Libro de Scherer vincula a AMLO con freno a investigación contra hijo de Bartlett por ventiladores Covid

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

Presidente del INAI ofrece su cargo para evitar la desaparición del organismo

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha desatado un intenso debate en el país. Ante la creciente presión y las propuestas legislativas que buscan disolver al organismo, Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha puesto sobre la mesa su renuncia, un movimiento inesperado que busca evitar la eliminación de esta institución autónoma.

 

“Mi renuncia está disponible, siempre y cuando se garantice que los derechos de la sociedad serán atendidos de inmediato”, declaró Alcalá. Con esta afirmación, el comisionado dejó en claro que su prioridad es asegurar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para proteger el derecho a la información y a los datos personales de los ciudadanos.

 

El comisionado también subrayó que la desaparición del INAI no solo afectaría los derechos de los mexicanos, sino que podría tener consecuencias internacionales, específicamente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alcalá advirtió que el tratado exige la existencia de organismos autónomos que aseguren el flujo transfronterizo de datos personales entre los países miembros. De desaparecer el INAI, México se arriesgaría a vulnerar un acuerdo que es crucial para la economía y la confianza internacional en el país.

 

Además de ofrecer su renuncia, el INAI ha presentado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para reducir el gasto corriente del instituto, que incluye una reducción salarial de los comisionados y un recorte en el número de integrantes del organismo, de siete a cinco, lo que representaría un ahorro de 330 millones de pesos. Esta estrategia, explicó Alcalá, busca demostrar que el INAI está comprometido con la austeridad y la transparencia, elementos clave que podrían convencer al Congreso de la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

 

La propuesta de pasar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha generado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Para muchos, esta medida representa un retroceso en términos de imparcialidad y transparencia, ya que colocaría al gobierno en una posición de “juez y parte” en la entrega de información pública. Alcalá enfatizó el riesgo de que esta medida pueda “volver parcial la función pública y comprometer la protección de los datos personales“, lo cual, según sus palabras, “afectaría profundamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental”.

 

Por otro lado, el comisionado expresó su confianza en que el diálogo con los legisladores, incluyendo a figuras clave como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pueda generar una solución que preserve al INAI. Alcalá ha reiterado la importancia de que los derechos de los mexicanos a la información y a la protección de datos sigan garantizados por un ente independiente, y que se evite cualquier medida que comprometa esta autonomía.

 

Mientras que la sociedad civil se mantiene atenta a las decisiones del Congreso, pues la desaparición del INAI significaría un cambio radical en la forma en que los ciudadanos acceden a la información gubernamental. 

INAI se reunirá con Rosa Icela Rodríguez para discutir desaparición de organismos autónomos

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

Javier Corral Jurado bajo investigación por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sobre la apertura de un procedimiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La investigación surge a raíz de dos denuncias interpuestas en 2022 ante la SFP y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera denuncia, presentada en febrero de 2022 por un diputado local, solicitaba investigar la compra de un terreno por parte de Corral. La segunda, una denuncia penal presentada en mayo de 2022 por un presidente municipal, acusaba al exgobernador de defraudación fiscal y falseamiento en sus declaraciones patrimoniales.

Las acusaciones se centran en que Corral no declaró un inmueble en sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión como gobernador, conducta que se considera una falta administrativa grave. Tras concluir la investigación, el expediente fue remitido al área competente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas.

Este viernes, Corral fue notificado del procedimiento y, tras la audiencia correspondiente, el expediente será enviado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución final.

Sheinbaum Anuncia Nuevos Miembros de su Gabinete

Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, ha anunciado a cinco futuros secretarios de Estado, de los cuales tres provienen del actual gobierno federal y capitalino. En un evento realizado en el Museo Interactivo de Economía, Sheinbaum destacó la experiencia académica y administrativa de los nuevos integrantes del gabinete, asegurando que “todos son incorruptibles”.

Luz Elena González será la secretaria de Energía; David Kershenobich, secretario de Salud; Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública; Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sheinbaum también confirmó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, quien no pudo asistir al evento debido a compromisos oficiales.

Sheinbaum resaltó que Buenrostro, Vega y Esteva, quienes actualmente ocupan cargos en el gobierno, tendrán una “doble tarea” durante la transición. La semana anterior, Sheinbaum había presentado a los primeros miembros de su gabinete, destacando a Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente como los futuros secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

Con este segundo anuncio, Sheinbaum subrayó: “Éste es el gran equipo que presentamos el día de hoy”, en referencia a los nuevos integrantes de su equipo, reafirmando su compromiso con un gobierno competente y libre de corrupción.

Magistrado del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón Bajo la Lupa

El magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta serias denuncias por presuntos actos de parcialidad y falta de objetividad en el desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada de forma anónima, fue dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual pertenece Rodríguez Mondragón, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

El fundamento de la acusación es la supuesta relación del magistrado con el Partido Acción Nacional (PAN). La denuncia señala su paso por administraciones de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y resalta que desde 2016 se cuestiona su cercanía con el PAN, a pesar de lo cual ascendió de la Sala Regional de Monterrey a la Sala Superior del TEPJF.

Un ejemplo reciente de controversia fue la acusación por parte de Américo Villarreal en 2022, quien afirmó que Rodríguez Mondragón intentó revertir su victoria en Tamaulipas para favorecer al PAN. Otros señalamientos se centran en la pérdida de confianza de sus colegas magistrados en diciembre pasado.

La denuncia anónima también revela la estrecha relación laboral y de amistad entre Rodríguez Mondragón y el exsenador panista Roberto Gil Zuarth. El documento señala que esta amistad pudo haber influido en las decisiones del magistrado y cita varios casos en los que Gil Zuarth tenía intereses, como la defensa de la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o el impulso a la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

Por estas razones, la denuncia solicita una investigación exhaustiva, incluyendo la revisión de la situación patrimonial de Rodríguez Mondragón, quien no ha hecho pública su declaración de bienes desde su paso por las administraciones panistas. También se pide un análisis de sus gastos desde que asumió su cargo en el TEPJF, con detalles sobre numerosos viajes nacionales e internacionales, presuntamente con cargo al erario público.

El caso llama la atención debido a las similitudes con el reciente escándalo que involucra al exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, relacionado con la campaña de Claudia Sheinbaum. Las autoridades tendrán que investigar a fondo estas denuncias para determinar si Reyes Rodríguez Mondragón violó la imparcialidad requerida en su función como magistrado electoral.

Morena Presentará Denuncia por Inconsistencias en Declaraciones Patrimoniales de Xóchitl Gálvez

Este jueves, el partido Morena dará un paso decisivo al presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Xóchitl Gálvez, figura prominente de la oposición, por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. La noticia fue anunciada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el portavoz de la campaña, Víctor Hugo Romo.

Durante una rueda de prensa, Delgado afirmó que la candidata presidencial de la oposición ha incurrido en una serie de mentiras persistentes y sistemáticas. Una de las principales acusaciones recae en la discrepancia entre lo declarado por Gálvez en su patrimonio y la información corroborada por el Registro Público y de Comercio.

“La falta de transparencia y la aparente ocultación de su verdadero patrimonio son preocupantes”, señaló Delgado. Romo, por su parte, destacó que cada vez que Gálvez aborda el tema de sus bienes, genera más interrogantes que respuestas claras.

En particular, se destacó el caso de la empresa OMEI, fundada por Gálvez y su esposo en 1998, donde la candidata habría ocultado su participación accionaria y su papel como apoderada legal. También se cuestionó la declaración sobre la compra de su vivienda, donde se alega que no se dio información precisa sobre el financiamiento.

“Estas inconsistencias nos llevan a cuestionar la idoneidad de Gálvez para ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración pública”, concluyó Romo. La denuncia de Morena busca arrojar luz sobre estas supuestas prácticas irregulares y promover la transparencia en el proceso político.

Exhibe Sanjuana Martínez a Vocero presidencial

En una advertencia contundente, Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, señaló el miércoles que, al presentar pruebas sobre presuntos actos de corrupción y “moches” en el Gobierno federal, podría afectarse la candidatura de una figura política sin mencionar directamente a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Martínez, a través de su cuenta de Facebook, aseguró que no busca perjudicar ni al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a la próxima administración, pero afirmó tener grabaciones que involucran a diversas personas. Compartió un fragmento de una conversación con Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, acusándolo de pagar en efectivo a periodistas afines al Gobierno y liderar una campaña de ataques en su contra.

La ex funcionaria denunció amenazas de muerte y afirmó tener pruebas en su poder. En sus publicaciones, expuso que el vocero presidencial estaba involucrado en el pago en efectivo a periodistas pro 4T y en la orquestación de campañas de desprestigio utilizando fondos públicos.

A principios de enero, Martínez destapó una presunta solicitud de “moches” para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Después de la extinción de Notimex, la ex directora acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo de solicitar fondos ilícitos a cambio de liquidaciones para los empleados de la Agencia.

La periodista también acusó a Jesús Ramírez de promover a Adriana Urrea, lideresa del sindicato de Notimex, mientras revelaba un audio en el que el funcionario supuestamente intentaba perjudicarla durante la huelga de Notimex. Sanjuana adelantó tener más grabaciones y expresó su disposición a hacerlas públicas si es necesario.

En el polémico audio compartido, se escucha a Martínez y Ramírez discutir la negociación con diversas personas, la exclusión de algunas del trato y la posibilidad de persecución por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Destaca que ante la consulta del medio REFORMA, Jesús Ramírez declinó hacer comentarios sobre el tema. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Gobierno, desafiando la narrativa oficial.