Castigan a exfuncionarios del Banco del Bienestar y SAT por irregularidades y desvío de recursos

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

Familia Bermúdez enfrenta cerco financiero: Tribunales mantienen bloqueos

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.