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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.