El gobierno de Morelos ha iniciado acciones legales contundentes contra exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Este primer bloque de denuncias expone desvíos millonarios que suman más de 40 millones de pesos y abarcan tres secretarías y dos fideicomisos estatales. La situación marca el inicio de una serie de investigaciones que podrían implicar al exgobernador, ahora diputado federal.
Edgar Maldonado Cevallos, consejero jurídico del estado, y Alejandra Paniagua Barragán, secretaria de la Contraloría, informaron que las denuncias penales y administrativas buscan responsabilizar a los titulares y funcionarios de las dependencias señaladas. Ningún exservidor público está exento, incluida la figura del exgobernador Blanco.
El foco de este primer bloque de denuncias está en:
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro): Se indaga la desaparición de toneladas de fertilizantes y recursos destinados al campo, así como maquinaria que nunca llegó a los agricultores.
- Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDET): Se investigan manejos financieros irregulares relacionados con proyectos productivos.
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (hoy Infraestructura): Detectaron anomalías por más de 11 millones de pesos en la remodelación del Mercado Adolfo López Mateos, un proyecto central en Cuernavaca.
- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq): La denuncia más significativa señala la contratación de un artista por 19 millones de pesos, un gasto que ha generado indignación por su falta de transparencia.
- Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp): Se busca sancionar pagos irregulares de indemnizaciones por 3.5 millones de pesos.
Las auditorías gubernamentales, que abarcan todas las áreas del estado, revelan un panorama preocupante de mala gestión y posible corrupción. Las autoridades han declarado que los bloques de denuncias continuarán “hasta donde sea necesario” para esclarecer el destino de los recursos públicos.
El impacto social de estas investigaciones es profundo. Los recursos desviados estaban destinados a fortalecer áreas clave como el desarrollo rural, el empleo y la infraestructura comunitaria. Cada peso perdido afecta a miles de familias morelenses que esperaban mejoras tangibles en su calidad de vida.
Aunque la administración actual ha prometido transparencia y justicia, el proceso está apenas en sus primeras etapas. Las denuncias presentadas no solo buscan sancionar a quienes resulten responsables, sino también recuperar los recursos desviados y restablecer la confianza en las instituciones públicas.
El caso es un recordatorio del costo social de la corrupción y de la importancia de exigir cuentas claras a quienes tienen en sus manos el bienestar de una comunidad. Las investigaciones en Morelos no solo son una lucha legal, sino un intento por devolver a los ciudadanos lo que les pertenece.
