Familias de desaparecidos piden intervención internacional ante la ONU y denuncian recortes

La crisis de desapariciones en México fue planteada directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por representantes de cerca de 500 colectivos de familiares y madres buscadoras, quienes solicitaron que el tema sea llevado al pleno de la ONU debido a la magnitud del problema, que supera las 133 mil personas desaparecidas.

El encuentro privado se llevó a cabo en el Centro Cultural de España, donde participaron organizaciones provenientes de 17 estados. La reunión ocurrió días después de que el comité de la ONU difundiera un informe en el que señaló que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas en México que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fue rechazada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, madres buscadoras independientes y colectivos agrupados en 12 plataformas expusieron los obstáculos que enfrentan ante la falta de apoyo institucional. Indicaron que, en promedio, 45 personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país, lo que, señalaron, agrava la crisis humanitaria.

Las familias denunciaron además una reducción de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmaron que la administración federal ha disminuido presupuestos y personal especializado, y señalaron que la Fiscalía General de la República eliminó 11 plazas de ministerios públicos dedicados a desaparición de personas. Esta situación, explicaron, ha obligado a los propios familiares a realizar labores de rastreo y recopilación de pruebas.

Las críticas también se centraron en la falta de avances en las investigaciones. “Se tiene que reconocer que no han hecho su trabajo como debían desde un inicio. Hoy cada vez hay más personas que desaparecen. Es un delito que se sigue acumulando porque no hay quien realmente investigue los casos. Hay muchas carpetas y muchas familias que no tenemos respuesta”, afirmó Araceli González.

Los colectivos sostuvieron que las omisiones institucionales se han repetido durante décadas. Tita Radilla señaló: “Estos hechos son muy graves. En nuestro país la situación es excesiva; ya podemos hablar de una emergencia nacional. Diariamente desaparecen alrededor de 40 personas, por lo que es necesario que haya un pronunciamiento y, sobre todo, que el Estado atienda”. También se denunciaron fallas en la gestión de expedientes y falta de apoyo a víctimas.

El Alto Comisionado sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, donde se prevé que exponga los testimonios y preocupaciones recopiladas.

Por su parte, Vanessa Gámez advirtió sobre el incremento de casos: “Las cifras se han disparado en los últimos tres años, con incrementos de hasta 300 por ciento en desapariciones. Es alarmante. Todos los mexicanos debemos ser escuchados, pero también las autoridades deben reconocer que están rebasadas y que no pueden enfrentar solas esta crisis”.

Rancho Izaguirre: El campo de entrenamiento criminal que todos ignoraban

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.