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La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida contempla un aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas, refrescos y sueros no avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de ajustes en juegos con apuestas digitales y videojuegos con contenido violento o para adultos, que entrarán en vigor en 2026.

Durante la sesión, Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el objetivo es “actualizar, fortalecer y modernizar el IEPS” para desincentivar el consumo de productos nocivos y “proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano”. Citó investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que respaldan que los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas han contribuido a reducir su consumo y, por ende, a prevenir enfermedades como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares.

El dictamen también incorporó una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fija impuestos a electrolitos orales que no cumplan con los estándares de la OMS. Se especificó que no se aplicará IEPS a los productos que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

La oposición, sin embargo, calificó la medida como una estrategia recaudatoria. Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar criticó que Morena haya incumplido su promesa de no crear ni aumentar impuestos. “Cuando Morena pidió tu voto, prometió no aumentar impuestos. Este es el impuesto de la desesperación fiscal de Morena. Se acabó su caja chica, ahora van por la tuya”, señaló.

Por el PAN, Paulo Gonzalo Martínez López llevó refrescos y sobres de bebidas en polvo a la tribuna para ejemplificar el impacto del incremento. “Este gobierno intenta aumentar el IEPS en 87 %, llegando a más de tres pesos por litro. Un sobre de bebida que hoy cuesta siete pesos podría alcanzar los 14 o 15 pesos”, explicó. Añadió que una botella familiar de refresco “pasará de 44 a 53 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen”.

El panista también recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación por este impuesto superó un billón de pesos, sin destinarse, según dijo, recursos a la atención de la salud.

Desde Morena, la diputada Paola Tenorio Adame defendió los ajustes al IEPS como una medida de prevención que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la exposición a contenidos violentos. “No se trata de restringir la diversión, sino de cuidar su mente y emociones”, afirmó.

En contraste, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, lamentó que el incremento afecte a las familias mexicanas. “Le suben al refresco, a la gasolina y al entretenimiento. Castigan a los jóvenes y vacían poco a poco la cartera de las familias”, declaró. Añadió que “Morena habla muy bonito, pero miente bien feo”, al considerar que no existe una estrategia de salud real detrás de los aumentos.

Con la aprobación del dictamen, México se prepara para un nuevo ajuste fiscal en 2026, con impacto directo en productos de consumo masivo y en el entretenimiento digital.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

El empresario Germán Larrea, presidente de Grupo México, presentó una oferta para adquirir hasta el 100 por ciento del Banco Nacional de México (Banamex), con el objetivo de que la institución financiera permanezca bajo control mayoritariamente mexicano. “Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100 por ciento de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, destacó la compañía en un comunicado.

La propuesta detalla dos escenarios para la adquisición. Para el 25 por ciento del capital, se propone un múltiplo de 0.85 veces Valor Libro (VL), mientras que para el 75 por ciento restante se plantea un múltiplo de 0.80 veces VL.

En caso de que Fernando Chico Pardo y su familia decidan mantener la inversión del 25 por ciento recientemente pactada con Citi, Grupo México adquiriría el 75 por ciento bajo el múltiplo de 0.80 veces VL. “Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, señaló la empresa.

De concretarse la operación, Banamex y sus subsidiarias quedarían bajo control de Grupo México, con el propósito de impulsar el acceso al crédito para familias y empresas en el país. La compañía subrayó que, de ser aceptada por Citi, la oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes y permitirá que Banamex, regulado exclusivamente por autoridades financieras mexicanas, recupere su potencial competitivo y contribuya al desarrollo económico nacional.

Entre las prioridades de la oferta destaca preservar la plantilla laboral y aprovechar la experiencia del equipo directivo de Banamex para asegurar una transición con certidumbre y continuidad en los servicios a clientes. Además, Grupo México contempla la posibilidad de sumar afores y otros inversionistas mexicanos en el futuro, manteniendo la opción para que Fernando Chico Pardo y su familia participen con el 25 por ciento del capital.

Banamex, fundado en el siglo XIX, es una institución financiera emblemática. Grupo México destacó su compromiso de mantener en el país y acrecentar la colección de arte mexicano del banco, así como preservar los edificios coloniales que forman parte del patrimonio cultural. “La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país”, añadió la compañía.

Germán Larrea, considerado por Forbes 2022 como el segundo hombre más rico de México con una fortuna de 30.8 mil millones de dólares, dirige desde 1994 Grupo México, la minera de cobre más grande del país con operaciones en Perú y Estados Unidos. Es miembro del Consejo Mexicano de Negocios desde 1999 y ha ocupado cargos directivos en el Banco Nacional de México, Citigroup y Grupo Televisa. Tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, Larrea se sumó al grupo de empresarios que respaldaron al presidente.

Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, la procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó que el combate al llamado “huachicol” fiscal es un trabajo de alto riesgo para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En su intervención, destacó que en los últimos dos años la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos vinculados al contrabando de combustibles, con un monto estimado en más de 16 mil millones de pesos.

El tema surgió cuando el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, cuestionó a la funcionaria por haber dedicado solo “30 segundos” de su exposición al robo de combustible, calificándolo como “el robo del siglo” y “quizá el más grande de la historia del país”. Galeano García respondió que “hablar sobre ‘huachicol’ fiscal no es un tema sencillo”, ya que en realidad se trata de contrabando de combustibles y que integrar una carpeta de investigación por estos ilícitos “no se logra en días, semanas o meses, es bastante complejo”.

La procuradora explicó que las redes de delincuencia organizada que participan en este tipo de delitos “no son pequeñas, son de gran calado y son bastante complejas”. Subrayó que su equipo enfrenta riesgos al investigar y presentar denuncias, pues se trata de grupos con amplios recursos y esquemas de defensa legal sofisticados. “Una a una cuentan, porque es el trabajo de todos los días, una más o menos no es para mí solamente una estadística”, remarcó.

Galeano García precisó que el combate al “huachicol” no se limita a la Procuraduría Fiscal. “Trabaja aduanas por su cuenta, si bien no tiene la facultad específica para poder evidenciar o presentarse ante la Fiscalía General, somos un grupo muy extenso de servidores públicos que desde el sector energético trabajan arduamente”, señaló. También recordó que las redes de contrabando de combustible son históricas en México: “Siempre ha habido redes de contrabando de combustible, esto es histórico, somos un país que produce y, por tanto, de movimiento de combustible”.

La funcionaria insistió en que no basta con presentar denuncias, sino que es indispensable sustentar adecuadamente cada caso para que la FGR pueda llevar las líneas de investigación y evitar que las carpetas “se caigan con facilidad”.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó los argumentos de la funcionaria y afirmó: “No podemos aceptar lo que asegura la Secretaría de Hacienda, porque este delito de contrabando se instituyó durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador”. Agregó que, aunque la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada en 2013, “los permisos de importación se generaron a partir del 2017”, por lo que consideró que el cúmulo de casos corresponde al sexenio anterior.

En medio del intercambio, Galeano García reiteró que “defender la hacienda pública es defender también la soberanía energética y la seguridad nacional” y sostuvo que “en México ya no habrá espacio a la simulación fiscal, ni para la impunidad”, destacando el esfuerzo conjunto de las dependencias involucradas.

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. El nombramiento fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis este martes a las 17:00 horas. Posteriormente, el asunto deberá ser discutido en el pleno para la ratificación correspondiente.

Actualmente, la representación de México ante la OEA es ocupada por Luz Elena Baños Rivas, embajadora de carrera que ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1986 y fue designada para este cargo en 2019.

Encinas es en la actualidad secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, donde estuvo a cargo de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, con la responsabilidad de relanzar la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

Alejandro Encinas Rodríguez cuenta con una trayectoria amplia en el servicio público. Fue senador de la República de 2012 a 2018, diputado federal entre 2009 y 2012 y jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2005.

En la misma sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también revisará otros nombramientos enviados por la titular del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Roma, y el de Carlos Eugenio García como embajador de México en la República Federativa de Brasil.

Laura Elena Carrillo fue titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la cancillería durante el sexenio pasado y ahora es propuesta como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estas designaciones forman parte del paquete de nombramientos diplomáticos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación. La sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se llevará a cabo este martes y será el primer paso para que las propuestas pasen al pleno, donde se definirá la aprobación final.

Con estos movimientos, la administración federal busca fortalecer la representación de México en organismos internacionales y embajadas clave para la política exterior del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primera sesión pública con la nueva integración tras los comicios judiciales, celebrados el 1 de septiembre. El arranque estuvo marcado por una jornada de cuatro horas en la que sólo se resolvieron tres de los 15 asuntos agendados, pese a la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de agilizar los trabajos.

La sesión comenzó con un saludo en lengua originaria por parte de Aguilar Ortiz, quien asumió el liderazgo del pleno con la expectativa de hacer las deliberaciones más comprensibles y dinámicas para la sociedad. Como parte de este propósito, la SCJN publicó un reglamento que establece tiempos para las intervenciones de cada ministro y ordena que los miércoles y jueves se dediquen a discutir amparos. Sin embargo, en este primer encuentro se abordaron únicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El tema central fue una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de salud mental de Chihuahua. Durante la discusión, varios ministros excedieron los minutos fijados en el nuevo reglamento, lo que impidió que se avanzara con la totalidad de la lista prevista.

Previo al análisis del primer proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la palabra para agradecer a los votantes que le permitieron continuar en el máximo tribunal, destacando la legitimidad del nuevo mecanismo de elección democrática.

Otros ministros, como Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron el inicio de una etapa distinta en la Corte, en la que resaltaron cambios como el recorte a sus salarios.

En su intervención, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó su visión sobre los litigios en contra de leyes aprobadas por el Congreso. “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades. Si el Legislativo ha emitido nuevas normas, es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso”, expuso.

La primera división de criterios entre los ministros surgió al analizar si debía declararse la invalidez de una norma por no haberse consultado a grupos vulnerables afectados durante el proceso legislativo.

Las ministras Lenia Batres y Ríos González se pronunciaron por mantener la vigencia de la ley, al considerar que el beneficio para los grupos vulnerables es mayor que la omisión de consulta. Batres calificó como “una perversión” el criterio anterior de la Corte y defendió que la consulta debe entenderse como un medio, no un fin.

Finalmente, el resto de los ministros se inclinó por la propuesta de Yasmín Esquivel, que planteó invalidar diversos artículos de la Ley de salud mental de Chihuahua.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), como se había anunciado previamente. Su puesto en Ginebra es de carácter temporal y se encuentra dos niveles por debajo del cargo que ocupa oficialmente la embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “la representante de México ante todas las Organizaciones Internacionales (OI) con sede en Ginebra es la embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar”. En respuesta a una solicitud de información, la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la cancillería precisó que López-Gatell “recibió un nombramiento temporal para apoyar en los temas de Salud en la Misión Permanente de México ante los OI con sede en Ginebra, Suiza”.

En la página de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ya aparece el nombre de López-Gatell como ministro. Sin embargo, en el directorio de la cancillería su nombre aún no figura. Según la SRE, el cargo que ocupa actualmente es el mismo que desempeñaba Miriam Gabriela Medel García, quien era primera secretaria de Salud y Medio Ambiente.

El puesto tenía asignado un salario de 6 mil 829 euros, equivalentes a 148 mil 950 pesos mexicanos. No obstante, López-Gatell percibirá el sueldo correspondiente a la categoría de ministro, que asciende a 12 mil 195 euros, es decir, 265 mil 990 pesos mexicanos.

En sus funciones, López-Gatell es responsable de la interlocución en temas de salud de manera transversal con las organizaciones y programas internacionales con sede en Ginebra. Su papel lo coloca frente a múltiples organismos especializados en el ámbito sanitario y ambiental.

El nombramiento fue confirmado el pasado 30 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró en ese momento que López-Gatell sería el representante de México ante la OMS. Sin embargo, la precisión de la cancillería aclara que la representación recae en la embajadora Méndez Escobar, mientras que el exsubsecretario de Salud únicamente colabora en un puesto de carácter temporal.

Durante su gestión en el gobierno federal, López-Gatell encabezó la estrategia nacional contra la pandemia de Covid-19. Su papel en esa etapa ha sido cuestionado por distintos sectores, incluida la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19, que rechazó su nombramiento en Ginebra. El organismo recordó que documentó “graves omisiones y decisiones que contribuyeron a que México registrara el cuarto nivel más alto de exceso de mortalidad en el mundo”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.