamos de nuevo el salario mínimo un 12.5% en 2025 y vamos a seguir hasta que alcance para 2.5 canastas básicas, porque hoy alcanza para 1.8 canastas básicas”, afirmó.

Sheinbaum también hizo referencia al modelo económico de décadas pasadas, en el que, según dijo, se apostó por la privatización y la reducción del papel del Estado en áreas fundamentales como la salud. Recordó que el IMSS se mantuvo en pie “gracias a los trabajadores y a la organización sindical” y reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de las instituciones públicas.

“El Estado mexicano debe de proveer de la mejor manera el acceso a la salud, y en eso es un ejemplo el IMSS; estamos empeñados en recuperar este acceso a los derechos del pueblo”, agregó.

Con la reapertura de la Unidad de Medicina Familiar 93, Ecatepec recupera un espacio esencial para la atención médica de miles de familias, mientras que la presidenta destacó los avances sociales y económicos como parte de lo que calificó una “hazaña” nacional.

En un impresionante golpe contra el robo de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 933 mil litros de hidrocarburos en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica en un predio ubicado en la colonia Barrio de la Cruz, a tan solo una hora de la capital estatal, Xalapa.

La acción fue coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También participaron activamente elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública.

El decomiso incluyó, además del combustible ilegal, un total de 64 vehículos de distintos tipos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas, maquinaria pesada, así como tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos. Todo fue hallado dentro de un predio que ahora permanece bajo resguardo del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, ejecutó un cateo en Las Vigas de Ramírez, en dicha entidad, donde aseguró 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas, contenedores y un predio”, comunicó la dependencia federal de forma oficial.

La magnitud del hallazgo refuerza la alerta en la región, pues se suma a otros decomisos importantes realizados recientemente en el estado. Apenas unos días antes, en el sur de Veracruz, fue descubierta una minirrefinería clandestina que se dedicaba al procesamiento ilícito de combustibles. Asimismo, durante diciembre pasado, las autoridades hallaron más de un millón de litros de huachicol en el municipio de Tlalixcoyan y medio millón más en otro punto de Medellín.

Estos operativos forman parte de una estrategia nacional que busca frenar el mercado negro de hidrocarburos, una actividad que por años ha representado una amenaza para la seguridad energética del país. El aseguramiento de Las Vigas de Ramírez se suma a una lista creciente de acciones contundentes contra el llamado huachicol en Veracruz, entidad que continúa siendo un punto clave para este tipo de actividades ilícitas.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con firmeza, dejando bajo custodia judicial tanto los recursos materiales decomisados como el inmueble intervenido, en espera del avance en las diligencias legales correspondientes.

La más reciente reunión entre representantes del gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó sin avances concretos y con un mensaje claro desde las calles: el magisterio movilizado no cede. La mesa de diálogo, celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación, concluyó sin acuerdos sustanciales, prolongando un conflicto que mantiene en vilo a la capital del país desde el pasado 15 de mayo.

En voz de Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22, los maestros rechazaron las cinco propuestas presentadas por autoridades federales, señalando que no responden de manera efectiva a sus demandas históricas. Frente a sus compañeros, en la esquina de Reforma y Bucareli, Pérez afirmó: “Los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelven para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado”.

Entre los puntos que generaron más descontento se encuentra la permanencia de una tabla que, según la CNTE, ha afectado gravemente los derechos del magisterio. También fue criticada la idea de crear un colectivo interdisciplinario, la propuesta de abrogar la ley del USICAMM sin una ruta clara, y la opción de regresar al régimen del Décimo Transitorio, pero solo para quienes ingresaron antes del 1 de abril de 2007 y no firmaron para cuentas individuales. La falta de atención a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 también fue señalada como un punto débil.

La reunión, que contó con la presencia de los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación Pública), y Martí Batres (ISSSTE), se extendió por más de seis horas. Hasta la noche, ninguna de las dependencias involucradas había emitido un comunicado oficial sobre los resultados del encuentro.

El movimiento magisterial, que comenzó con una huelga nacional el 15 de mayo, mantiene su presencia en el centro de la Ciudad de México, con bloqueos y manifestaciones que han provocado afectaciones viales y sociales de gran escala. En Puebla, las protestas también se han replicado, aunque con menor intensidad.

La exigencia de un aumento salarial del 100 % ha encendido el debate público. Mientras sectores sociales respaldan la demanda al considerar que los maestros no reciben un salario acorde con su responsabilidad, otros señalan que la propuesta es insostenible fiscalmente. Actualmente, los docentes con plaza base en Puebla perciben entre 12,000 y 13,000 pesos mensuales netos, tras la homologación de 2024. La meta de la CNTE busca duplicar esa cifra y alcanzar ingresos de hasta 26,000 pesos mensuales, sin contar prestaciones y bonos.

Desde la CNTE se ha reiterado el deseo de establecer una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar insuficientes las negociaciones con representantes federales. El movimiento permanece activo y decidido a continuar la lucha conforme lo definan sus bases organizadas en todo el país.