Diputados aprueban alza a cigarros, refrescos y videojuegos; Morena defiende salud

La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida contempla un aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas, refrescos y sueros no avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de ajustes en juegos con apuestas digitales y videojuegos con contenido violento o para adultos, que entrarán en vigor en 2026.

Durante la sesión, Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el objetivo es “actualizar, fortalecer y modernizar el IEPS” para desincentivar el consumo de productos nocivos y “proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano”. Citó investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que respaldan que los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas han contribuido a reducir su consumo y, por ende, a prevenir enfermedades como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares.

El dictamen también incorporó una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fija impuestos a electrolitos orales que no cumplan con los estándares de la OMS. Se especificó que no se aplicará IEPS a los productos que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

La oposición, sin embargo, calificó la medida como una estrategia recaudatoria. Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar criticó que Morena haya incumplido su promesa de no crear ni aumentar impuestos. “Cuando Morena pidió tu voto, prometió no aumentar impuestos. Este es el impuesto de la desesperación fiscal de Morena. Se acabó su caja chica, ahora van por la tuya”, señaló.

Por el PAN, Paulo Gonzalo Martínez López llevó refrescos y sobres de bebidas en polvo a la tribuna para ejemplificar el impacto del incremento. “Este gobierno intenta aumentar el IEPS en 87 %, llegando a más de tres pesos por litro. Un sobre de bebida que hoy cuesta siete pesos podría alcanzar los 14 o 15 pesos”, explicó. Añadió que una botella familiar de refresco “pasará de 44 a 53 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen”.

El panista también recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación por este impuesto superó un billón de pesos, sin destinarse, según dijo, recursos a la atención de la salud.

Desde Morena, la diputada Paola Tenorio Adame defendió los ajustes al IEPS como una medida de prevención que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la exposición a contenidos violentos. “No se trata de restringir la diversión, sino de cuidar su mente y emociones”, afirmó.

En contraste, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, lamentó que el incremento afecte a las familias mexicanas. “Le suben al refresco, a la gasolina y al entretenimiento. Castigan a los jóvenes y vacían poco a poco la cartera de las familias”, declaró. Añadió que “Morena habla muy bonito, pero miente bien feo”, al considerar que no existe una estrategia de salud real detrás de los aumentos.

Con la aprobación del dictamen, México se prepara para un nuevo ajuste fiscal en 2026, con impacto directo en productos de consumo masivo y en el entretenimiento digital.

Aprueban nueva Ley Federal de Derechos; oposición acusa de “hacer que todos paguen más”

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.

Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.

La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.

Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.

Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.

Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local. 

También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.

Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.

Presupuesto 2025: Polémica, desafíos, perspectivas y cifras ambiciosas en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados avanza con paso firme en la discusión del presupuesto que definirá el rumbo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año al frente de México. Este lunes, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la Ley de Derechos 2025, enviándolos al Pleno de San Lázaro para su revisión final. Sin embargo, no todo ha sido consenso: la oposición cuestiona duramente las proyecciones macroeconómicas y la falta de estrategias recaudatorias a largo plazo.

 

Los documentos aprobados proyectan ingresos presupuestarios por 8.056 billones de pesos, un aumento real del 5.4% respecto a 2024. Este optimismo se sustenta en un crecimiento económico esperado de entre 2% y 3% para 2025, cifras que, según la oposición, distan de las expectativas del mercado financiero. “Es irresponsable proyectar un crecimiento tan optimista sin medidas claras para fomentar la inversión y el empleo”, señaló un diputado del PAN durante la sesión.

 

En cuanto a los ingresos por derechos, se anticipa una recaudación de 137,500 millones de pesos, un salto significativo respecto a los 59,091 millones aprobados para 2024. Parte de este aumento provendrá de ajustes como la elevación del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5%, medida que, según la Secretaría de Hacienda, busca equilibrar los beneficios obtenidos por las empresas mineras frente a los recursos no renovables de la nación.

 

Otro punto de debate ha sido la autorización de un endeudamiento neto interno por 1.5 billones de pesos, destinado a cubrir los ingresos faltantes del Presupuesto de Egresos, que asciende a 9.226 billones de pesos. La oposición critica que esta decisión compromete la sostenibilidad financiera del país. “Estamos hipotecando el futuro para financiar proyectos sin un impacto claro en el crecimiento económico”, advirtió un legislador de Movimiento Ciudadano.

 

Por otro lado, la Ley de Derechos incluye una distribución específica de los recursos obtenidos por el uso de aeropuertos federales: el 60% será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 40% a la Secretaría de Marina para infraestructura y operaciones. Esta decisión busca fortalecer el desarrollo aeroportuario bajo la gestión de estas dependencias.

 

La supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso apunta a aprobar el paquete el próximo 27 de noviembre, pero no sin enfrentar cuestionamientos. Desde la ausencia de funcionarios de Hacienda durante las discusiones hasta la falta de una política recaudatoria clara, el debate está lejos de terminar. “México merece un presupuesto realista y responsable que atienda las necesidades actuales sin hipotecar el futuro”, expresó un diputado del PRI.