Entre consignas y polémica: Marx Arriaga deja la SEP tras 100 horas atrincherado y llega a Cd Juarez

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, arribó a Ciudad Juárez en medio de abucheos, luego de ser oficialmente despedido de su cargo y abandonar su oficina en la Ciudad de México tras casi 100 horas atrincherado.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad fronteriza, decenas de personas lo recibieron con pancartas y consignas como “los libros no son tuyos”. Sin detenerse a ofrecer declaraciones a los medios, el exfuncionario abordó un vehículo negro y se retiró del lugar.

Horas antes, desde la capital del país, Arriaga había informado que regresaba a Chihuahua para reincorporarse a su plaza como docente y retomar actividades frente a grupo. No ofreció mayores detalles sobre su salida de la SEP en ese momento.

El martes recibió la notificación oficial de su despido, lo que puso fin a los cuatro días en que permaneció dentro de su oficina. Tras dialogar brevemente con reporteros al salir, se dirigió a la puerta principal llevando consigo un cuadro de Karl Marx, figura emblemática del pensamiento socialista y del movimiento obrero internacional.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la destitución represente una ruptura con el movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando, esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando”, afirmó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se ofreció a Arriaga integrarse a otra área, incluida la posibilidad de representar a México en un país latinoamericano. Según explicó, la propuesta fue rechazada.

Más tarde, el propio Arriaga confirmó en una transmisión en redes sociales que se le planteó ocupar la embajada de Costa Rica, oferta que declinó. “Me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiara; y sí, es verdad, la ofreció y no la quise tomar, porque no iba a traicionar a la base magisterial”, expresó durante el mensaje que inició como protesta.

Con su salida formalizada y su regreso a labores docentes anunciado, el episodio cierra un capítulo marcado por el atrincheramiento en oficinas federales, el rechazo a un cargo diplomático y una recepción dividida en su estado de origen.

Libro de Scherer vincula a AMLO con freno a investigación contra hijo de Bartlett por ventiladores Covid

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

PAN denuncia a Javier May por descarrilamiento del Tren Maya y exige investigar

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier May, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por el descarrilamiento ocurrido en el Tramo 3 del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán.

Los denunciantes señalaron que May estuvo directamente involucrado en la etapa de adjudicación y construcción de dicho tramo, por lo que lo responsabilizan de irregularidades que, aseguran, derivaron en el incidente. Entre ellos se encuentran el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo, y la senadora Mayuli Martínez.

De acuerdo con los legisladores, el descarrilamiento representó un grave riesgo para la seguridad de los pasajeros. “La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado material de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”, expusieron en conferencia.

Los panistas exigieron también que las autoridades del Tren Maya transparenten la información relativa al gasto en materiales y la calidad de estos, argumentando que la falta de controles y supervisión podría explicar el percance.

El diputado Ernesto Sánchez afirmó que existen reportes sobre presuntos actos de corrupción en este tramo, vinculados a la asignación de contratos a allegados de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Se le entregaron contratos a los amigos de los hijos del expresidente”, sostuvo.

La denuncia presentada busca que se realicen investigaciones formales sobre el proceso de adjudicación y supervisión de las obras, así como sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Los legisladores insistieron en que se deslinden responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios y exfuncionarios que hayan tenido participación en las irregularidades señaladas.

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum negó que se tratara de un descarrilamiento. El 19 de agosto, día del incidente, se refirió a lo ocurrido como un “percance de vía”, restando peso a la versión de que el convoy hubiera descarrilado. 

Esta postura generó diferencias de interpretación entre autoridades y oposición, que insiste en calificar el hecho como un descarrilamiento con riesgo directo para usuarios.

La denuncia contra Javier May se suma a las críticas recurrentes de legisladores opositores sobre el Tren Maya, una de las obras emblemáticas iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuadas en la actual administración. La exigencia de los panistas se centra ahora en esclarecer el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos y la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

Tragedia en Zacatecas tras asesinato del subsecretario de Ganadería, Juan Francisco Bañuelos Márquez

La violencia golpea nuevamente a Zacatecas con el asesinato de Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del estado. El funcionario fue acribillado en la localidad de La Tinaja, municipio de Valparaíso, según confirmó la fiscalía estatal.

 

El ataque, ocurrido el miércoles por la tarde, dejó consternada a la comunidad política y al sector agropecuario, donde Bañuelos Márquez era reconocido por su compromiso y liderazgo. Recientemente, el subsecretario había mostrado interés en postularse para la presidencia municipal de Valparaíso, consolidándose como una figura relevante en el partido Morena.

 

El gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, exigió a la fiscalía realizar una investigación exhaustiva para garantizar que este crimen no quede impune. “Nuestras condolencias a la familia de Juan Francisco Bañuelos Márquez. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la seguridad en el estado”, expresó el Ejecutivo Estatal en un comunicado.

 

Las autoridades trabajan intensamente para esclarecer el caso. La fiscalía informó que agentes de investigación, en conjunto con la policía estatal y el Ejército Mexicano, realizan operativos terrestres y aéreos en la zona, conocida por su difícil acceso y alto riesgo.

 

Este lamentable hecho se suma a una serie de asesinatos de figuras públicas en Zacatecas. Durante el verano, Juan Pérez, exdirector de Desarrollo Económico de Fresnillo, y Jorge Monreal, sobrino del gobernador, también fueron víctimas de la violencia que azota la región.

 

Bañuelos Márquez era un defensor incansable del campo zacatecano, destacándose por su labor en el fortalecimiento del sector ganadero y su cercanía con las comunidades rurales. Su asesinato representa una pérdida profunda para el estado y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan sus habitantes.

 

Mientras las investigaciones continúan, Zacatecas enfrenta una realidad que exige medidas urgentes para frenar la violencia y proteger a quienes trabajan por el bienestar de su gente. La memoria de Bañuelos Márquez permanecerá como un recordatorio de la importancia de luchar por un futuro más seguro y justo.

La Iglesia clama por paz ante el aumento de crímenes políticos en Chilpancingo

La escalada de violencia en Chilpancingo, Guerrero, ha dejado una profunda huella en el país, generando no solo consternación social, sino también llamados urgentes desde distintos sectores para frenar la ola de asesinatos políticos. Entre estos llamados destaca la reciente postura de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), que ha expresado su “profunda preocupación” por los trágicos eventos que han sacudido a la capital guerrerense en las últimas semanas.

 

Los brutales asesinatos de Francisco Gonzalo Tapia, secretario de gobierno de Chilpancingo, y del alcalde Alejandro Arcos, quien fue decapitado apenas días después de asumir su cargo, son hechos que, según la CEM, “revelan una situación alarmante en nuestro país”. Los representantes de la Iglesia no han titubeado en condenar la violencia y en exigir acciones inmediatas de las autoridades para evitar que estos actos queden impunes. “No podemos seguir permitiendo que el miedo gobierne nuestras calles. Es momento de actuar”, señalaron.

 

El comunicado de la CEM se suma a las múltiples voces que exigen justicia para las víctimas y un esfuerzo coordinado para frenar la violencia en Guerrero. En su mensaje, los líderes eclesiásticos hicieron un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que se esclarezcan los homicidios y se garantice la seguridad de los ciudadanos.

 

“No solo se trata de castigar a los culpables, sino de trabajar en un plan que lleve paz a las comunidades”, subrayaron los obispos. “Es necesario implementar procesos de pacificación en todas las regiones de México afectadas por la violencia”, añadieron, recordando que no es la primera vez que levantan la voz ante los crecientes índices de criminalidad en el país.

 

En un lapso de apenas dos semanas, tres asesinatos han desatado el pánico entre los ciudadanos de Chilpancingo. El 6 de octubre fue reportado el macabro hallazgo del cuerpo decapitado del recién nombrado alcalde Alejandro Arcos, apenas seis días después de haber tomado protesta como presidente municipal. Previamente, el 4 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia, quien llevaba solo cuatro días en su puesto, fue asesinado a unas cuadras del Palacio Municipal. El primer asesinato que dio inicio a esta ola de violencia fue el de Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de Guerrero.

 

Estos eventos han detonado una respuesta firme por parte de la Federación Nacional de Municipios de México (FNMM), que ha exigido la renuncia de altos mandos de la seguridad nacional. En un mensaje contundente a través de su cuenta de X, la FNMM acusó a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de “ineptitud para detener la ola de violencia política contra líderes locales en México”. Las exigencias de justicia no solo se han centrado en resolver estos crímenes, sino también en la renuncia de Hernán Cortés Hernández, titular de la Guardia Nacional, y de Omar García Harfuch, cabeza de la SSPC.

 

Mientras el clamor por justicia y paz crece, la presidenta Claudia Sheinbaum trató de calmar las aguas afirmando que Chilpancingo no figura entre los municipios con mayor número de homicidios en el país. No obstante, también reconoció la gravedad de los hechos y señaló que se está evaluando la posibilidad de que el caso del alcalde Alejandro Arcos sea atraído por la Fiscalía General de la República.

 

Sin embargo, para los ciudadanos de Chilpancingo, el miedo es una realidad palpable. Cada día que pasa, la incertidumbre y el temor crecen ante la posibilidad de que la violencia no se detenga. Y es que, como bien lo señalaron los obispos, “no podemos permitir que estas tragedias se conviertan en parte de nuestra cotidianidad”.