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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

El diputado Ricardo Monreal presentó este jueves una nueva iniciativa para crear la Ley de Economía Circular, con el objetivo de enfrentar la extracción desmedida de recursos naturales y la creciente acumulación de residuos en el país. Esta propuesta representa su segundo intento en más de seis años por impulsar un marco legal que coloque al medio ambiente en el centro de las políticas públicas. La primera vez ocurrió el 29 de octubre de 2019, cuando, junto con el entonces senador Raúl Bolaños-Cacho, presentó el proyecto para avanzar hacia un modelo que redujera la generación de basura.

En aquella ocasión, Bolaños-Cacho destacó que la iniciativa buscaba “producir menos basura”, una idea que dos años más tarde se tradujo en el dictamen aprobado en lo general con 87 votos a favor y, en lo particular, con 77 votos y tres abstenciones el 17 de noviembre de 2021. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde permaneció sin avance durante la coordinación parlamentaria de Ignacio Mier Velazco. Desde entonces, la propuesta quedó detenida pese al impulso inicial.

Seis años después, Monreal y Bolaños-Cacho regresan al Congreso como diputados, mientras que Mier ahora es uno de los senadores más cercanos al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández. En esta nueva etapa, los impulsores de la iniciativa sostuvieron reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. Como resultado de dichas conversaciones, se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de coordinar los trabajos que dará forma al nuevo sistema de economía circular.

Durante la sesión legislativa, el diputado morenista Antonio Lorenzo Castro presentó el proyecto desde tribuna e invitó a cambiar la visión del país sobre los desechos. Señaló que es momento de “dejar de ver la basura como basura y empezar a verla como recurso”, y destacó que, mientras otras naciones alcanzan tasas de recuperación de materias primas secundarias cercanas al 90%, México continúa “enterrando riqueza”. Castro también agradeció a Monreal por permitirle participar en la elaboración de la iniciativa.

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros expresó que le habría gustado que su bancada participara desde las primeras etapas del proceso, pero aun así se sumó a la propuesta. Asimismo, la diputada del PAN Paola Espinosa presentó una iniciativa paralela enfocada en economía circular y gestión de plásticos, explicando que su objetivo es establecer legalmente que los productos tengan mayor duración y puedan repararse, reutilizarse y reciclarse. Subrayó que el propósito es “pasar del usar y tirar al usar, reusar y volver a aprovechar”.

Espinosa planteó la necesidad de que los tres niveles de gobierno adopten políticas públicas, programas e incentivos fiscales que impulsen prácticas responsables en las empresas, especialmente aquellas que reduzcan sus residuos y opten por materiales reciclables, reutilizables o compostables. Tanto la propuesta de Morena como la presentada por Acción Nacional fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles una nueva medida ambiental que transformará la forma en que los capitalinos separan sus desechos.

A partir del 1 de enero de 2026, la basura deberá clasificarse en tres categorías: orgánica, inorgánica reciclable e inorgánica no reciclable, con el objetivo de fortalecer el manejo responsable de los residuos y fomentar el aprovechamiento sustentable de los materiales.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que la medida estará acompañada de una campaña informativa dirigida a la población para explicar los cambios y promover la correcta separación desde los hogares, comercios y espacios públicos.

La nueva clasificación considera dentro de los residuos orgánicos los restos de verduras, frutas y hortalizas, así como cascarones de huevo, restos de café y té, filtros de papel para café, pan, tortillas, productos lácteos sin recipiente, huesos, aceite de cocina usado, servilletas de papel y heces de animales.

En la categoría de residuos inorgánicos no reciclables se incluyen pañuelos usados, papel de baño, bolsas de frituras, preservativos, toallas sanitarias, curitas, pañales, celofán, calzado, colillas de cigarro y chicle. Estos materiales no pueden ser reincorporados al ciclo productivo y deberán destinarse a sitios de disposición final.

Por su parte, los residuos inorgánicos reciclables comprenderán papel y cartón, plásticos, vidrio, metales, ropa y textiles, madera y envases, materiales que podrán ser aprovechados en procesos de reciclaje industrial.

Brugada destacó que esta nueva estrategia busca fortalecer la infraestructura ambiental de la ciudad, por lo que se destinarán recursos para el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos orgánicos, con la meta de alcanzar la producción de 300 mil toneladas de composta. 

Aunque no precisó el monto de inversión, aseguró que el plan forma parte de una política integral para reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y aprovechar al máximo los desechos.

La medida representa un cambio estructural en la gestión de residuos sólidos urbanos en la capital del país, que actualmente genera más de 12 mil toneladas diarias de basura, según cifras del propio gobierno local.

Con la entrada en vigor del nuevo sistema, el gobierno capitalino busca reducir el impacto ambiental, mejorar los procesos de reciclaje y compostaje, y avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible mediante la participación activa de los habitantes. La implementación iniciará el 1 de enero de 2026, tras un periodo de preparación y difusión que arrancará en los próximos meses.