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Dos adultos mayores de 75 años, uno de Celaya y otro de Tierra Blanca, se convirtieron en los primeros casos humanos de gusano barrenador detectados en Guanajuato, una condición que fue identificada tras la aparición de lesiones en la piel asociadas a su estado de salud.

Ambos pacientes permanecían postrados en cama debido a padecimientos neurológicos. Esa condición favoreció la formación de úlceras y heridas que posteriormente fueron aprovechadas por la mosca responsable de depositar sus huevecillos, según informó la Secretaría de Salud del Estado.

El hallazgo activó los protocolos de atención médica y vigilancia epidemiológica. Las dos personas recibieron tratamiento especializado y seguimiento permanente hasta concluir el periodo de observación establecido por las autoridades sanitarias.

Aunque los casos encendieron las alertas de vigilancia, la dependencia estatal informó que ninguno de los pacientes presenta complicaciones derivadas de la infestación por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador. 

Actualmente continúan bajo supervisión médica debido a enfermedades crónicas y otros padecimientos preexistentes. El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que la pérdida de protección natural de la piel causada por las lesiones fue un factor determinante para que ocurrieran ambos casos.

De acuerdo con el funcionario, la mosca busca heridas abiertas o tejido expuesto para depositar sus huevecillos. Después, las larvas se desarrollan alimentándose del tejido vivo, lo que puede ocasionar lesiones dolorosas y riesgo de infección si no existe atención oportuna.

Las autoridades insistieron en que no se trata de una enfermedad transmisible entre personas. “No es una enfermedad que se contagie de persona a persona. Esto es una inoculación; llega una mosca, deposita sus huevecillos en una herida y ahí comienza el proceso”, explicó Cortés Alcalá.

La Secretaría de Salud destacó que Guanajuato acumula únicamente dos casos humanos, equivalentes al 0.8 por ciento de los 254 reportados en todo el país. Mientras tanto, la vigilancia epidemiológica permanece activa en las unidades médicas de la entidad y continúa la coordinación con autoridades federales y del sector agropecuario para detectar oportunamente posibles nuevos casos.

“No es un tema que pueda provocar una epidemia o una circunstancia más grave en nuestro estado; es un tema de higiene y vigilancia de heridas principalmente”, concluyó el titular de Salud.

La falta de atención oportuna a los trastornos mentales en México está generando consecuencias graves, alertó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Liliana Ortiz Pérez, quien subrayó la urgencia de cambiar el enfoque institucional hacia la prevención.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que el país enfrenta un problema creciente que, en muchos casos, no recibe atención a tiempo. “Hay una crisis silenciosa de salud mental que no podemos ignorar porque estamos llegando tarde”, afirmó.

Ortiz Pérez respaldó su señalamiento con datos preocupantes: “Uno de cada cuatro personas se enfrenta a un trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60% no recibe ni recibirá atención alguna y el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes y lo más grave, seguimos llegando tarde, cuando la crisis ya estalló”.

Como referencia reciente, mencionó lo ocurrido esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, hecho que calificó como un “ejemplo desafortunado”. La diputada expresó condolencias a las víctimas, sus familias y a la madre del joven involucrado.

“Un joven que atravesaba una crisis emocional profunda en un espacio público y la respuesta evidenció algo que no podemos ignorar, no estamos preparados para prevenir, contener ni atender de manera oportuna estas situaciones”, señaló.

Aclaró que el caso no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática más amplia. “No se trata de señalar un caso en particular, se trata de reconocer un patrón, estamos reaccionando cuando el problema ya es visible, cuando ya es urgente, cuando ya duele profundamente”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la falta de intervención temprana tiene efectos acumulativos: “Eso tiene consecuencias porque detrás de cada crisis no atendida a tiempo hay una historia de silencio, de falta de acompañamiento y de ausencia institucional”.

La legisladora enfatizó la necesidad de construir un sistema que actúe antes de que las crisis escalen. “La salud mental no puede seguir dependiendo de la casualidad, de la buena voluntad o de la reacción de último momento, necesitamos un sistema que llegue antes, que detecte a tiempo y que acompañe de forma permanente”, sostuvo.

Asimismo, destacó que ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la atención en este ámbito, incorporar la inteligencia emocional en la educación y atender fenómenos emergentes como la soledad no deseada.

Finalmente, reconoció el trabajo de la organización Feelink y de sus fundadores, Martín Espinosa y Blanca Adán, por la realización del Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapia, programado para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México, como un espacio de colaboración entre distintos sectores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un acuerdo estratégico con las farmacéuticas Moderna, Liomont y la empresa estatal Birmex para producir en México vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero. El convenio marca un paso relevante en la política de salud pública y desarrollo científico del país, al contemplar no solo la fabricación de biológicos, sino también investigación conjunta en territorio nacional.

El anuncio fue realizado por la mandataria a través de un mensaje en video difundido desde Palacio Nacional, donde precisó que el alcance del acuerdo va más allá de la producción de vacunas contra el Covid-19. “Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí y en México, no solamente la producción de vacunas para Covid-19, sino también otro tipo de vacunas”, señaló Sheinbaum al detallar el objetivo del proyecto.

Uno de los ejes centrales del convenio es la colaboración científica entre las empresas participantes y especialistas mexicanos en el área de biomedicina. De acuerdo con la presidenta, “quizás lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina”, lo que permitirá fortalecer capacidades nacionales en innovación y desarrollo farmacéutico.

Sheinbaum explicó que este esfuerzo busca sentar las bases para crear nuevas vacunas que respondan a necesidades específicas del país. Entre los ejemplos mencionados se encuentran una vacuna contra el dengue y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer, siempre a partir de procesos de investigación realizados en México.

La presidenta subrayó que estas acciones forman parte de un compromiso previo orientado a posicionar al país como un referente en ciencia y tecnología. “Se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo en que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, afirmó.

El anuncio se produce en un contexto sanitario complejo. México enfrenta actualmente un brote de sarampión que ha llevado al Gobierno federal a reforzar la campaña de vacunación mediante la instalación de módulos en espacios públicos. De acuerdo con las cifras oficiales, el país acumula 8 mil 459 casos de sarampión, de los cuales 2 mil 27 se han registrado en lo que va de 2026, lo que coloca a México como la nación con mayor número de contagios en América.

En este escenario, el acuerdo con Moderna, Liomont y Birmex se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la producción nacional de vacunas, ampliar la capacidad científica del país y responder a los retos actuales y futuros en materia de salud pública.

El gobierno federal presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud, una nueva identificación física y digital que abarcará a la totalidad de la población mexicana, más de 130 millones de personas. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia para unificar el acceso a los servicios públicos de salud y fortalecer la identificación de los usuarios del sistema.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, esta credencial permitirá vincular a cada persona con su expediente médico electrónico, lo que facilitará la consulta de información clínica relevante en cualquier unidad del sector público. El documento también mostrará la vigencia de los derechos en salud y señalará cuál es la unidad médica más cercana correspondiente al usuario.

La credencial concentrará datos relacionados con el historial clínico, incluyendo citas médicas, estudios realizados y recetas de medicamentos, lo que busca agilizar la atención y evitar duplicidades en los servicios. Clark explicó que el objetivo es que, ante cualquier necesidad de atención médica, las personas puedan identificarse de manera inmediata y tener garantizado el acceso a la institución pública correspondiente.

Para la emisión de esta identificación, el gobierno federal pondrá en marcha una jornada nacional de registro biométrico, que incluirá la toma de huellas dactilares y fotografías. El proceso abarcará a todos los habitantes del país, sin excepción, incluidos menores de edad y adultos mayores.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que en una primera fase se instalarán 2 mil 365 módulos en todo el territorio nacional. Estos puntos de atención funcionarán de manera similar a los módulos utilizados en el registro de programas sociales federales. Para llevar a cabo el levantamiento de información, participarán alrededor de 14 mil servidores de la nación, quienes estarán a cargo de la captura de datos y la verificación documental.

El registro se realizará mediante un calendario organizado por letra del apellido, el cual iniciará el 1 de marzo. Las personas deberán acudir a su cita con acta de nacimiento que incluya CURP, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. En el módulo, el personal revisará los documentos, recabará el consentimiento del interesado y un número de contacto, y posteriormente realizará la toma de huellas y la fotografía.

Una vez concluido el trámite, los solicitantes deberán esperar aproximadamente seis semanas para recibir una notificación, ya sea por llamada telefónica o mensaje de texto, en la que se les informará la fecha y el lugar para recoger la credencial impresa. Esta identificación se convertirá en el principal documento para el acceso y seguimiento de los servicios de salud públicos en México.

Ante el incremento de casos de sarampión reportados a nivel nacional, diversos municipios del estado de Chiapas anunciaron la cancelación temporal de eventos masivos como medida preventiva para reducir el riesgo de contagios entre la población. La decisión se da luego de que autoridades estatales de salud informaran, a inicios de diciembre, que en el país se contabilizaban más de cinco mil casos de esta enfermedad.

Los anuncios fueron realizados mediante comunicados oficiales difundidos en redes sociales, principalmente en cuentas institucionales de Facebook. Entre los municipios que confirmaron la aplicación de estas medidas se encuentran Tapachula, Palenque, Cacahoatán y Huehuetán, los cuales señalaron que la suspensión de actividades con aglomeraciones forma parte de una estrategia de prevención sanitaria.

En el caso de Tapachula, el ayuntamiento precisó que, hasta el momento, no se han detectado casos activos de sarampión en su territorio. Sin embargo, indicó que el municipio se alineará a las disposiciones preventivas con el objetivo de evitar posibles contagios. En su comunicado, la autoridad municipal solicitó de manera respetuosa la suspensión temporal de eventos como desfiles, concentraciones públicas, ferias, fiestas, actividades deportivas y cualquier otra que implique la reunión de grandes grupos de personas, subrayando que se trata de una acción preventiva y responsable.

Por su parte, el municipio de Cacahoatán detalló que la medida permanecerá vigente durante la temporada invernal correspondiente a los años 2025 y 2026. El periodo establecido comprende del 21 de diciembre de este año al 20 de marzo de 2026. De acuerdo con la información difundida, esta acción de salud pública tiene como finalidad disminuir el riesgo de transmisión, desacelerar la propagación del virus y fortalecer la protección de la población infantil.

El ayuntamiento de Cacahoatán destacó que la suspensión de eventos se integra al Plan de Respuesta Rápida para el control de brotes de sarampión, una estrategia enfocada en contener posibles focos de contagio y salvaguardar a los sectores más vulnerables.

Estas determinaciones municipales se derivan de un comunicado emitido el pasado 1 de diciembre por la Secretaría de Seguridad de Chiapas, en el cual se precisó que, hasta esa fecha, se habían registrado cinco mil 292 casos de sarampión en el país. Las autoridades locales reiteraron que las acciones buscan priorizar la salud pública durante la temporada decembrina y los meses posteriores.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida contempla un aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas, refrescos y sueros no avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de ajustes en juegos con apuestas digitales y videojuegos con contenido violento o para adultos, que entrarán en vigor en 2026.

Durante la sesión, Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el objetivo es “actualizar, fortalecer y modernizar el IEPS” para desincentivar el consumo de productos nocivos y “proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano”. Citó investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que respaldan que los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas han contribuido a reducir su consumo y, por ende, a prevenir enfermedades como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares.

El dictamen también incorporó una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fija impuestos a electrolitos orales que no cumplan con los estándares de la OMS. Se especificó que no se aplicará IEPS a los productos que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

La oposición, sin embargo, calificó la medida como una estrategia recaudatoria. Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar criticó que Morena haya incumplido su promesa de no crear ni aumentar impuestos. “Cuando Morena pidió tu voto, prometió no aumentar impuestos. Este es el impuesto de la desesperación fiscal de Morena. Se acabó su caja chica, ahora van por la tuya”, señaló.

Por el PAN, Paulo Gonzalo Martínez López llevó refrescos y sobres de bebidas en polvo a la tribuna para ejemplificar el impacto del incremento. “Este gobierno intenta aumentar el IEPS en 87 %, llegando a más de tres pesos por litro. Un sobre de bebida que hoy cuesta siete pesos podría alcanzar los 14 o 15 pesos”, explicó. Añadió que una botella familiar de refresco “pasará de 44 a 53 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen”.

El panista también recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación por este impuesto superó un billón de pesos, sin destinarse, según dijo, recursos a la atención de la salud.

Desde Morena, la diputada Paola Tenorio Adame defendió los ajustes al IEPS como una medida de prevención que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la exposición a contenidos violentos. “No se trata de restringir la diversión, sino de cuidar su mente y emociones”, afirmó.

En contraste, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, lamentó que el incremento afecte a las familias mexicanas. “Le suben al refresco, a la gasolina y al entretenimiento. Castigan a los jóvenes y vacían poco a poco la cartera de las familias”, declaró. Añadió que “Morena habla muy bonito, pero miente bien feo”, al considerar que no existe una estrategia de salud real detrás de los aumentos.

Con la aprobación del dictamen, México se prepara para un nuevo ajuste fiscal en 2026, con impacto directo en productos de consumo masivo y en el entretenimiento digital.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció la agenda legislativa que la Cámara de Diputados abordará la próxima semana, en la que destacan los debates sobre la Miscelánea Fiscal, la Ley General de Aguas, la Ley de la Armada y las reformas a la Ley General de Salud.

En conferencia de prensa, Monreal informó que el miércoles llegó a la Cámara Baja la iniciativa presidencial referente a la Ley de la Armada, mientras que este jueves se recibieron dos propuestas en materia de aguas. “Es una Ley General de Aguas, quiere decir que es una nueva ley, según lo descrito en el oficio, y reformas que derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Se trata, pues, de dos instrumentos jurídicos distintos”, precisó.

El legislador adelantó que estas dos leyes, consideradas “muy importantes para el país”, serán objeto de análisis durante la última semana de octubre, junto con las modificaciones a la Ley de Salud, con el objetivo de revisar de forma integral su impacto social y administrativo.

Monreal detalló que la Miscelánea Fiscal ocupará el centro de la discusión legislativa en los próximos días, con sesiones programadas para miércoles, jueves, viernes y posiblemente sábado, con el propósito de debatir los cuatro dictámenes que la integran: la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos.

El coordinador subrayó que, pese a la carga de trabajo, no se busca acelerar los procesos. “No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada, que haya una gran discusión el tiempo que sea indispensable”,afirmó.

Entre los temas de carácter social incluidos en la agenda legislativa, el grupo parlamentario de Morena expresó su preocupación por los vacíos legales en torno a los procedimientos estéticos tras la muerte de una menor de edad durante una cirugía. Monreal señaló que se impulsarán reformas para tipificar como delito este tipo de prácticas, ante la falta de regulación y supervisión en el sector.

Asimismo, el diputado reconoció que el grupo ha abierto la discusión sobre la eutanasia, un tema que consideró necesario atender. “Es un asunto que debería abordarse, debido a los múltiples casos que demandan su legislación”, declaró, dejando entrever que la bancada buscará promover un debate plural y responsable sobre el derecho a una muerte digna.

Con esta agenda, la Cámara de Diputados se prepara para una intensa jornada legislativa en la que convergerán temas fiscales, de salud pública y derechos humanos, marcando una de las semanas más relevantes del actual periodo ordinario de sesiones.

En Querétaro, un artículo del Código Penal encendió el debate y terminó por quedarse firme: el 127 bis-1 seguirá castigando a quien represente un riesgo de contagio de una enfermedad grave, sin necesidad de que el contagio ocurra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, se dividió y, al final, no alcanzó mayoría para invalidarlo.

La CNDH intentó frenar esa ley. Alegó que es ambigua y se mete demasiado en lo penal. Respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, la propuesta de invalidez buscaba eliminar un delito que, según su visión, no explica con claridad qué es una “enfermedad grave”. Tampoco se ancla a otra norma que defina el término.

Esquivel afirmó que ese vacío afecta el principio de legalidad. La ministra Lenia Batres reforzó el punto diciendo que se puede sancionar a alguien aunque el contagio haya sido accidental. Con ella estuvieron Norma Piña y Javier Laynez, sumando cuatro votos que iban por tumbar el artículo.

Pero el otro bloque también se plantó firme. Juan Luis González Alcántara dijo que la gravedad de una enfermedad puede entenderse por sus consecuencias y síntomas. Margarita Ríos Farjat recordó que el artículo fue reformado en tiempos de emergencia sanitaria, para proteger la salud pública frente a quienes saben que tienen una afección y, aun así, exponen a los demás. Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán completaron el grupo que votó por dejar todo como está.

El empate fue inevitable. Ocho ministros votaron, cuatro de un lado y cuatro del otro. Loretta Ortiz y Alfredo Gutiérrez no asistieron. Por reglamento, sin mayoría, no hay cambios. El artículo se queda.

Mientras tanto, en Pennsylvania, Pittsburgh y buena parte del estado estadounidense, empresas como Google y Blackstone invierten miles de millones para fortalecer centros de datos e infraestructura energética, también con la salud y la tecnología como ejes clave. Un contraste entre visiones de futuro, pero con un punto en común: la urgencia de proteger lo que viene.

En México, el riesgo de contagiar, incluso sin intención, ahora puede traducirse en sanción. El marco legal en Querétaro lo permite, y la Corte lo avaló. La salud pública se colocó por encima de las ambigüedades. Y la ley, tal como está, seguirá marcando esa línea entre la prevención y la penalización.

Irregularidades por más de un millón 205 mil pesos fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en hospitales operados por IMSS-Bienestar, como parte de la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2024. El análisis se enfocó en el programa de Equipamiento de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad, que involucró recursos auditados por 447 millones 339 mil pesos.

Entre los hospitales señalados por fallas en la administración, uso o mantenimiento de equipo médico, destacan el Hospital General de Huamantla en Tlaxcala, el Hospital Materno Infantil de Mexicali en Baja California, y el Hospital General de Tijuana.

El Hospital General de Huamantla concentró el mayor número de observaciones. La ASF reportó que un electrocardiógrafo multicanal adquirido por 338 mil pesos no se encuentra en funcionamiento. Además, tres equipos de este tipo fueron transferidos de manera irregular al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. También se identificó un audiómetro de campo libre que no está en uso porque no hay personal especializado para operarlo.

La auditoría apuntó que IMSS-Bienestar no aplicó sanciones económicas por 707 mil pesos a cuatro proveedores responsables del mantenimiento de 19 equipos médicos, incumplimiento que permanece sin consecuencias contractuales.

En Mexicali, el Hospital Materno Infantil recibió observaciones por el incumplimiento del proveedor EMCYHH, S. de R.L. de C.V., quien no realizó mantenimiento preventivo a siete equipos de anestesia básica, con un costo conjunto de casi 483 mil pesos.

Por su parte, el Hospital General de Tijuana fue señalado porque no se localizó una báscula electrónica con valor de 16 mil pesos. La ASF concluyó que el equipo no se encuentra físicamente en el inventario del hospital, lo que constituye una falta de control patrimonial.

El informe, registrado bajo el folio 2024-1-47AYO-19-0411-2025, derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, lo que podría abrir procedimientos contra funcionarios responsables del manejo del equipamiento hospitalario.

Además de las fallas específicas por hospital, el informe expone que el IMSS-Bienestar no acreditó el registro contable del alta de 164 bienes adquiridos mediante el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), por un monto de 226 millones de pesos.

La auditoría también indicó que no existen procedimientos estandarizados para la recepción, resguardo y control de alta y baja de equipos médicos en las unidades hospitalarias fiscalizadas. Esta ausencia de lineamientos compromete la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos asignados al sector salud.

La revisión de la ASF se mantiene como una herramienta clave para la rendición de cuentas del gasto federalizado y el funcionamiento del sistema IMSS-Bienestar en su etapa de consolidación como operador principal de servicios de salud pública en el país.