En la frontera norte de México, Ciudad Juárez se enfrenta a una realidad compleja y desafiante. La red de albergues en la región, integrada por 23 espacios humanitarios, se prepara para lo que podría ser una ola de necesidades humanas sin precedentes. Actualmente, estos albergues operan al 40% de su capacidad, con la posibilidad de acoger hasta 3 mil personas en total.
El gobierno municipal, a través de la Dirección Municipal de Derechos Humanos, liderada por Santiago González, reafirma su compromiso. El albergue Felipe Ángeles, por ejemplo, tiene la capacidad de recibir hasta 290 personas adicionales a las 40 que alberga actualmente. Además, el gimnasio Enrique “Kiki” Romero está listo para ser reabierto si la situación lo requiere, sumando espacio para 300 personas más.
La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con una década de experiencia en movilidad humana, también desempeña un papel crucial. Según su vocera, Ciela Ávila, la coordinación con la red de albergues “Somos Uno por Juárez” asegura una respuesta eficaz ante cualquier necesidad. DHIA proporciona apoyo fiscal que incluye alimentos, artículos de higiene y medicamentos, así como orientación legal y acompañamiento psicológico.
Blanca Navarrete, también vocera de DHIA, señala que el impacto emocional y social para las personas deportadas es una prioridad. Muchas de estas personas han pasado gran parte de su vida en Estados Unidos, con hijos nacidos allí y un idioma que ya no es el de sus raíces. Retornan a un país que sienten ajeno, enfrentando un futuro incierto. Por eso, además del alojamiento, es esencial garantizar apoyo psico-social y la protección de sus derechos humanos.
En el corazón de Ciudad Juárez, el comedor de la Catedral, dirigido por Cristina Coronado, representa otro bastión de ayuda humanitaria. Este comedor ha llegado a alimentar hasta mil personas diarias, brindando un respiro a quienes enfrentan el hambre y la incertidumbre. Coronado enfatiza la necesidad de un plan federal bien estructurado que coordine los esfuerzos en una situación potencialmente desbordante.
La capital del país enfrenta una situación distinta pero igualmente desafiante. Albergues en la Ciudad de México, como la Casa Fuente, dirigida por Beatriz Fuentes, ya operan al límite de su capacidad. Desde enero hasta agosto de 2024, se registraron más de 6,700 eventos de detenciones migratorias, destacando una presión constante sobre los recursos locales.
El panorama es incierto, pero una cosa está clara: la solidaridad de las comunidades en la frontera y más allá es un faro de esperanza. En palabras de Coronado, “Vamos a ver cómo recuperamos la experiencia del pasado y cómo nos organizamos para dar una respuesta mejor”. La clave estará en la coordinación, la empatía y el compromiso compartido por garantizar un trato digno a quienes enfrentan las dificultades del desarraigo y la movilidad.
Ciudad Juárez y la Ciudad de México se alistan para un futuro que demanda esfuerzo colectivo, preparación y corazones abiertos. La red de albergues, los grupos de derechos humanos y las comunidades de fe continúan siendo un pilar esencial en esta historia humana en constante evolución.
