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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la extinción de un fideicomiso creado en 1994 que acumulaba más de mil millones de pesos, originalmente destinado para la adquisición de terrenos y construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con López Hernández, el fondo contaba con un saldo actual de mil 56 millones 670 mil 709.05 pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en dos etapas. El senador detalló que este miércoles se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos a la Tesorería del Senado, que a su vez remitirá los recursos al gobierno federal. El remanente será entregado en enero del próximo año.

El fideicomiso fue creado hace 31 años, durante los preparativos para la nueva sede legislativa, con el fin de adquirir terrenos, construir las instalaciones y posteriormente equiparlas. Una vez que el proyecto fue concluido, López Hernández explicó que el fideicomiso ya había cumplido su propósito.

“Toda vez que ya cumplió el objeto para el cual fue creado y se modificó posteriormente, le pedimos al fiduciario la extinción del fideicomiso. Ya se extinguió, y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado”, señaló el legislador. Agregó que, aunque la ley permite integrar esos recursos al presupuesto anual del Senado, se optó por adelantar su devolución a la Federación.

El también exsecretario de Gobernación precisó que el reintegro total superará los mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre mil 40 y mil 50 millones. “Vamos a dividirlo en dos etapas: una primera entrega de 800 millones para cerrar el año fiscal, y en enero se hará entrega del remanente”, explicó.

López Hernández subrayó que la decisión busca reactivar recursos que permanecían inmovilizados para destinarlos a causas prioritarias del país. Señaló que, aunque la disposición final de los fondos dependerá del gobierno federal, podrían utilizarse en tareas de reconstrucción tras las recientes lluvias que afectaron comunidades en cinco estados.

“Se va a requerir algo de dinero para la reconstrucción de los estados de la comunidad afectada y en algo ha de servir, en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”, apuntó el senador.

La medida marca el cierre definitivo de un fideicomiso con más de tres décadas de existencia, y representa una acción coordinada entre el Senado y el Ejecutivo federal para optimizar recursos públicos y redirigirlos a necesidades urgentes del país.