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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo fiscal que mantiene Grupo Salinas, y aseguró que si realmente tuvieran la intención de pagar, ya lo habrían hecho.

Durante su conferencia matutina de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que no hubo ningún convenio con el empresario. “Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, afirmó.

Sheinbaum hizo referencia a una carta que el propio Salinas Pliego difundió en redes sociales, en la que el empresario aseguró que Grupo Salinas sí tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”. En el documento, el grupo empresarial explicó que la carta fue enviada a la entonces jefa de Gobierno en octubre de 2024, donde expresaba su disposición a pagar “lo que es legal y correcto” y mencionaba las mesas de negociación sostenidas con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio anterior.

En la misma carta, Salinas Pliego señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, había llegado a un supuesto acuerdo con la empresa durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, Sheinbaum aclaró que pidió a Medina presentarse para explicar los hechos y puntualizó que “nunca se llegó a ningún acuerdo”.

Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, señaló que el grupo empresarial no ha obtenido respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la forma en que suele litigar. Explicó que Grupo Salinas acostumbra presentar recursos legales para frenar el cobro y extender los procesos judiciales, por lo que el SAT ha optado por esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de actuar.

Galeano subrayó que las empresas involucradas pueden realizar el pago de sus adeudos en cualquier momento sin necesidad de una cita o autorización especial. “Es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción”, declaró.

Con ello, tanto la Presidencia como la Procuraduría Fiscal reafirmaron que no existe negociación ni trato especial con el empresario, y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales depende exclusivamente de la decisión de Grupo Salinas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.