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El arranque de la semana laboral en el Sistema de Transporte Colectivo Metro estuvo marcado por retrasos generalizados, trenes detenidos y usuarios varados durante largos periodos en distintas estaciones. Las complicaciones coincidieron con el primer día de regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa, lo que incrementó la presión sobre la red de transporte.

Desde primeras horas del lunes, viajeros reportaron tiempos de espera de hasta 30 minutos en varias líneas, particularmente en la 1, 3, 7, 9 y A. De acuerdo con la información difundida por la cuenta oficial del sistema en la plataforma X, la alta afluencia provocó saturación en andenes y demoras en el avance de los trenes, que permanecieron detenidos por varios minutos en las estaciones.

La Línea 3, que conecta las terminales Universidad e Indios Verdes, concentró el mayor número de quejas. Usuarios señalaron dificultades para abordar, convoyes detenidos y tiempos prolongados sin avance. A estas fallas se sumaron reportes provenientes de la Línea 7, donde algunos pasajeros afirmaron haber sido desalojados de los trenes sin una explicación clara.

Ante las complicaciones, el Metro informó que desplegó personal para agilizar la movilidad y atender la saturación registrada durante la mañana. Sin embargo, los retrasos impactaron a cientos de usuarios que intentaban trasladarse a sus centros de trabajo y escuelas.

El contexto de estas fallas ocurre días después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitiera un posicionamiento público sobre el estado del sistema. El sábado previo, el organismo advirtió sobre riesgos de seguridad derivados de la falta de mantenimiento y de las condiciones de las instalaciones, señalando además que las labores relacionadas con la construcción del tramo elevado en la Línea 2 han influido en la situación.

En el comunicado, el sindicato solicitó atención a las fallas estructurales, el uso adecuado de los recursos asignados y soluciones a sus demandas, entre ellas el mantenimiento de vagones y vías. En ese documento señalaron: “La falta de inversión, planeación y compromiso de parte del gobierno de la Ciudad de México se traduce en un servicio cada vez más deteriorado”.

De acuerdo con los datos difundidos, el 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento, mientras que el 30% restante ha tenido intervenciones incompletas. También se mencionó la presencia de equipos obsoletos en instalaciones fijas y condiciones deficientes en las vías.

Hasta el momento, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los retrasos registrados ni sobre las denuncias realizadas por el sindicato.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suministro de medicamentos para el sistema público de salud está garantizado para 2026, luego de haber cubierto adeudos con empresas proveedoras y concretado contratos para la adquisición de cerca de 4 mil 500 millones de piezas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina, en la que autoridades federales detallaron el estado actual de la planeación y compra de insumos médicos.

La mandataria señaló que su administración realizó el pago de aproximadamente 15 mil millones de pesos correspondientes a adeudos heredados de años anteriores con proveedores de medicamentos. Precisó que, aunque existían los recursos presupuestales, fue necesario revisar de manera exhaustiva la documentación, así como verificar el cumplimiento de las entregas antes de liberar los pagos.

Sheinbaum indicó que, tras detectar irregularidades en algunos procesos, el gobierno federal decidió no volver a establecer relaciones contractuales con determinadas empresas proveedoras. Aclaró que esta medida se adoptó de manera definitiva y forma parte de los mecanismos de control implementados para garantizar transparencia y eficiencia en las compras públicas del sector salud.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, aseguró que no existe riesgo de desabasto de medicamentos para el próximo año. Informó que el Estado mexicano cuenta con contratos vigentes que permitirán cubrir las necesidades de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Quisiéramos desde el gobierno mexicano aclarar algo de manera tajante: el abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado”, expresó el funcionario al destacar que las compras realizadas responden a las necesidades de atención de millones de pacientes en el país. Añadió que los contratos firmados contemplan el volumen requerido para asegurar la continuidad de los tratamientos en todo el sistema de salud pública.

Clark explicó que la adquisición de medicamentos concretada la semana pasada tiene un carácter complementario, con el objetivo de cubrir requerimientos adicionales hacia el cierre del año. Detalló que la planeación de compras se realiza con al menos un año de anticipación, lo que permite asegurar la disponibilidad de insumos de forma sostenida.

“Hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y no habrá ningún tipo de disminución en el suministro; por el contrario, debe seguir incrementándose de manera constante”, afirmó el subsecretario, al subrayar que los acuerdos vigentes cubren tanto el presente año como el siguiente.

Las autoridades federales reiteraron que el pago de adeudos, la revisión de contratos y la planeación anticipada forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud y asegurar el acceso continuo a medicamentos en las instituciones públicas del país.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Ángel “N”, alias “El Güerito”, quien es señalado como un alto operador de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Se le atribuye la planeación de rutas para el tráfico internacional de drogas y el manejo de recursos financieros de la organización criminal.

De acuerdo con un jurado federal en Chicago, José Ángel enfrenta cargos por su presunta participación en la producción y distribución de narcóticos como fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana con destino a Estados Unidos. Su captura se considera un golpe significativo contra el narcotráfico en la región.

Durante su detención en la colonia Las Quintas, el presunto delincuente portaba armas de uso exclusivo del Ejército, equipo táctico, dinero en efectivo y drogas. En esa misma zona, previamente se había localizado un centro de monitoreo clandestino utilizado por el crimen organizado para vigilar la ciudad.

La aprehensión de “El Güerito” ocurre en un contexto de conflictos entre grupos criminales en Sinaloa, los cuales han provocado hechos violentos desde el 9 de septiembre de 2024. Su captura podría representar un reacomodo dentro de la estructura del cártel y posibles represalias por parte de sus integrantes.

Se sabe que José Ángel tenía su propia célula delictiva y que participó en diversos operativos tras la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Este último fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, lo que desató violentos narcobloqueos y la quema de vehículos en la ciudad, obligando a su liberación. Sin embargo, fue recapturado el 5 de enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, lo que generó una nueva ola de disturbios conocida como “Culiacanazo 2.0“.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó la detención de “El Güerito”como un avance importante en la lucha contra el narcotráfico. Advirtió que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, por lo que podría ser extraditado para enfrentar la justicia estadounidense.

José Ángel y los objetos asegurados serán trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México, donde se definirá su situación legal en los próximos días.