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Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, pidió que la actual fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, sea excluida del proceso para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al señalarla por presunta omisión en la investigación de irregularidades relacionadas con un parque fotovoltaico en Aguascalientes.

Ruvalcaba sostuvo que en 2019 el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy para abastecer de electricidad a 55 mil luminarias que, según afirmó, fueron adquiridas a sobreprecio. Indicó que el acuerdo debió cancelarse; sin embargo, en 2020 fue modificado para ampliar su alcance y suministrar energía destinada a la extracción de agua de pozos municipales a través de un parque fotovoltaico que, aseguró, no se construyó.

En su intervención, la senadora afirmó que, pese a que “no se ha generado ni un solo watts”, el municipio ha pagado casi 2 mil millones de pesos desde entonces. Detalló que en 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Según su dicho, dicha instancia no emprendió acciones de investigación ni ejerció acciones para procurar justicia.

La morenista agregó que un día antes de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, la fiscal María de la Luz Mijangos Borja se declaró incompetente para conocer del caso y remitió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes.

Durante su posicionamiento, Ruvalcaba advirtió a la Cámara de Diputados —instancia que lleva a cabo el proceso de selección del próximo titular de la ASF— que la actual fiscal anticorrupción figura entre las aspirantes al cargo. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que, afirmó, no debería quedar en manos de quien, a su juicio, no actuó frente a denuncias relacionadas con el manejo de dinero público.

La senadora, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, reiteró sus señalamientos sobre la falta de actuación en el caso del proyecto fotovoltaico y pidió que se valore su desempeño dentro del proceso de designación en curso.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) aseguró un inmueble propiedad del exgobernador del estado, Javier Corral Jurado, como parte de una investigación penal en curso por presunto peculado agravado. La acción se realizó con el objetivo de garantizar la posible reparación del daño al erario estatal, estimado en 98.6 millones de pesos, en caso de que los ilícitos imputados sean acreditados conforme a derecho.

De acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía especializada, el aseguramiento del bien se encuentra vinculado a la carpeta de investigación 3050/2024. El inmueble está registrado dentro de la declaración patrimonial del exmandatario, quien actualmente forma parte de la bancada legislativa de Morena y ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal relacionados con su gestión al frente del gobierno estatal.

La propiedad asegurada corresponde a una cabaña localizada en una zona montañosa de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida del municipio de Ocampo. El documento oficial describe el inmueble como una construcción de estilo rústico, situada en una región de abundante vegetación y considerada una zona exclusiva de esa región del estado de Chihuahua.

Según lo informado por la Fiscalía Anticorrupción, el aseguramiento tiene como finalidad impedir que el inmueble sea transmitido, enajenado o gravado bajo cualquier modalidad mientras continúan las indagatorias. “Este aseguramiento de la Clave Catastral, de este bien inmueble (…) se realiza con el objetivo de impedir que esta propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad, mientras continúan las indagatorias correspondientes”, señala el comunicado.

La autoridad precisó que esta medida cautelar busca preservar el valor del bien para que, en caso de comprobarse el presunto ilícito, pueda ser utilizado para resarcir el daño ocasionado a las finanzas públicas del estado. Desde 2021, Javier Corral ha sido señalado por presuntamente haber afectado el patrimonio estatal durante su administración, acusaciones que el exgobernador ha rechazado públicamente y que ha calificado como intentos por desacreditar su trayectoria política.

El aseguramiento de la cabaña se suma a otros episodios relevantes dentro del proceso. En agosto de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua desplegó un operativo para detener a Corral Jurado en un restaurante ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, específicamente en la calle Álvaro Obregón. Sin embargo, la acción no se concretó luego de la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió al lugar e impidió la detención.

Con esta medida, la FACH mantiene activas las acciones legales dentro de la investigación en curso, enfocadas en asegurar bienes patrimoniales del exmandatario mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades penales y administrativas.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal por Morena y exgobernador de Morelos, puso en venta su departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La propiedad, adquirida por el exfutbolista en 2007, cuando jugaba para el equipo Chicago Fire, se encuentra a unos pasos del paseo de playa más popular de esa ciudad, en un sector rodeado por tiendas de lujo y exclusivos restaurantes.

El precio original del inmueble fue de 450 mil dólares, según los registros públicos del condado de Cook revisados por Latinus. En marzo de 2025, este departamento fue puesto a la venta a través de distintas plataformas inmobiliarias, con un precio inicial de 400 mil dólares, lo que equivale a poco más de ocho millones de pesos mexicanos. Sin embargo, en los últimos días, el valor ofertado ya bajó a 380 mil dólares, conforme a información proporcionada por tres agencias inmobiliarias con sede en Estados Unidos.

Esta propiedad cobró relevancia pública desde el año 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó al Congreso del estado abrir una investigación contra Blanco por presunto enriquecimiento ilícito. La indagatoria incluyó la revisión de bienes del entonces gobernador, entre ellos, este departamento en territorio estadounidense.

En su más reciente declaración patrimonial, presentada en septiembre de 2024 como parte de sus funciones como legislador federal, Cuauhtémoc Blanco reportó la posesión de cinco propiedades. No obstante, en dicha documentación oficial no se especifica que alguno de esos inmuebles haya sido adquirido ni valuado en dólares.

Este movimiento inmobiliario se suma a un contexto de cuestionamientos legales que rodean al exfutbolista, convertido en figura política, quien ha sido objeto de diversas investigaciones por presuntas irregularidades en su patrimonio.

El departamento, cuya ubicación privilegiada lo convierte en un bien altamente cotizado, representa uno de los bienes más emblemáticos ligados al historial financiero de Blanco desde su etapa como jugador profesional en la liga estadounidense de fútbol.

La situación patrimonial del diputado ha sido observada con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, debido al contraste entre sus ingresos reportados y las propiedades que ha acumulado a lo largo de su carrera en el deporte y la política.