Etiqueta: Colectivos de búsqueda

Mientras cientos de elementos de seguridad resguardaban los alrededores del estadio Ciudad de México, recinto que albergará la inauguración de la Copa del Mundo, familiares de personas desaparecidas avanzaban por Calzada de Tlalpan con una exigencia distinta: que la protección desplegada para el torneo también llegue a quienes buscan a sus seres queridos.

La noche del miércoles, colectivos de búsqueda y familiares convocados a través de WhatsApp realizaron la llamada “marcha de las antorchas”, una movilización que partió desde la estación Registro Federal del Tren Ligero con dirección al estadio.

Minutos antes de la hora acordada, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron la circulación hacia el inmueble deportivo. Frente al dispositivo policial se concentraron cientos de personas que iniciaron la caminata entre fotografías de desaparecidos, pancartas y consignas.

“¡Si la pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?” y “¡México!… ¡Campeón en desaparición!” fueron algunas de las frases que acompañaron el recorrido. A cada paso, familiares colocaban imágenes de sus seres queridos en postes y estructuras del Tren Ligero.

Entre la multitud, Alejandro portaba una camiseta de la Selección Mexicana con una cifra que sustituyó cualquier nombre de jugador: más de 133 mil personas desaparecidas en el país. Debajo del número aparecía una pregunta que se repitió durante toda la manifestación: “¿Dónde están?”.

La protesta ocurrió en un contexto marcado por los preparativos mundialistas. Mientras en el Zócalo se impulsaba una convocatoria para formar “la ola humana más grande del mundo”, las familias insistían en visibilizar otra realidad. Recordaron que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han señalado a México como el país con más solicitudes de medidas urgentes de búsqueda.

A 2.5 kilómetros del estadio, resguardado por numerosos policías, los manifestantes encontraron una barrera que les impidió seguir avanzando. En la estación Textitlán los esperaba el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto. “Se les va a respetar su expresión de aquí hasta allá”, declaró inicialmente. Más tarde reiteró: “Se les va a respetar, pero ya no pueden avanzar más”.

Entre quienes participaron estuvo Yadira, quien busca a su hermano desde hace casi dos décadas. “Este 16 de junio cumple 20 años de haber desaparecido”, señaló al denunciar irregularidades en la investigación de su caso.

También acudió Rocío Rico, quien lleva tres meses buscando a su hija. “Así como están ahorita protegiendo el Mundial, que así protejan a nuestros familiares, a todo el país y que cierren carreteras cuando sea necesario buscar a alguien”, expresó.

Tras el bloqueo de los accesos, las madres buscadoras decidieron permanecer en el lugar para continuar visibilizando su demanda durante los actos relacionados con la inauguración mundialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

Con playeras de la Selección Mexicana intervenidas con la pregunta “¿Dónde están?” y pancartas que reclamaban justicia, cientos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir respuestas a las autoridades y denunciar la crisis de desapariciones en el país.

La movilización, denominada “XIV Marcha de la Dignidad Nacional: Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, partió por la mañana desde el Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia. A lo largo de Paseo de la Reforma, los contingentes avanzaron cargando fotografías, fichas de búsqueda y lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “¿Por qué lo buscamos?, porque los queremos”. También lanzaron críticas por la atención que el gobierno ha destinado a la organización del Mundial de Futbol frente a la crisis de desapariciones.

Algunas de las camisetas utilizadas por los manifestantes mostraban en la espalda la frase “¿Dónde están?” y al frente la imagen de sus familiares. Otras pancartas incluían mensajes como “Nos urgen goles que nos lleven a encontrarlos”, “SOS, necesitamos ayuda internacional” y “Nada que celebrar porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil, el de la justicia”.

Las familias exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum recibir a colectivos de búsqueda y acelerar las investigaciones para localizar a personas desaparecidas en el contexto de la próxima Copa del Mundo, cuyo primer partido en México está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En el Ángel de la Independencia se instaló un micrófono abierto donde familiares compartieron testimonios y denuncias. Entre quienes participaron estuvo Joanna Alvea, madre de Lilith Saori, una joven transgénero desaparecida en Puerto Escondido, Oaxaca, el 2 de enero de 2023.

Otra participante cuestionó la promoción del torneo internacional frente a la ausencia de miles de personas desaparecidas. “Yo les pregunto a mexicanos, por qué nosotros tenemos que estar viendo un comercial de ‘El balón regresa a casa’ cuando nuestras desaparecidas y nuestros desaparecidos no han regresado a la casa”, expresó.

Mientras se desarrollaban las intervenciones, un colectivo pintó sobre Reforma una cancha de futbol improvisada con las frases “Hasta encontrarlos” y “Nos faltan más de 135 mil”.

La protesta también ocurrió después de que un comité de la ONU solicitó investigar la situación de desapariciones forzadas en México, caso que ya fue remitido a la Asamblea General.

La crisis de desapariciones en México fue planteada directamente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por representantes de cerca de 500 colectivos de familiares y madres buscadoras, quienes solicitaron que el tema sea llevado al pleno de la ONU debido a la magnitud del problema, que supera las 133 mil personas desaparecidas.

El encuentro privado se llevó a cabo en el Centro Cultural de España, donde participaron organizaciones provenientes de 17 estados. La reunión ocurrió días después de que el comité de la ONU difundiera un informe en el que señaló que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas en México que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fue rechazada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, madres buscadoras independientes y colectivos agrupados en 12 plataformas expusieron los obstáculos que enfrentan ante la falta de apoyo institucional. Indicaron que, en promedio, 45 personas son reportadas como desaparecidas cada día en el país, lo que, señalaron, agrava la crisis humanitaria.

Las familias denunciaron además una reducción de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmaron que la administración federal ha disminuido presupuestos y personal especializado, y señalaron que la Fiscalía General de la República eliminó 11 plazas de ministerios públicos dedicados a desaparición de personas. Esta situación, explicaron, ha obligado a los propios familiares a realizar labores de rastreo y recopilación de pruebas.

Las críticas también se centraron en la falta de avances en las investigaciones. “Se tiene que reconocer que no han hecho su trabajo como debían desde un inicio. Hoy cada vez hay más personas que desaparecen. Es un delito que se sigue acumulando porque no hay quien realmente investigue los casos. Hay muchas carpetas y muchas familias que no tenemos respuesta”, afirmó Araceli González.

Los colectivos sostuvieron que las omisiones institucionales se han repetido durante décadas. Tita Radilla señaló: “Estos hechos son muy graves. En nuestro país la situación es excesiva; ya podemos hablar de una emergencia nacional. Diariamente desaparecen alrededor de 40 personas, por lo que es necesario que haya un pronunciamiento y, sobre todo, que el Estado atienda”. También se denunciaron fallas en la gestión de expedientes y falta de apoyo a víctimas.

El Alto Comisionado sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, donde se prevé que exponga los testimonios y preocupaciones recopiladas.

Por su parte, Vanessa Gámez advirtió sobre el incremento de casos: “Las cifras se han disparado en los últimos tres años, con incrementos de hasta 300 por ciento en desapariciones. Es alarmante. Todos los mexicanos debemos ser escuchados, pero también las autoridades deben reconocer que están rebasadas y que no pueden enfrentar solas esta crisis”.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.