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La Fiscalía General de la República (FGR) oficializó una serie de movimientos en su estructura directiva con la formalización de 11 nuevos nombramientos, a poco más de un mes del arribo de Ernestina Godoy Ramos a la institución. Los ajustes abarcan áreas estratégicas y se realizan conforme a la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR, de acuerdo con la información difundida por la propia dependencia.

Los cambios incluyen la designación de nuevos titulares en áreas que previamente estaban encabezadas por funcionarios cercanos al exfiscal Alejandro Gertz Manero. Entre los nombramientos que destacan se encuentra el de Ulises Lara López, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una de las instancias con mayor peso en la atención de casos de alto impacto.

La reconfiguración también contempla la llegada de Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como el nombramiento de David Boone de la Garza al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa quedó designada como responsable de la Fiscalía Especializada en esta área (FEMDH).

En el ámbito administrativo, Laura Ángeles Gómez fue nombrada Oficial Mayor de la FGR, mientras que Maribel Bojorges Beltrán asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia clave en la atención de delitos con perspectiva de género y protección a sectores vulnerables.

Otros movimientos relevantes incluyen la designación de Richard Urbina Vega como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, así como la incorporación de Julio César Bonilla Gutiérrez a la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. Estas áreas están vinculadas con los mecanismos de control interno y el acceso a la información dentro de la institución.

A través de un comunicado oficial, la FGR también dio a conocer nombramientos adicionales que completan la lista de ajustes. Claudia Luengas Escudero fue designada como nueva Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez quedó al frente de la Unidad de Comunicación Social.

Cabe recordar que el 28 de noviembre del año pasado el medio Latinus adelantó parte de estos movimientos, entre ellos la llegada de Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el contexto de los cambios que comenzaron a perfilarse tras la transición en la titularidad de la FGR.

Con estas designaciones, la Fiscalía General de la República formaliza una nueva etapa organizativa, con relevos en áreas sustantivas y administrativas que ya operan bajo la actual conducción institucional.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

En un impresionante golpe contra el robo de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 933 mil litros de hidrocarburos en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica en un predio ubicado en la colonia Barrio de la Cruz, a tan solo una hora de la capital estatal, Xalapa.

La acción fue coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También participaron activamente elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública.

El decomiso incluyó, además del combustible ilegal, un total de 64 vehículos de distintos tipos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas, maquinaria pesada, así como tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos. Todo fue hallado dentro de un predio que ahora permanece bajo resguardo del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, ejecutó un cateo en Las Vigas de Ramírez, en dicha entidad, donde aseguró 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas, contenedores y un predio”, comunicó la dependencia federal de forma oficial.

La magnitud del hallazgo refuerza la alerta en la región, pues se suma a otros decomisos importantes realizados recientemente en el estado. Apenas unos días antes, en el sur de Veracruz, fue descubierta una minirrefinería clandestina que se dedicaba al procesamiento ilícito de combustibles. Asimismo, durante diciembre pasado, las autoridades hallaron más de un millón de litros de huachicol en el municipio de Tlalixcoyan y medio millón más en otro punto de Medellín.

Estos operativos forman parte de una estrategia nacional que busca frenar el mercado negro de hidrocarburos, una actividad que por años ha representado una amenaza para la seguridad energética del país. El aseguramiento de Las Vigas de Ramírez se suma a una lista creciente de acciones contundentes contra el llamado huachicol en Veracruz, entidad que continúa siendo un punto clave para este tipo de actividades ilícitas.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con firmeza, dejando bajo custodia judicial tanto los recursos materiales decomisados como el inmueble intervenido, en espera del avance en las diligencias legales correspondientes.

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.