Libro de Scherer vincula a AMLO con freno a investigación contra hijo de Bartlett por ventiladores Covid

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

Detectan fallas millonarias en hospitales del IMSS-Bienestar en Tlaxcala y Baja California

Irregularidades por más de un millón 205 mil pesos fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en hospitales operados por IMSS-Bienestar, como parte de la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2024. El análisis se enfocó en el programa de Equipamiento de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad, que involucró recursos auditados por 447 millones 339 mil pesos.

Entre los hospitales señalados por fallas en la administración, uso o mantenimiento de equipo médico, destacan el Hospital General de Huamantla en Tlaxcala, el Hospital Materno Infantil de Mexicali en Baja California, y el Hospital General de Tijuana.

El Hospital General de Huamantla concentró el mayor número de observaciones. La ASF reportó que un electrocardiógrafo multicanal adquirido por 338 mil pesos no se encuentra en funcionamiento. Además, tres equipos de este tipo fueron transferidos de manera irregular al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. También se identificó un audiómetro de campo libre que no está en uso porque no hay personal especializado para operarlo.

La auditoría apuntó que IMSS-Bienestar no aplicó sanciones económicas por 707 mil pesos a cuatro proveedores responsables del mantenimiento de 19 equipos médicos, incumplimiento que permanece sin consecuencias contractuales.

En Mexicali, el Hospital Materno Infantil recibió observaciones por el incumplimiento del proveedor EMCYHH, S. de R.L. de C.V., quien no realizó mantenimiento preventivo a siete equipos de anestesia básica, con un costo conjunto de casi 483 mil pesos.

Por su parte, el Hospital General de Tijuana fue señalado porque no se localizó una báscula electrónica con valor de 16 mil pesos. La ASF concluyó que el equipo no se encuentra físicamente en el inventario del hospital, lo que constituye una falta de control patrimonial.

El informe, registrado bajo el folio 2024-1-47AYO-19-0411-2025, derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, lo que podría abrir procedimientos contra funcionarios responsables del manejo del equipamiento hospitalario.

Además de las fallas específicas por hospital, el informe expone que el IMSS-Bienestar no acreditó el registro contable del alta de 164 bienes adquiridos mediante el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), por un monto de 226 millones de pesos.

La auditoría también indicó que no existen procedimientos estandarizados para la recepción, resguardo y control de alta y baja de equipos médicos en las unidades hospitalarias fiscalizadas. Esta ausencia de lineamientos compromete la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos asignados al sector salud.

La revisión de la ASF se mantiene como una herramienta clave para la rendición de cuentas del gasto federalizado y el funcionamiento del sistema IMSS-Bienestar en su etapa de consolidación como operador principal de servicios de salud pública en el país.