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Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

Un juez federal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango. La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este viernes en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicadas en el Altiplano, donde el juzgador determinó que la detención se realizó conforme a derecho.

En la misma sesión, el juez impuso la prisión preventiva a Ángel “N”, Guillermo Fernando “N”, Juan José “N”, Juan Carlos “N” y Alexis Mauricio “N”, quienes fueron señalados como integrantes del grupo criminal conocido como “Los Cabreras”, vinculado con la facción de “Los Mayos”. Con esta determinación, las seis personas permanecerán privadas de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia, el juzgador analizó la legalidad del operativo llevado a cabo por agentes federales, concluyendo que las capturas cumplieron con los requisitos legales. Fuentes del PJF consultadas por diversos medios de comunicación indicaron que, al inicio de la diligencia, los detenidos no contaban con representación legal, por lo que solicitaron la asignación de defensores de oficio para poder continuar con el procedimiento.

Una vez validada la detención, los acusados pidieron que la audiencia de imputación se difiriera, solicitud que fue concedida. La continuación del proceso quedó programada para el día de mañana en la misma sala, a la espera de que los detenidos comparezcan con defensores particulares. En esa etapa, se prevé que el Ministerio Público formalice la imputación por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y uso de armas de uso exclusivo del Ejército.

La detención de “El Limones” fue informada el pasado miércoles por el Gabinete de Seguridad, que lo identificó como presunto operador financiero de “Los Cabreras”. De acuerdo con las autoridades, dicha organización ha sido relacionada con amenazas y extorsiones dirigidas a comerciantes y ganaderos en la región. Las investigaciones señalan que Edgar “N” habría recibido depósitos millonarios sin justificación y realizado transferencias a empresas presuntamente vinculadas con esquemas de lavado de dinero.

Posteriormente, el gobierno federal dio a conocer la captura de otras cinco personas relacionadas con “Los Cabreras”, como parte del mismo expediente de investigación. En el desarrollo de los operativos, se cumplimentaron órdenes de cateo en diversos inmuebles localizados tanto en el estado de Durango como en Coahuila. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y vehículos, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un comunicado oficial.

Como parte de las indagatorias financieras, el Gabinete de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de “El Limones” y de personas identificadas como integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se ordenó el congelamiento de empresas que presentaban patrones financieros irregulares, las cuales mostraban aparentes recursos de procedencia ilícita, en el marco del seguimiento patrimonial del caso.

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita que superan los 156 millones de pesos. La determinación fue tomada por un juez de control tras una audiencia de más de 48 horas que se celebró el pasado 11 de septiembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que precisó que el exmandatario estatal enfrentará su proceso bajo prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio penal.

Sandoval, quien gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, ya había sido señalado en distintos procesos judiciales y mediáticos. En 2021 fue detenido en el estado de Nuevo León, acusado de encabezar esquemas financieros ilegales relacionados con desvíos millonarios.

Los señalamientos en su contra no se limitan al ámbito nacional. Durante el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el exfiscal nayarita Édgar Veytia lo implicó directamente en actividades con el crimen organizado. Veytia declaró que Sandoval recibió sobornos del Cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección.

La sombra de estas acusaciones ya pesaba sobre Sandoval desde antes. En 2020, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista negra de funcionarios vinculados con el narcotráfico, lo que derivó en la prohibición de ingresar a ese país o solicitar una visa.

La FGR destacó que, aunque el exgobernador había intentado detener el proceso en su contra mediante amparos, la justicia federal determinó finalmente continuar con la investigación formal. El juez de control que lleva el caso ratificó la gravedad de los delitos y la necesidad de mantenerlo bajo custodia para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.

El caso de Sandoval se suma a la lista de exmandatarios estatales que han enfrentado procesos judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito o vínculos con el narcotráfico en los últimos años. En este contexto, la vinculación a proceso de un exgobernador que ya había sido señalado tanto en México como en Estados Unidos refuerza el peso internacional del caso.

El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras Sandoval permanece en prisión preventiva. De confirmarse los cargos, las acusaciones por lavado de dinero y sus presuntos nexos con el crimen organizado podrían marcar uno de los episodios más relevantes en la historia política reciente de Nayarit.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.