Tierras comunales y demandas históricas marcan visita presidencial a la sierra de Chihuahua

Habitantes de comunidades rarámuri y ódami de la sierra de Chihuahua expusieron ante la presidenta Claudia Sheinbaum una amplia agenda de necesidades relacionadas con servicios básicos, salud, educación e infraestructura, durante un acto oficial en el que se entregaron títulos de propiedad comunal por tres mil hectáreas al pueblo ódami del municipio de Guadalupe y Calvo.

El evento se realizó con la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como de integrantes del gabinete federal. En su intervención, la presidenta explicó que la entrega de tierras se enmarca en el plan de justicia y en la reforma constitucional orientada al reconocimiento de los pueblos originarios, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre el territorio comunal.

Sheinbaum informó que durante este año los pueblos indígenas del país reciben de manera directa 12 mil millones de pesos para acciones de mejora en sus comunidades, y señaló que para el próximo año se contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos. Estos recursos, indicó, están dirigidos a atender rezagos acumulados en distintas regiones, incluida la sierra chihuahuense.

Tras la entrega de los títulos, la presidenta dio la palabra a habitantes de la región, quienes de forma reiterada solicitaron acceso a energía eléctrica, conectividad a internet, centros de salud y la construcción de un hospital con médicos, especialmente en la comunidad de Baborigame. También se planteó la falta de medicamentos y la ausencia de personal médico permanente en pequeñas clínicas.

Ante estas solicitudes, Sheinbaum reconoció que uno de los retos pendientes es lograr que los médicos lleguen a las comunidades serranas y permanezcan en ellas. En cuanto a la carencia de electricidad, ofreció la implementación de un programa de energía solar para atender a las localidades que no cuentan con este servicio.

Las demandas incluyeron además la creación de un telebachillerato, la edificación de una clínica, la reparación de la carretera Batopilas–Samachique, así como la construcción de un hospital y una universidad en Baborigame. Otros habitantes solicitaron la apertura de un albergue en la comunidad de Palos Muertos, la construcción de una carretera que conecte Guadalupe y Calvo con Parral y la mejora de caminos en Bocoyna.

Durante su participación, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que en Chihuahua se desarrolla un programa de apoyo a las comunidades originarias y expresó disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno federal. “Me alegra coincidir en el orgullo que sentimos por nuestros pueblos originarios (…) Contamos con el gobierno federal y el gobierno cuenta con este gobierno”, afirmó.

Al cierre del encuentro, la presidenta señaló que no es viable atender todas las demandas de manera inmediata, por lo que instruyó a integrantes de su gabinete, entre ellos Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar, a dar seguimiento puntual a los planteamientos. Indicó que los avances se realizarán de forma gradual y anunció que regresará a la sierra de Chihuahua dentro de un año.

En el acto participaron también la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Vega, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

Lluvias dejan 41 muertos y más de 25% de estados sin luz; Sheinbaum coordina atención

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el último reporte de este sábado se ha restablecido el suministro eléctrico a 236 mil 368 usuarios, lo que representa un avance del 73.78%. Sin embargo, más del 25% de los estados afectados por las intensas lluvias en el país continúan sin energía eléctrica.

En un comunicado, la CFE reiteró su compromiso para atender las contingencias derivadas de los fenómenos meteorológicos y pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar su integridad.

Mientras tanto, las consecuencias de las fuertes lluvias siguen siendo graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de víctimas mortales aumentó a 41 personas, y 27 más permanecen desaparecidas.

De acuerdo con los datos oficiales, Hidalgo registra 16 víctimas, Veracruz 15, Puebla nueve y Querétaro una. Las autoridades estatales, en coordinación con las federales, mantienen operativos de búsqueda con acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que supervisa los daños ocasionados por las lluvias que han dejado severas afectaciones principalmente en los estados de Veracruz e Hidalgo. Desde su cuenta oficial en la red social X, la mandataria compartió un mensaje donde asegura que el gobierno federal trabaja en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente”, señaló Sheinbaum.

Las imágenes compartidas por la presidenta muestran los recorridos de supervisión y las acciones emprendidas por las fuerzas federales en las zonas más afectadas. Se trata de uno de los desastres naturales más severos en los últimos años para estas cinco entidades, comparable con lo ocurrido en octubre de 2023 cuando el huracán Otis golpeó el puerto de Acapulco.

En redes sociales, habitantes de Veracruz y otras regiones afectadas han difundido videos solicitando ayuda ante los daños en viviendas, caminos y la pérdida de bienes. En una comunidad cercana a Llamatlán, un grupo de maestros reportó haberse quedado varado por los deslaves y pidió apoyo urgente, pues aseguran no tener comida ni ropa.

El gobierno federal confirmó que los estados más perjudicados son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Ante la magnitud de los daños, la Secretaría de Marina activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de rescate y auxilio a la población.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana desplegó su plan de acción y respuesta en Veracruz, con equipos especializados para evaluar daños, brindar atención prehospitalaria, realizar labores de rescate y habilitar centros de acopio en las zonas más afectadas.

Hasta el momento, los esfuerzos de coordinación entre autoridades federales y locales continúan para restablecer servicios básicos y atender a las comunidades damnificadas.

La SCJN aprueba divulgación de contratos de energía eléctrica en Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a la divulgación de los contratos celebrados con 28 empresas y los precios de adquisición de energía eléctrica para el estado de Baja California en el año 2022.

Este fallo del máximo tribunal ha rechazado los argumentos que sostenían que revelar estos acuerdos comerciales podría comprometer la seguridad nacional y conducir a prácticas colusorias que aumenten los costos de energía, especialmente en situaciones de emergencia.

Con una votación de ocho contra tres, se rechazó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, argumentando que los fundamentos presentados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF) eran insuficientes y no se proporcionaron pruebas concretas del posible daño a la industria eléctrica nacional debido a la divulgación de precios de contratos de 2022.

El ministro Juan Luis González Alcántara afirmó que no existen pruebas que sugieran que la divulgación de estos contratos y precios pueda provocar aumentos desproporcionados en las cotizaciones o impactar negativamente en la confiabilidad del sistema eléctrico, lo que sería un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra de restringir la entrega de datos según lo ordenado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en relación con la información del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Señaló que los problemas de competencia económica y posibles actos de corrupción son asuntos ajenos al INAI.

El proyecto de Ortiz Ahlf contaba con el respaldo de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa. Batres destacó la importancia de un sistema eléctrico nacional seguro y eficiente, mientras que Esquivel Mossa advirtió sobre los riesgos para la seguridad nacional asociados con la divulgación de estos contratos y precios.

Tras la decisión del Pleno de la Corte, la ministra Ortiz Ahlf indicó que los contratos y precios divulgados responden a protocolos correctivos de emergencia para evitar cortes de suministro eléctrico en Baja California, una situación recurrente que debe abordarse con transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.

El fallo de la SCJN refuerza el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución mexicana, destacando la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos energéticos del país y garantizando que los ciudadanos tengan acceso a información relevante para el bienestar colectivo.