Etiqueta: recursos

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue designado como presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano recién creado para aportar análisis y recomendaciones estratégicas a Petróleos Mexicanos (Pemex). El anuncio se realizó durante la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera de México, realizada en Pueblo Viejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la integración del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al nuevo consejo, cuya finalidad será fortalecer la toma de decisiones dentro de la empresa productiva del Estado. Durante el acto, la mandataria agradeció públicamente al político su disposición para participar en el organismo.

“Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos”, expresó.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que Cárdenas encabezará la Comisión Consultiva debido a su experiencia y trayectoria. Detalló que el grupo analizará las condiciones, tendencias y perspectivas de la industria de los hidrocarburos tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de emitir opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones dentro de la empresa.

La designación ocurre ocho meses después de que Cárdenas criticara al gobierno federal durante el aniversario luctuoso número 37 de Francisco Xavier Ovando, el 3 de julio de 2025. En ese momento advirtió sobre la falta de recursos públicos para atender distintos sectores del país.

“Hay insuficiencia de recursos del Estado para invertir tanto en la atención de necesidades sociales, salud, educación, seguridad social, como en el fomento al desarrollo, energía, infraestructura, agricultura, industrialización, cultura, turismo, mediante políticas que mantengan entre sus objetivos concretos y prioritarios el crecimiento de la economía”,señaló entonces.

En el evento también participaron la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, respondió tras la difusión de nuevos videos presentados por el medio de información Latinus en los que se observa a David León entregando recursos a candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2015. El legislador aseguró ser ajeno a los hechos y se puso a disposición de cualquier autoridad que decida investigar.

“Yo soy ajeno a esos actos y ajeno a los actos de terceras personas. (…) Estoy abierto a que se hagan todas las investigaciones, a cualquier autoridad que me solicite mi presencia; en el momento que lo hagan con mucho gusto ahí estaré”, declaró Velasco en entrevista desde la Cámara Alta.

En las imágenes difundidas se aprecia a David León entregar un sobre amarillo con dinero al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en 2015. Según la confesión de León, los recursos provenían de Manuel Velasco, entonces gobernador del estado.

El senador rechazó esa versión y reiteró que no se usaron recursos públicos de su administración para financiar campañas. “Te repito, soy ajeno a los actos que hagan terceras personas”, enfatizó.

Durante la conversación con medios de comunicación, Velasco fue cuestionado sobre si conocía a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también señalado en años recientes por aparecer en videos de entregas de dinero. El político chiapaneco aclaró que la relación fue lejana y meramente circunstancial.

“Mi abuelo materno tenía una relación de amistad pública con el licenciado Andrés Manuel y en algún momento conocí a parte de su familia, sin tener una mayor relación. Lo saludé en un par de ocasiones, él estaba promoviendo un equipo de béisbol en el estado, pero yo en lo personal nunca tuve ningún trato con él directamente ni mucho menos”, explicó.

En cuanto a una supuesta solicitud de recursos por parte de Morena para la campaña de 2015, Velasco negó esa versión al recordar que en ese proceso electoral su partido y Morena eran adversarios políticos. Subrayó que el PVEM, que lo postuló a la gubernatura, obtuvo el primer lugar, mientras que Morena tuvo un desempeño menor.

“En el 2015 los resultados electorales ahí hablan, Morena me parece que quedó en quinto o sexto lugar, la primera fue el Verde, el segundo lugar el PRI y después las demás fuerzas. No tuvo un buen resultado electoral, incluso en los actos de campaña permanentemente había un golpeteo hacia mi persona”, sostuvo.

Velasco reiteró que está dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y deslindarse de las acusaciones que surgen a raíz de los videos difundidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

El proceso electoral rumbo al 1 de junio suma una nueva controversia. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. La acusación: violación de los principios de equidad en la contienda, derivado del uso indebido de propaganda electoral y recursos tanto públicos como privados. 

Ortiz Ahlf, según la denuncia, recibió patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa La Cruz Azul. La presunta irregularidad se registró en un evento masivo realizado en el Auditorio Ernesto Velasco, ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Odriozola argumentó que no se extendió invitación a otros candidatos, afectando así el principio de equidad en la contienda.

Aunque la ministra Ortiz declaró que no realizó ningún gasto en el evento, sino que asistió como invitada, la normatividad electoral establece que las aportaciones en especie están prohibidas. Cualquier apoyo de este tipo podría constituir una falta a la legislación vigente en materia electoral.

Por otro lado, Odriozola señaló que Yasmín Esquivel inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, acompañada de integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al finalizar el evento, los asistentes recibieron atole y tamales, lo que podría representar otra violación a la normatividad electoral.

El documento presentado ante el INE exige que se fiscalicen ambos eventos y se determine la aplicación de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La ley electoral establece que durante los periodos de campaña está prohibido recibir aportaciones en especie, así como cualquier tipo de respaldo económico proveniente de organizaciones sindicales u otras instituciones con recursos públicos o privados.

Este nuevo señalamiento genera tensión en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias y controversias. Con la cercanía de la elección del 1 de junio, el INE tendrá que evaluar los hechos y determinar si las ministras Esquivel y Ortiz incurrieron en alguna falta.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de las normas electorales en el país. Mientras tanto, la denuncia de Odriozola aviva el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección de altos funcionarios en México.