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Mientras los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal afirmaban públicamente que sus visas estadounidenses continúan vigentes, fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron al Semanario ZETA que ambos documentos migratorios fueron revocados y así aparecen registrados en los sistemas oficiales de ese país.

La información difundida por el medio fronterizo coloca en abierta contradicción las declaraciones emitidas este miércoles por los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, quienes rechazaron no sólo la cancelación de sus visas, sino también cualquier investigación en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

Según las fuentes consultadas por ZETA, la revocación ya fue procesada administrativamente, aunque los gobernadores conservan físicamente las visas. La razón, explicaron los funcionarios, es que ninguno de los dos ha intentado ingresar recientemente a territorio estadounidense. 

De acuerdo con esa versión, el documento sólo puede ser retirado materialmente cuando su portador se presenta en un cruce fronterizo o punto de acceso al país.

Las mismas fuentes señalaron que el origen de estas medidas estaría relacionado con investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado o actividades de narcotráfico, ya sea de forma directa o mediante terceros. No obstante, las autoridades estadounidenses se negaron a ofrecer detalles sobre los expedientes.

La publicación surge después de que Los Angeles Times reportó que Durazo y Villarreal forman parte de investigaciones federales en Estados Unidos por presuntos nexos con organizaciones criminales. El diario estadounidense añadió que ambos habrían ingresado previamente a ese país mediante mecanismos especiales distintos a una visa regular.

Horas antes de la revelación de ZETA, Alfonso Durazo rechazó la versión sobre la cancelación de su visa y calificó la información como una “infamia”. El gobernador sonorense sostuvo además que no ha recibido ninguna notificación relacionada con una medida de ese tipo.

Américo Villarreal también negó los señalamientos. El mandatario tamaulipeco afirmó que cuenta con visa vigente y rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales. “Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde”, declaró. 

Posteriormente añadió: “Resulta inadmisible que acusaciones del tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”.

Villarreal aseguró además que no existe imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial del gobierno estadounidense en su contra. En la misma línea, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, sostuvo que no hay evidencia de que el gobernador sea investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante una gira de trabajo por Reynosa, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación de México con Estados Unidos se basa en la cooperación, pero no en la subordinación. La declaración se dio en un contexto marcado por versiones contradictorias provenientes de autoridades estadounidenses sobre la detención de Ryan Wedding, alias “Thor”, identificado como un líder criminal vinculado al tráfico de drogas.

En el cierre de su primer evento público en la ciudad fronteriza, la mandataria subrayó: “La presidenta tiene claros sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”. Añadió que expresar este mensaje desde la frontera norte tiene un significado particular, al tratarse de una región históricamente ligada a la relación bilateral con Estados Unidos.

Las palabras de Sheinbaum se produjeron un día después de que surgieran versiones distintas sobre la captura de Wedding. Mientras el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, señaló que se trató de una “operación de alto riesgo” realizada de manera conjunta con autoridades mexicanas, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que el presunto criminal se entregó de forma voluntaria. Este contraste de narrativas enmarcó la referencia presidencial a la soberanía nacional.

En su discurso, Sheinbaum también vinculó la postura internacional de su gobierno con su visión interna del país. Afirmó que “México es un país libre con justicia social”, al mencionar políticas como la entrega de vivienda conforme a los ingresos familiares, salarios justos, educación gratuita y acceso a la salud. Estas declaraciones se dieron durante actos oficiales de entrega de viviendas y distribución de tarjetas de programas de bienestar.

En ambos eventos, la presidenta agradeció el trabajo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque sin el respaldo enfático que suele expresar hacia otros mandatarios estatales. “Gracias, Américo Villarreal, por tu recepción y por tu trabajo al frente de Tamaulipas”, dijo en tono institucional.

Durante el segundo acto público se registró un movimiento inusual en el presídium. Mientras el gobernador se levantaba para ofrecer su discurso, el equipo de logística presidencial reacomodó los asientos para que una beneficiaria del programa, Ana Amelia Tolentino Juárez, ocupara el lugar contiguo a la presidenta. Villarreal quedó desplazado hacia un extremo de la fila.

En su intervención, el gobernador destacó una “colaboración muy estrecha” con el gobierno federal y afirmó que Tamaulipas ha sido el primero en sumarse a las iniciativas presidenciales. Al concluir, intentó saludar de manera cercana a Sheinbaum; ella respondió con cortesía, se retiró ligeramente y ofreció ambas manos a modo de saludo.

Posteriormente, Villarreal solicitó recuperar su lugar original, lo que implicó nuevos ajustes en el presídium. En su mensaje final, la presidenta centró su intervención en los programas sociales, el apoyo a mujeres y sectores vulnerables, y el reconocimiento histórico a las mujeres, mencionando al gobernador solo en una ocasión.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.