La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunció la incautación de 33 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó ilegalmente al país. El operativo, realizado en la aduana de Pantaco, en la Ciudad de México, resultó en el decomiso de productos con un valor superior a los 300 millones de pesos. 

Entre los artículos asegurados se encuentran bocinas, patines eléctricos, moto-scooter, bicicletas, gatos hidráulicos, taladros, juguetes, ropa, mochilas y sillas ejecutivas. Según la ANAM, este es el decomiso más grande de mercancía ilegal proveniente de China en la historia del país.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su objetivo fue evitar la entrada de productos que no cumplen con los estándares y regulaciones nacionales, así como proteger a los consumidores mexicanos de posibles riesgos.

La aduana de Pantaco es una de las principales vías de acceso y salida de mercancías en México. Debido a su importancia estratégica, las autoridades han reforzado los controles para evitar el contrabando y la circulación de artículos que no cumplen con la normativa vigente.

Desde noviembre de 2024, el gobierno de México implementó un plan nacional contra el contrabando y la piratería en los 32 estados del país, incluyendo puertos y aeropuertos. Esta iniciativa surgió tras el operativo realizado en la Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que los operativos denominados “Limpieza” son una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo buscan frenar la venta de productos ingresados ilegalmente, sino también sancionar a quienes facilitan su ingreso y distribución. Entre los objetivos de estas acciones se encuentran las agencias aduaneras, los transportistas y los arrendadores de locales donde se comercializan estos productos.

Este decomiso representa un paso importante en la lucha contra el contrabando en México. Las autoridades han reafirmado su compromiso con el cumplimiento de las leyes y la protección de la economía formal, asegurando que continuarán con los operativos para frenar el comercio ilegal en el país.

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida de 190 mil 471 millones de pesos (9 mil 121 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2024, impactado por el aumento en el costo de ventas, el deterioro de activos y una mayor pérdida cambiaria. Este resultado contrasta con la ganancia de 5 mil 50 millones de pesos reportada en el mismo periodo de 2023. 

Los ingresos de la empresa crecieron un 2.6% interanual, alcanzando los 436 mil 633 millones de pesos, impulsados por un aumento en los precios de las gasolinas y en la exportación de productos refinados. Sin embargo, la deuda financiera se elevó a 97 mil 600 millones de dólares, reflejando la presión económica que enfrenta la compañía.

El gobierno mexicano ha apoyado a Pemex con inyecciones de capital para ayudar a cubrir sus deudas. En 2024, la empresa recibió 156 mil 500 millones de pesos, de los cuales 151 mil millones se destinaron al pago de obligaciones financieras. No obstante, la deuda con proveedores creció un 37.4% interanual, situándose en 24 mil 973 millones de dólares, lo que ha afectado las operaciones de exploración y extracción.

“Pemex atraviesa por una situación retadora y diferente a las circunstancias del pasado, pues enfrentamos distintas problemáticas operativas y de productividad”, afirmó Jorge Alberto Aguilar, director de planeación de la empresa, en una llamada con analistas. En febrero, la secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció que Pemex había pagado 75 mil millones de pesos a proveedores y que esperaba liquidar los adeudos en marzo.

Para hacer frente a sus compromisos financieros, la empresa colabora con las secretarías de Hacienda y Energía en la búsqueda de soluciones viables y ha intensificado los pagos a proveedores. En 2024, desembolsó 404 mil 454 millones de pesos a contratistas.

La producción de crudo y condensados, incluyendo la de socios, descendió un 10% en el cuarto trimestre, alcanzando 1.67 millones de barriles por día (bpd). Esta caída se atribuye a la declinación natural de yacimientos marinos como Maloob y Zaap, así como del campo terrestre Quesqui.

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció una meta de producción promedio de 1.8 millones de bpd durante su sexenio. Directivos de Pemex indicaron que este objetivo podría alcanzarse mediante asociaciones con inversionistas privados en diversos proyectos.

Una reciente reforma energética aprobada por el Senado permitirá a Pemex acceder a nuevos esquemas de inversión sin ceder control ni aportar capital. Además, el procesamiento de crudo aumentó un 7.6% en el trimestre, alcanzando 786 mil bpd gracias a mayores niveles en las refinerías de Madero y Salina Cruz.

Pemex enfrenta un panorama desafiante, pero la empresa busca estrategias para estabilizar sus finanzas y fortalecer su producción en los próximos años.