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La agresión registrada en el bar “Sala de Despecho”, en Puebla, fue preparada con al menos un mes de anticipación y dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro más lesionadas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, que confirmó la detención de cuatro presuntos responsables.

En conferencia de prensa, el titular de la corporación, Francisco Sánchez González, detalló que el ataque fue planeado y que los agresores se instalaron en un inmueble situado a dos cuadras del establecimiento para vigilar los movimientos de una de las posibles víctimas.

“Fue planeado, es muy difícil prevenir este tipo de actividades (…) Tenían un lugar donde estaban viviendo, estaba a dos cuadras de los hechos, contaban con vigilancia”, explicó el funcionario.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en el establecimiento ubicado en la zona de Islas de Angelópolis. De acuerdo con la información oficial, hombres armados arribaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que salía del bar. Como resultado, dos hombres y una mujer que se encontraban dentro de una camioneta murieron en el sitio. Además, cuatro personas que estaban cerca resultaron heridas.

Tras el ataque, los responsables huyeron hacia el nororiente del bar. Según un mapa presentado por las autoridades, abandonaron las motocicletas utilizadas para escapar en dos puntos distintos: una en la calle Emiliano Zapata y otra detrás de la plaza Solesta. Posteriormente, dos de los sospechosos fueron ubicados y detenidos en el bulevar Atlixco, mientras que los otros dos fueron capturados en la calle Nogal.

El secretario señaló que las detenciones se concretaron poco después de la agresión, resultado de un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Añadió que la fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para identificar al autor intelectual del ataque y esclarecer el móvil del crimen.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y profundizar en los elementos que permitieron la planeación del atentado.

La Ciudad de México vivió una jornada marcada por tensiones en los alrededores del Zócalo capitalino, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados, junto con personas vestidas de blanco y distintos asistentes, derribara las vallas que resguardaban Palacio Nacional. El incidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce de avenida Pino Suárez y Corregidora, donde se desarrolló un enfrentamiento de más de dos horas entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El choque comenzó cuando los asistentes emplearon cortacandados, pinzas y equipo especializado para romper las uniones metálicas del muro instalado días antes frente a la sede del Ejecutivo federal. La primera valla retirada fue arrastrada hasta avenida Pino Suárez, lo que abrió una brecha que derivó en el despliegue inmediato de policías. A partir de ese momento, ambas partes arrojaron objetos, incluidas piedras y petardos, lo que dejó personas heridas. Entre ellas se registró a una mujer policía de la SSC, quien fue atendida por equipos médicos que operaban en la zona.

Los manifestantes que participaron en la remoción de las barreras no fueron identificados como integrantes del Bloque Negro debido a que permitieron ser grabados y entrevistados. Algunos asistentes expresaron su inconformidad con lo ocurrido al señalar que los hechos “empañan el movimiento”, mientras que otros atribuyeron la escalada a que “las vallas que colocó el gobierno incitaron a la violencia”.

Aunque la presencia de manifestantes se redujo conforme avanzó la tarde, más personas continuaron llegando a las inmediaciones del primer cuadro. Paralelamente, el Metro de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal del servicio entre Hidalgo y Zócalo/Tenochtitlan como medida de seguridad.

El resto de la movilización transcurrió sin incidentes. La marcha principal, integrada por el Movimiento del Sombrero y personas que portaban pancartas de la llamada “Generación Z”, avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Su llegada ocurrió poco antes de la 1 de la tarde con consignas como “Fuera Morena” y “Carlos Manzo”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó hechos de violencia durante el recorrido por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, donde los policías se mantuvieron a distancia.

La marcha inició alrededor de las 11:00 de la mañana y fue encabezada por la madre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. En silla de ruedas, avanzó acompañada por centenares de personas que corearon “Todos somos Carlos Manzo”, “Viva Michoacán”, “Revocación” y “Narco gobierno”. La convocatoria no se limitó a jóvenes: participaron adultos mayores, personas de mediana edad y menores, muchos con camisas blancas y mantas en memoria del alcalde, además de mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El recorrido incluyó un contingente a caballo y provocó cierres en Paseo de la Reforma y avenida Juárez. Elementos de la SSC se mantuvieron desplegados en los puntos de avance sin reportar incidentes adicionales. Se espera que en los próximos minutos se emita un mensaje oficial sobre la jornada.

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor. Ambos fueron asesinados durante un ataque armado registrado la mañana del martes 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia, la mandataria capitalina informó que de los detenidos, tres están identificados como autores materiales del ataque, mientras que el resto habría participado en la planeación logística del crimen.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras en la preparación logística”, señaló Brugada, quien subrayó la coordinación interinstitucional como factor clave para este avance.

La jefa de Gobierno agradeció de manera personal el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que la colaboración entre la Ciudad de México y el gobierno federal ha sido determinante en la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los reportes, Guzmán y Muñoz viajaban juntos cuando fueron interceptados y agredidos directamente por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Tras el crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, la Fiscalía General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo conjunto. Entre las diligencias, se revisaron cámaras del sistema de videovigilancia para seguir rutas de escape e identificar a los responsables.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, encabezará una conferencia de prensa para detallar los resultados del operativo. Brugada precisó que no se aceptaron preguntas en el anuncio inicial debido a que la investigación continúa y apenas se están mostrando los primeros resultados.

En redes sociales, la jefa de Gobierno lamentó el asesinato y envió condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que “el compromiso es claro: los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, condenó el hecho y garantizó que todas las áreas de la dependencia colaboran con la fiscalía y con las instancias federales. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, calificó el ataque como un acto cobarde y expresó: “No dejaremos que este hecho quede impune”.

Las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer el móvil del crimen, calificado por las autoridades como una agresión directa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la designación de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en México.

La llegada de Reyes Colmenares ocurre en un momento crítico. Actualmente, la UIF tiene en curso investigaciones sobre instituciones financieras mexicanas como Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por organismos como el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) por presuntas operaciones vinculadas al narcolavado.

Con una trayectoria consolidada en áreas de seguridad e inteligencia, Omar Reyes ya había formado parte del equipo operativo cercano a Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su perfil técnico-operativo también lo vincula estrechamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Su experiencia en la capital del país abarca cargos de alto impacto. En 2024, fungió como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), específicamente en el área de Fuerza de Seguridad e Inteligencia. Antes, fue director general en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, donde enfrentó situaciones complejas como la riña registrada en 2023 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la cual derivó en disturbios y la irrupción de familiares al penal. Durante su gestión se reforzaron los operativos de decomiso, logrando incautar más de 6 mil celulares en los centros penitenciarios capitalinos.

En el año 2021, tuvo a su cargo la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, unidad especializada en responder a delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, con una operación táctica coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previo a estas funciones, en 2020, trabajó en la Policía Bancaria e Industrial, también dentro de la SSC, en tareas de inteligencia destinadas a proteger infraestructura crítica, como entidades financieras y centros de distribución.

A nivel federal, su papel más destacado fue entre 2017 y 2019, cuando se desempeñó como director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo colaboró en la ejecución de alertas rojas y procesos de coordinación internacional para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

En cuanto a su formación, Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título que registró en 2019, según consta en su declaración patrimonial publicada en la plataforma Declara CDMX.

Identificado en círculos de seguridad como “El Aceites”, Reyes Colmenares llega a la UIF con un perfil operativo y técnico que responde a la lógica del nuevo gabinete de seguridad encabezado por Sheinbaum: estructura cerrada, confianza política y eficacia institucional.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

Una reunión de alto nivel en Palacio Nacional concluyó con la firma del Acuerdo Nacional Maíz – Tortilla entre el Gobierno Federal y diversos actores de la cadena productiva del maíz. El objetivo: mejorar los procesos, reducir costos y estabilizar el precio de la tortilla, alimento base en millones de hogares mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro con representantes de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros. El acuerdo contempla una serie de acciones para fortalecer a la industria y facilitar una reducción progresiva en el precio del kilo de tortilla durante el actual sexenio.

El compromiso central establece una meta gradual de reducción del 10 por ciento en el precio de la tortilla. Esta baja se realizará en dos fases: la primera buscará una disminución del 5 por ciento en los próximos años, y la segunda alcanzaría otro 5 por ciento, siempre y cuando se den condiciones favorables en el mercado, el clima, las finanzas y el comercio internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se implementarán medidas específicas para apoyar a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final. Se prevé otorgar financiamiento en condiciones preferenciales, mejorar la logística del transporte de maíz y reforzar la seguridad en el sector.

“El cinco por ciento es el punto de base. Es una cosa que se tiene que ir revisando”, aseguró el funcionario, quien también señaló que estas acciones buscan reducir los costos indirectos en toda la cadena productiva, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.

Otro de los elementos clave del acuerdo es su carácter voluntario. Así lo explicó Alejandro Nicolás, enlace con sectores productivos de la Secretaría de Economía, quien detalló que cada actor podrá sumarse al plan conforme a sus posibilidades. Esta estrategia permitiría que más empresas se incorporen de forma gradual a mejores prácticas y precios más accesibles.

La estabilización del precio del grano también forma parte del plan. Para lograrlo, se establecerán contratos por cosecha con precios fijos, acceso a financiamiento y coordinación con harineras. Con ello, se pretende que los costos bajen desde el origen, impactando positivamente en el precio final del producto.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla varía significativamente en el país. Existen zonas donde puede llegar hasta los 35 pesos, mientras que en otras regiones se mantiene en los 18 pesos. Esta diferencia responde a múltiples factores, entre ellos la ubicación geográfica, el acceso a insumos y las condiciones del transporte.

El acuerdo también contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender temas logísticos, como el transporte de maíz, y prevenir afectaciones al abastecimiento. Esta línea de acción busca garantizar el cumplimiento del pacto sin interrupciones ni encarecimientos por factores externos.

Con este acuerdo, se inicia una nueva etapa para el sector del maíz y la tortilla en México, marcada por la colaboración entre gobierno e industria, con el fin de garantizar precios más estables y accesibles para los consumidores.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivió una jornada de tensión este viernes 23 de mayo, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaran los accesos de ambas terminales aéreas, afectando operaciones y provocando una oleada de reacciones entre usuarios, autoridades y hasta representantes diplomáticos.

Las movilizaciones comenzaron desde tempranas horas en la Terminal 1 del AICM, donde los maestros se instalaron para impedir el paso de pasajeros como parte de una jornada de exigencias sindicales. Pocos minutos después, otro grupo se desplegó en los accesos de la Terminal 2, complicando aún más la movilidad dentro del principal aeropuerto del país.

En medio del bloqueo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos, recomendando evitar la zona del aeropuerto debido a la situación. A través de un comunicado difundido en redes sociales, se señaló que el personal del gobierno estadounidense también debía mantenerse alejado del lugar hasta nuevo aviso. La representación diplomática subrayó que quienes tuvieran programado ingresar o salir del AICM, debían seguir todas las instrucciones de las autoridades mexicanas para garantizar su seguridad.

En respuesta al bloqueo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos de tránsito que ofrecieron apoyo a los pasajeros varados, ayudándolos a acercarse al interior del recinto aeroportuario. El caos generado en los accesos, sin embargo, no pudo evitar afectaciones temporales en la operación aérea.

Fuentes federales confirmaron que el AICM suspendió operaciones por un lapso de veinte minutos, entre las 2:00 y las 2:20 de la tarde. Posteriormente, se levantó la restricción, pero no se proporcionó un balance oficial sobre cuántos vuelos resultaron demorados o cuántos pasajeros fueron impactados directamente.

Las redes sociales se llenaron de reportes ciudadanos. Algunos usuarios denunciaron retrasos y cancelaciones. Una pasajera relató que el capitán del vuelo 1023, que cubría la ruta Cancún–Ciudad de México, decidió regresar a la posición inicial tras recibir instrucciones desde el aeropuerto sobre la suspensión de despegues y aterrizajes.

Los docentes movilizados señalaron que sus protestas buscan una respuesta directa por parte del gobierno federal. Entre sus demandas se incluye la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, un incremento salarial del 100% sobre el sueldo base y la homologación de prestaciones laborales.

Los manifestantes también exigieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta ser escuchados. El aeropuerto, un punto estratégico para la conectividad del país, se convirtió en escenario de una protesta que pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre derechos laborales y canales de negociación en México.

La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron en conferencia conjunta que ninguna línea de investigación ha sido descartada sobre la ejecución de los dos de los servidores públicos más cercanos de la jefa de Gobierno. 

Los detalles del operativo detrás del doble asesinato son inquietantes. Según la fiscal, al menos cuatro personas participaron: un tirador y tres cómplices que proporcionaron apoyo logístico. La ruta de escape incluyó el uso de una motocicleta, dos camionetas —una de ellas con reporte de robo y número de serie alterado— y una huida hacia el Estado de México. Todo fue registrado de forma meticulosa, sin dejar rastros biológicos o dactilares. Los implicados utilizaron guantes en todo momento.

Durante los peritajes, se confirmó que los agresores contaban con información detallada del entorno. La revisión del sistema de videovigilancia reveló la presencia de una persona vigilando el área del crimen días antes del ataque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que esta observación sugiere un conocimiento previo de la rutina de las víctimas, aunque no hay pruebas concluyentes de un seguimiento a largo plazo.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, enfatizó que las investigaciones siguen abiertas y que se prioriza la localización y detención de los responsables materiales del crimen. A pesar de los avances técnicos, no se ha identificado a los atacantes, y el arma utilizada —una pistola calibre 9 milímetros— no estaba registrada en delitos anteriores.

La magnitud del ataque ha impulsado un análisis inmediato sobre las medidas de protección de funcionarios del gobierno local. Se realizarán estudios de riesgo individuales y, con base en ellos, se determinarán acciones específicas, siempre bajo un enfoque técnico y sin reacciones precipitadas, según explicó Vázquez Camacho.

El impacto de este crimen ha sido profundo. Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, eran conocidos por su cercanía con la ciudadanía y su labor constante en territorio. A pesar de contar con conocimientos en materia de autocuidado, ninguno de los dos disponía de escoltas ni protección adicional. Los informes forenses confirmaron que Ximena recibió ocho impactos de bala y José, cuatro. Ambos fueron atacados de forma directa, en un lugar específico, y con una mecánica que demuestra control absoluto del entorno por parte de los agresores.

Las autoridades reiteraron su compromiso con una investigación rigurosa. “Este caso será tratado con el mismo rigor que otros de alta prioridad”, aseguró Vázquez Camacho. La instrucción es clara: agotar todas las líneas de investigación y no permitir que este ataque quede impune.

Mientras la ciudad permanece a la expectativa, el caso sigue su curso en medio del hermetismo propio de una operación que, por ahora, ha dejado más preguntas que respuestas.

En medio del creciente número de denuncias por posibles pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han encendido las alertas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hasta ahora se han registrado 41 reportes por estos hechos, que se extienden desde el Metro hasta las calles y sistemas de transporte universitarios.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, precisó que del total de denuncias, 33 se produjeron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús, el servicio interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esos reportes, sólo 15 casos han mostrado señales físicas consistentes con una punción, según las evaluaciones médicas. En los demás, los indicios corresponden a lesiones superficiales como escoriaciones o rasguños. Para esclarecer los hechos, se han realizado exámenes toxicológicos a las personas afectadas, y en cuatro de ellos se detectó la presencia de estupefacientes.

Estos hallazgos están siendo analizados en profundidad para determinar si las sustancias encontradas están relacionadas directamente con los pinchazos o si podrían derivarse de otros factores como medicamentos. La fiscal Alcalde enfatizó que hasta el momento no se ha establecido conexión entre estos eventos y delitos como secuestro, abuso sexual u otros de alto impacto. Tampoco se han reportado consecuencias graves para las personas afectadas.

En respuesta a esta situación, se han detenido a tres personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen, intención y patrón detrás de estos incidentes, si es que existiese alguno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también ha tomado medidas. Su titular, Pablo Vázquez, señaló que se ha implementado un protocolo de atención inmediata especializado para abordar cada reporte. Este incluye la intervención de policías de proximidad y el traslado de la víctima a unidades médicas para su atención y evaluación.

Actualmente, 5 mil 800 elementos de la policía capitalina están desplegados en el Metro como parte del operativo de vigilancia, y personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha sido designado exclusivamente para dar seguimiento a los casos relacionados con los pinchazos.

Aunque las investigaciones están en curso y aún no se ha determinado una causa común o móvil claro, las autoridades insisten en que no se debe minimizar la situación. La acción inmediata, la coordinación interinstitucional y la vigilancia reforzada buscan brindar tranquilidad a los usuarios del transporte público y asegurar que cualquier caso se atienda con seriedad y eficacia.

El escándalo de corrupción que rodea a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sumó un nuevo episodio con la detención de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones en Liconsa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó este jueves su aprehensión, relacionada con un posible caso de delincuencia organizada por la firma de contratos millonarios para el suministro de leche que nunca llegó a destino. 

La captura se realizó el pasado viernes 11 de abril, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, aunque los cargos específicos aún no han sido revelados oficialmente. El arresto forma parte de una investigación de gran escala que sacude a las instituciones encargadas del abasto alimentario en México.

Buentello Carbonell aparece en el centro de un entramado que involucra a varios personajes clave. Es hermano de Carlos Buentello Carbonell, quien ha sido señalado como un operador fundamental dentro de una red de empresas relacionadas con allegados de Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la República. Además, ha colaborado estrechamente con Alejandro Castro Jiménez Labora, identificado como amigo personal de López Beltrán.

En su trayectoria profesional, Hugo Buentello se ha desempeñado en el sector privado en compañías como Gulf de México, Industrial Wohl S.A. de C.V. y Grupo Stepa Multiempeños, antes de asumir cargos públicos en Liconsa, empresa estatal clave en la distribución de leche subsidiada.

Este arresto se da en un contexto tenso y complejo para Segalmex. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la presentación de 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos que presuntamente ocasionaron un daño patrimonial considerable a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Estas denuncias continúan en proceso y se investigan bajo la figura de delincuencia organizada.

El caso Segalmex ha sido considerado uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos de los últimos años. La magnitud del daño, la implicación de múltiples funcionarios y la opacidad en los contratos lo han convertido en un tema prioritario para las autoridades federales.

Con la detención de Buentello Carbonell, el cerco sobre los responsables se cierra cada vez más. Las investigaciones siguen en marcha y podrían derivar en nuevas detenciones. Mientras tanto, las miradas se mantienen fijas en la red de complicidades que se teje alrededor de uno de los casos más delicados de la administración pública reciente.