La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó la fuga de 23 personas privadas de la libertad del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puerto Vallarta, durante los disturbios registrados el domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El incidente dejó como saldo la muerte de un elemento de la policía penitenciaria.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia de prensa que la evasión ocurrió luego de un ataque directo a las instalaciones penitenciarias. De acuerdo con el funcionario, un vehículo impactó uno de los portones de acceso al penal mientras se registraban disparos en el lugar.

Durante la agresión, el personal de custodia respondió para contener la situación. “Los compañeros repelieron la agresión, pero lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaban haciéndole frente a la situación”, explicó el titular de Seguridad.

Tras confirmarse la fuga, las autoridades activaron protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional. Hernández señaló que se emitieron alertamientos a distintas entidades federativas con el objetivo de localizar y recapturar a los internos evadidos. Estas acciones forman parte del despliegue de seguridad implementado en respuesta a los hechos violentos ocurridos en la región.

El funcionario detalló que el gobierno estatal reforzó la presencia de elementos de seguridad en el Ceinjure y sus alrededores para restablecer el control. Indicó que la situación se encuentra bajo supervisión y que personal de derechos humanos permanece en el sitio para dar seguimiento a lo ocurrido.

“Ya está bajo control la situación. Aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Y ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad”, afirmó Hernández al ofrecer el balance preliminar del incidente.

La fuga se produjo en el contexto de una jornada marcada por bloqueos y actos violentos en distintos puntos de Jalisco, derivados del operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes. Estos acontecimientos generaron una respuesta inmediata de las autoridades estatales, que desplegaron operativos adicionales y activaron mecanismos de coordinación para contener los disturbios y reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda para ubicar a los 23 reos fugados y continúan con las labores de seguridad en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el ataque al penal y las circunstancias que permitieron la evasión.

Durante la inauguración de la nueva aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó el respaldo del Gobierno federal para que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina continúen al frente de la vigilancia y operación de las aduanas del país, al destacar resultados concretos en materia de recaudación, control y seguridad fronteriza.

En el acto oficial, la mandataria subrayó que la administración de las aduanas por parte de las Fuerzas Armadas ha permitido un crecimiento significativo en los ingresos públicos. Detalló que, entre 2024 y 2025, la recaudación aduanera pasó de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento. Este avance, afirmó, es resultado del trabajo coordinado y de la nueva estructura operativa implementada en los puntos de ingreso y salida del país.

Sheinbaum explicó que la titularidad de las aduanas se encuentra distribuida de acuerdo con su ubicación estratégica: la Secretaría de Marina encabeza las aduanas portuarias, mientras que el Ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene bajo su responsabilidad las aduanas terrestres. “Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país”, señaló al reconocer el papel de ambas instituciones en la operación cotidiana y el fortalecimiento del sistema aduanero.

Como parte de los objetivos para el año en curso, la presidenta anunció que la meta gubernamental es alcanzar una recaudación de un billón 500 mil millones de pesos, apoyada en la modernización tecnológica, la centralización de procesos y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la relevancia estratégica de Nuevo Laredo, no solo como uno de los principales cruces comerciales del país, sino también como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas. Resaltó que su ubicación es clave tanto para la recaudación fiscal como para la seguridad nacional.

Trevilla Trejo también enfatizó la coordinación permanente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en toda la frontera norte, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites territoriales de ambos países,“con absoluto respeto a la soberanía de ambas naciones”.

Por su parte, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo, detalló la magnitud del nuevo complejo aduanero de Nuevo Laredo. Indicó que cuenta con más de 29 áreas de extensión, una superficie construida superior a los 320 mil metros cuadrados, capacidad operativa para más de mil 100 personas y 600 viviendas destinadas al personal y sus familias. Además, incluye instalaciones recreativas y deportivas, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de quienes forman parte de la institución.

La inauguración de esta infraestructura refuerza el papel de Nuevo Laredo como punto neurálgico del comercio exterior y como eje del nuevo modelo aduanero impulsado por el Gobierno federal.

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

La embajada de Estados Unidos en México difundió este domingo un mensaje dirigido a personas migrantes en el que subrayó que la frontera sur estadounidense no sólo está reforzada en tierra, sino también en el cauce del río Bravo, mediante la instalación de barreras flotantes. La advertencia fue publicada en redes sociales y estuvo acompañada por un video que muestra una extensa línea de boyas de color naranja colocadas sobre el afluente, mientras suena de fondo la canción “Down by the Riverside” de Willie Jones.

En el mensaje, la representación diplomática señaló que quienes intenten cruzar el río Bravo se encontrarán con obstáculos físicos y vigilancia constante. “Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, destacó la embajada al referirse a esta infraestructura instalada a lo largo de más de 800 kilómetros del río, que funciona como frontera natural entre Estados Unidos y México, particularmente en el tramo que divide Texas y el estado de Tamaulipas.

La publicación enfatizó que el reforzamiento fronterizo es integral y continuo. “Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces entre puertos de entrada”, indicó el mensaje oficial, que además exhortó a las personas migrantes a no intentar el cruce irregular y a regresar a su país de origen. La advertencia fue acompañada de una frase directa: “Serás detenido y deportado, ni lo intentes”, en referencia a las consecuencias legales de ingresar sin autorización al territorio estadounidense.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, este sistema de boyas forma parte de la estrategia federal para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas. La funcionaria explicó que el llamado “muro flotante” es financiado con recursos incluidos en el proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump, al que el propio mandatario ha descrito como un “gran y hermoso proyecto de ley”. Esta iniciativa contempla diversas acciones de fortalecimiento de la seguridad fronteriza, tanto en tierra como en zonas acuáticas.

Las barreras flotantes han sido presentadas por las autoridades estadounidenses como un elemento disuasivo para evitar cruces no autorizados por el río Bravo, una de las rutas más utilizadas por migrantes debido a su extensión y complejidad geográfica. El despliegue de estas estructuras se suma a otros mecanismos de control, como patrullajes constantes y sistemas de vigilancia.

No obstante, organizaciones y activistas defensores de los derechos de las personas migrantes han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas. Han calificado la barrera acuática como una “trampa mortal”, al advertir que las boyas pueden provocar lesiones graves a quienes intenten atravesarlas, especialmente en un entorno donde las corrientes del río y las condiciones climáticas representan riesgos adicionales.

La difusión del video y el mensaje por parte de la embajada estadounidense marca un nuevo episodio en la comunicación oficial sobre el endurecimiento de la política migratoria, al destacar visualmente que el control fronterizo se extiende más allá de los muros terrestres y alcanza también las aguas que separan a ambos países.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

Dos nuevos casos de miasis por gusano barrenador en seres humanos fueron confirmados este domingo en Chiapas, elevando a cuatro el número total de contagios registrados en el país. La enfermedad, poco común y altamente agresiva, comienza a extenderse en la región, principalmente en el municipio de Mapastepec, donde las autoridades locales intensifican las acciones de vigilancia y control.

Frida Viridiana Coutiño Jiménez, regidora y comisionada de salud pública del municipio, confirmó la presencia de los casos durante una serie de recorridos por comunidades rurales. Ambos pacientes, adultos mayores residentes del ejido Altamira, están actualmente hospitalizados en la ciudad de Tapachula. Hasta ahora, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las secretarías de salud estatal o federal.

Además de los contagios humanos, se han detectado múltiples casos en animales de traspatio y de ganado, incluyendo aves, bovinos, caballos, borregos y cabras. Coutiño hizo un llamado urgente a la población para mantener la vigilancia y no ignorar posibles síntomas. “Ya se encontraron dos casos positivos en el ser humano. Y en animales, también ya se encontraron varios casos”, declaró ante medios locales.

La enfermedad ha comenzado a mostrar una propagación crítica en la zona. José Manuel Muria Ponce, subdirector de fomento agropecuario de Mapastepec, aseguró que se está implementando una estrategia biológica con la liberación de moscas estériles en Tapachula, con la intención de reducir la población del insecto vector y crear una barrera que contenga el brote. Una medida similar fue empleada en 1985, cuando la región enfrentó una situación sanitaria similar.

Chiapas se posiciona como el epicentro del brote, concentrando el 60% de los casos detectados en animales. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han registrado 900 casos en el estado, de un total de 1,500 en todo México.

La miasis por gusano barrenador, causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, representa una amenaza seria tanto para la salud humana como para la ganadería. El insecto deposita sus huevos en heridas abiertas o piel dañada, donde las larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones graves y, en casos extremos, la pérdida de función de órganos o la muerte.

El primer caso en humanos fue reportado el 18 de abril en Acacoyagua, en una mujer de 77 años que fue dada de alta tras presentar mejoría. El segundo caso se confirmó el 8 de mayo en un hombre de 50 años en Tuzantlán, quien desarrolló la infección en una herida provocada por la mordida de un perro.

El brote actual refuerza la necesidad de acciones sanitarias urgentes y continuas. Las autoridades piden a la población reportar cualquier anomalía en personas o animales, sin temor a represalias. La prevención y detección oportuna se convierten en herramientas clave ante una plaga que no solo afecta al campo, sino que ahora también impacta directamente en la salud pública.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, que permitirá la creación de una empresa filial constructora y fomentará el arrendamiento accesible. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones en lo general, y 67 votos a favor y 35 en contra en lo particular, el dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. 

Uno de los principales cambios que introduce esta reforma es la posibilidad de que el Infonavit adquiera terrenos cedidos por estados y municipios para construir viviendas a un costo hasta 30% menor. Según la senadora Beatriz Mojica, esta medida facilitará el acceso a vivienda social y beneficiará a miles de trabajadores en el país.

Además, la reforma otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar las operaciones de crédito del Infonavit. No obstante, la nueva filial constructora no estará sujeta a la misma vigilancia, lo que ha generado preocupación entre la oposición.

Los legisladores opositores han expresado su inquietud por los 2.4 billones de pesos en activos que posee el Infonavit, argumentando que la reforma podría poner en riesgo estos recursos al no establecer mecanismos claros de control y transparencia. A pesar de estos señalamientos, el Senado aseguró en un comunicado que los ahorros y créditos de los trabajadores no serán afectados y contarán con supervisión fiscal.

Tras una discusión de casi seis horas y la votación de 24 reservas, el dictamen fue finalmente aprobado. “Pueblo de México, volvemos a cumplir y habrá vivienda para el pueblo trabajador”, declaró José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la aprobación.

Ahora, la reforma solo necesita ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el acceso a la vivienda y ampliar las opciones habitacionales para los trabajadores mexicanos.