Familia Bermúdez enfrenta cerco financiero: Tribunales mantienen bloqueos

El cerco judicial y financiero contra la familia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, avanzó esta semana con nuevas resoluciones en los tribunales federales. El juzgado primero de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva solicitada por su hijo, David Hernán Bermúdez Encalada, quien busca recuperar el acceso a sus cuentas bancarias luego de casi cinco meses de restricciones impuestas por autoridades federales.

El proceso inició el 24 de septiembre de este año, cuando David Hernán presentó un juicio de amparo para retomar el control de sus bienes, bloqueados desde el 24 de julio de 2025. El expediente 1508/2025 detalla que, durante una audiencia realizada el jueves, el juzgado resolvió mantener la medida. 

En el acuerdo se estableció: “Decisión Único. Se niega la suspensión definitiva”, confirmando la continuidad del congelamiento de sus activos mientras sigue en curso la investigación financiera en torno a su padre, señalado como líder de la organización conocida como “La Barradora”.

La situación se extendió también a Fabiola Bermúdez Encalada, hija del exfuncionario, quien presentó un recurso ante el mismo juzgado en búsqueda de la reactivación de sus cuentas bancarias. Según el expediente 1809/2025, el amparo fue presentado el 12 de noviembre y admitido el 13 del mismo mes. La audiencia quedó programada para el 12 de diciembre. Documentos judiciales indican que el recurso de Fabiola se encuentra directamente vinculado con el caso de su hermano, lo que refleja que ambos procesos forman parte de una misma línea de revisión.

Las restricciones financieras se originaron a partir de una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas, socios y familiares relacionados. 

De acuerdo con la dependencia, las medidas se aplicaron “con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones en recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros”. Esta intervención forma parte de una investigación en curso que abarca tanto activos personales como estructuras empresariales vinculadas al exsecretario.

Mientras avanza la revisión de los recursos legales, los expedientes permanecen en análisis dentro del Poder Judicial, y las restricciones financieras continúan en vigor. Las decisiones del juzgado delinean, por ahora, un escenario en el que los bloqueos se mantienen firmes y en el que los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de ambos amparos y el alcance de la investigación federal.

Suspenden sesión en la Cámara de Diputados por protestas en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió cancelar la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de septiembre, debido a que los accesos a San Lázaro han sido bloqueados por trabajadores de juzgados y tribunales federales. Estas manifestaciones, que llevan seis días, son en protesta contra la reforma del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó a la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, sobre el acuerdo. Además, se pidió a los diputados de los distintos grupos parlamentarios mantenerse disponibles en caso de que se les convoque de manera urgente a una sesión el miércoles 11 o jueves 12 de septiembre.

“Los integrantes de la Junta de Coordinación Política hemos decidido no sesionar el martes 10 de septiembre debido a la falta de condiciones. Si la situación persiste, se tomará la decisión correspondiente. Sin embargo, si surge un asunto urgente, este órgano de gobierno actuará en consecuencia”, expresó Monreal en el documento dirigido a Martínez.

La cancelación de la sesión, donde se planeaba discutir la reforma constitucional sobre derechos indígenas, responde a la situación en los alrededores de San Lázaro. Los trabajadores del Poder Judicial han impedido el acceso a las instalaciones, y la medida busca proteger la seguridad de manifestantes, empleados y legisladores, explicó Monreal.

Finalmente, Monreal solicitó a la Mesa Directiva que informe a la colegisladora para que se otorgue el aval constitucional necesario.