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La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

México activó una medida sanitaria inmediata y suspendió la importación de carne de cerdo y productos derivados provenientes de España, luego de que ese país confirmara dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que detalló que la detección derivó en la aplicación de un bloqueo preventivo para proteger la producción porcícola nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el país detuvo el ingreso de carne de cerdo, jamones, salchichas, productos madurados, despojos porcinos destinados al consumo humano y cualquier tipo de materia prima porcícola utilizada en la elaboración de alimentos. La suspensión se aplicará mientras México recibe información zoosanitaria actualizada sobre la atención del brote en territorio español.

El gobierno federal precisó que esta es la primera vez desde 1994 que España reporta un caso de peste porcina africana, hecho que encendió alertas internacionales. “Derivado de este caso, el primero en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”, indica el comunicado.

La autoridad sanitaria mexicana explicó que la decisión tiene como objetivo evitar riesgos para la producción porcina del país, una de las actividades agroalimentarias con mayor peso económico y con mercados consolidados tanto nacionales como de exportación. El Senasica recordó que las medidas de bioseguridad son clave para impedir el ingreso de enfermedades exóticas que podrían afectar gravemente a la industria.

El organismo también informó que la restricción aplica para importaciones comerciales y para productos transportados por personas turistas, residentes o ciudadanos mexicanos que pretendan ingresar al país. Esto incluye alimentos procesados o artesanales que contengan carne o derivados de cerdo, sin excepciones.

En paralelo, España confirmó este viernes la aparición de los dos casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra, Barcelona. Tras la verificación de laboratorio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español bloqueó alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación de productos porcinos dirigidos a cerca de 40 países.

La peste porcina africana no afecta a humanos, pero es altamente contagiosa entre cerdos y jabalíes, lo que la convierte en una enfermedad de alto impacto para el sector agropecuario. Por ello, diversos países suelen activar protocolos de contención inmediata al confirmarse brotes en zonas exportadoras.

Con esta suspensión, México se suma a las naciones que han aplicado medidas preventivas en espera de la evolución del evento sanitario en España y de la información actualizada que permita evaluar riesgos antes de restablecer la importación de productos porcinos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

México ha eliminado las restricciones a la importación de maíz transgénico tras un fallo adverso en una disputa con Estados Unidos dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La decisión se formalizó el miércoles 5 de febrero con la publicación de un acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La reversión de estas restricciones responde a un fallo de un panel de solución de controversias del T-MEC que determinó que las medidas impuestas por México no estaban basadas en evidencia científica y restringían el acceso al mercado acordado en el tratado. Como consecuencia, México tenía hasta el 5 de febrero para acatar la resolución y evitar posibles represalias comerciales.

El acuerdo publicado en el DOF deja sin efectos los artículos Sexto, fracción II, Séptimo y Octavo del decreto del 13 de febrero de 2023, en el cual se establecían diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Esta decisión significa que el comercio de maíz transgénico entre Estados Unidos y México podrá continuar sin las restricciones impuestas previamente.

Estados Unidos es el principal proveedor de maíz de México, con exportaciones que ascendieron a 4,800 millones de dólares entre enero y octubre de 2024. La prohibición mexicana generó preocupación entre los agricultores y exportadores estadounidenses, lo que llevó al gobierno de ese país a solicitar la intervención del mecanismo de solución de controversias del T-MEC el 17 de agosto de 2023.

La disputa se centró en dos medidas establecidas en el decreto de febrero de 2023: la prohibición inmediata del uso de maíz transgénico en la producción de masa y tortillas, y la eliminación gradual de su uso en otros productos alimenticios y en la alimentación animal. La entonces representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, celebró la decisión del panel al considerar que la posición de su país estaba respaldada por la normativa del tratado.

Por su parte, el Gobierno de México manifestó su desacuerdo con la resolución del panel y sostuvo que las medidas buscaban proteger la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, conforme a la legislación nacional e internacional. No obstante, confirmó que respetaría la determinación debido a la importancia del mecanismo de solución de controversias del T-MEC para la estabilidad del tratado.

Con esta decisión, el comercio de maíz transgénico entre ambos países continuará sin las restricciones establecidas en 2023, manteniendo el flujo comercial y la relación bilateral en este sector clave.