Diputados aprueban alza a cigarros, refrescos y videojuegos; Morena defiende salud

La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impulsadas por Morena y sus aliados, con el argumento de proteger la salud pública y el medio ambiente.

La medida contempla un aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas, refrescos y sueros no avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de ajustes en juegos con apuestas digitales y videojuegos con contenido violento o para adultos, que entrarán en vigor en 2026.

Durante la sesión, Daniel Murguía Lardizábal, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el objetivo es “actualizar, fortalecer y modernizar el IEPS” para desincentivar el consumo de productos nocivos y “proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano”. Citó investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que respaldan que los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas han contribuido a reducir su consumo y, por ende, a prevenir enfermedades como diabetes, cáncer y padecimientos cardiovasculares.

El dictamen también incorporó una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fija impuestos a electrolitos orales que no cumplan con los estándares de la OMS. Se especificó que no se aplicará IEPS a los productos que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

La oposición, sin embargo, calificó la medida como una estrategia recaudatoria. Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar criticó que Morena haya incumplido su promesa de no crear ni aumentar impuestos. “Cuando Morena pidió tu voto, prometió no aumentar impuestos. Este es el impuesto de la desesperación fiscal de Morena. Se acabó su caja chica, ahora van por la tuya”, señaló.

Por el PAN, Paulo Gonzalo Martínez López llevó refrescos y sobres de bebidas en polvo a la tribuna para ejemplificar el impacto del incremento. “Este gobierno intenta aumentar el IEPS en 87 %, llegando a más de tres pesos por litro. Un sobre de bebida que hoy cuesta siete pesos podría alcanzar los 14 o 15 pesos”, explicó. Añadió que una botella familiar de refresco “pasará de 44 a 53 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes menos tienen”.

El panista también recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la recaudación por este impuesto superó un billón de pesos, sin destinarse, según dijo, recursos a la atención de la salud.

Desde Morena, la diputada Paola Tenorio Adame defendió los ajustes al IEPS como una medida de prevención que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la exposición a contenidos violentos. “No se trata de restringir la diversión, sino de cuidar su mente y emociones”, afirmó.

En contraste, Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano, lamentó que el incremento afecte a las familias mexicanas. “Le suben al refresco, a la gasolina y al entretenimiento. Castigan a los jóvenes y vacían poco a poco la cartera de las familias”, declaró. Añadió que “Morena habla muy bonito, pero miente bien feo”, al considerar que no existe una estrategia de salud real detrás de los aumentos.

Con la aprobación del dictamen, México se prepara para un nuevo ajuste fiscal en 2026, con impacto directo en productos de consumo masivo y en el entretenimiento digital.

CURP Biométrica y nuevo control digital: Avanza ley entre protestas y advertencias

En una maratónica sesión extraordinaria, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la polémica Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La velocidad del proceso encendió alarmas entre legisladores de oposición, quienes acusaron falta de transparencia y riesgo para los datos personales de la ciudadanía.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, advirtió que esta nueva legislación contempla la integración de datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia de seguridad y combate a la desaparición de personas. “No solamente nos estamos adelantando al incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales”, subrayó Téllez.

La nueva plataforma LlaveMX, diseñada para funcionar como sistema único de autentificación, dependerá de la CURP biométrica para acreditar la identidad de los ciudadanos. A pesar de los beneficios prometidos, como la reducción de tiempos y trámites, la centralización de datos sensibles encendió alertas entre legisladores que ven en esta iniciativa riesgos de control y censura.

“El proceso para dictaminar en comisiones se establece en el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no se cumplió”, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes, quien detalló que el dictamen fue circulado apenas unas horas antes de su discusión, contraviniendo los plazos legales.

Desde el PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó su preocupación por la exigencia de rehacer el trámite de la CURP con datos biométricos. “Hay manos de segundo nivel, de tercer nivel, que hacen mal uso de esta situación y que nos han demostrado una y otra vez el saqueo de datos”, alertó el priista.

El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, defendió el proyecto asegurando que la ley busca “reducir las cargas económicas y los obstáculos para el desarrollo”. Además, destacó que la implementación de LlaveMX permitirá acreditar la identidad sin necesidad de múltiples documentos, agilizando los trámites gubernamentales.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la discusión de esta nueva ley continuará en el pleno a partir de las 4:00 de la tarde, en una sesión semipresencial que promete extender el debate sobre el futuro del control digital y los derechos ciudadanos.

La controversia queda servida en un tema que pone en juego la seguridad de los datos personales frente a la modernización de los servicios públicos.